El autor identifica el desafío de la iniciativa tendente a la aprobación de una ley de derecho internacional
privado adaptada a las necesidades y a los intereses de la política legislativa de este país en tres sectores
concretos: la determinación de la competencia judicial de los tribunales dominicanos en los litigios
transfronterizos, la designación de la ley aplicable a dichos litigios y el reconocimiento en la República
Dominicana de resoluciones y sentencias pronunciadas en el extranjero