El Registro de la Propiedad español fue creado por la LH 1861. Su función fundamental es la protección al titular registral (mediante el principio de legitimación registral) y la protección a terceros adquirentes que reúnen los requisitos para ser terceros hipotecarios (mediante el principio de fe pública registral). Dicha protección se produce mediante la excepción de las reglas que rigen las adquisiciones derivativas de los derechos reales, desde el Derecho Romano. El Registro de la Propiedad español se rige por los principios hipotecarios enunciados o deducidos de preceptos de la LH (los cuales son ley y no principios generales del Derecho). Presenta características propias diversas de los sistemas de Derecho comparado: francés, alemán y australiano. Es una institución jurídica, un conjunto de oficinas públicas, y la reunión ordenada de los libros integrantes del archivo de cada oficina
