El crecimiento de un sistema representativo de gobierno en América Central se hizo posible por la crisis política que enfrentó la monarquía española en las primeras décadas del siglo 19. Las antiguas colonias españolas recuperaron su soberanía y se movieron hacia la autonomía hasta la proclamación de la independencia en 1821; al año siguiente, se unieron al imperio de corta duración de México en virtud de Agustín Iturbide. La provincia de Nicaragua envió representantes a las Cortes españolas en 1810, 1813 y 1820. Estos delegados defendieron inevitablemente el interés de la provincia, pero en 1822, con la elección de representantes en el Congreso mexicano, comenzaron a hacer hincapié en sus propios intereses locales. Esta tendencia fue alentar el proceso electoral indirecto de tres etapas establecidas en la Constitución de 1812, lo que fortaleció políticamente grupos en León y Granada. Los elegidos representaron los intereses de estos grupos, y su participación en el congreso de Iturbide profundizó la división político-territorial de la provincia de Nicaragua
