Desde el año 2002, y con mayor fuerza desde principios del 2003, han aparecido desafíos con relación a la vigencia del nuevo Código Procesal Penal provenientes de algunos sectores de la opinión pública que sindican a la supuesta benignidad de las normas de dicho código como responsable del crecimiento alarmante de la criminalidad y a la percepción de inseguridad ciudadana
