Coll Carreras, Miguel

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IN MEMORIAM
(palabras pronunciadas por el Presidente 
don Miguel Coll Carreras en recuerdo 
del Académico de número fallecido 
don Francisco Téllez Miguélez)
Cuando en 1.994 falleció don Antonio Hernández Gil, siendo Presidente
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, quien años después
sería designado para ocupar el cargo, don Juan B. Vallet de Goytisolo, 
asumió la tarea de pronunciar el discurso evocador de trabajos, virtudes y
méritos del fallecido y cumplió el encargo en la sesión necrológica celebrada
por la Corporación el 7 de noviembre de dicho año.
En el discurso, al dibujar y enaltecer la figura del extraordinario jurista
desaparecido, recorrió textos correspondientes a las intervenciones que 
había tenido en el seno de la Academia, como consecuencia de los 
parlamentos de contestación que había pronunciado en las conferencias 
leídas por nuevos Académicos. Y también al pronunciar las motivadas por las
ceremonias de aperturas de curso.
En ese recorrido de “textos” de Hernández Gil, resaltó Vallet de Goytisolo
significativos pasajes, exponentes de los amplios conocimientos de la gran 
figura del Derecho español. Entre ellos se encuentran los siguientes:
“El conferenciante confiesa que durante algún tiempo estuvo absorbido
por la fenomenología, la teoría del conocimiento, el positivismo lógico y el 
estructuralismo, creyendo que eso era la vida, la vida intelectual, natural-
mente. Después comprobó que es más firme su admiración por el jurista 
práctico romano que utilizaba el pensamiento para ocuparse de los hombres
y de las cosas. Kant y el Digesto pertenecen a dos mundos distintos. Kant es
la mente a solas que se cuestiona a sí misma. El Digesto es la mente de la
sociedad que afronta los problemas de la convivencia”.
“El saber acerca del Derecho no está alojado exclusivamente en la 
ciencia, por lo que la contraposición entre ésta y la práctica no agota el 
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espectro cognoscitivo; son muy antiguas las aportaciones del Derecho a la
convivencia, aunque no proceden en su integridad de un conocimiento 
científico, sino de esos dos acervos formados por la experiencia y la 
sabiduría. Tanto el jurista práctico romano como los principales autores del
Código Civil francés y del español no eran propiamente científicos, sino 
juristas dotados de sabiduría, experiencia, buen sentido y aptitudes para la
l e g i s l a c i ó n ” .
He considerado oportunas las citas que acabo de hacer cuando nos 
disponemos a honrar, en esta sesión necrológica, la memoria del desapare-
cido Académico Francisco Téllez Miguélez, puesto que como hombre de 
Derecho, que lo vivió intensamente en todos y cada uno de los cargos que 
desempeñó y en la pluralidad de actividades a que se aplicó, es alistable sin
lugar a dudas en el grupo de lo que en palabras de Hernández Gil, refren-
dadas por Vallet de Goytisolo, han de ser los grandes profesionales del 
Derecho, es decir los “juristas dotados de sabiduría, experiencia, buen 
sentido y aptitudes para la legislación”.
Francisco Téllez Miguélez, nació en Miranda de Ebro, provincia de 
Burgos, el 11 de octubre de 1919. Estudió el Bachillerato en Madrid, en la
Institución Libre de Enseñanza, y la carrera de Derecho en la Universidad
Complutense de la capital de España. Entre los estudios de Bachillerato y los
universitarios se interpusieron los mil días de la Guerra Civil, que implica-
ron para él un doloroso aislamiento respecto a su familia, puesto que 
nuestro compañero se encontraba en La Granja de San Ildefonso el 18 de 
julio de 1936, mientras que su familia se hallaba en Madrid. La participa-
ción en un cursillo de verano con asistencia de estudiantes extranjeros 
fué la causa de su estancia en la provincia de Segovia y, por ende, de la 
separación familiar indicada.
Sus estudios en la Facultad los simultaneó con quehaceres en el 
Ministerio de Educación y Ciencia, como Auxiliar de Administración Civil
ocupando plaza ganada por oposición en 1940.
Concluida la Licenciatura participó en oposiciones para ingreso en el 
Ministerio Fiscal, en la Carrera Judicial y en el Cuerpo de Registradores de
la Propiedad. Triunfó, en las tres. En la primera y la segunda en 1945, con
el n° 3, y en la tercera dos años más tarde, en 1947.
Opto en 1945 por la Carrera Fiscal, siendo su primer destino el de la 
Fiscalía de la Audiencia Provincial de La Coruña, pero muy pronto fué 
trasladado a la entonces denominada Fiscalía de la Audiencia Provincial de
Palma de Mallorca.
Entre su llegada a La Coruña y su arribo a Palma de Mallorca acaeció
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un suceso importante en la vida de Francisco Téllez. Su matrimonio con 
Nieves García Penedo, recientemente fallecida también, esposa ejemplar que
sobrevivió por muy pocos meses a su bien amado esposo. Fueron cinco los 
hijos nacidos de dicho matrimonio y uno, el único varón, llamado Francisco
como su padre, falleció meses antes que éste, súbitamente, con gran 
desconsuelo de toda la familia. Un sino trágico ha acompañado en el último
bienio a la familia que crearon Francisco Téllez Miguélez y Nieves García 
P e n e d o .
Permaneció nuestro llorado colega en Palma de Mallorca, desempeñando
el cargo de Abogado Fiscal hasta 1949. En dicho año, aprovechó la 
coyuntura deparada por la creación de varias plazas de Registradores de la
Propiedad en el Instituto Nacional de Colonización previstas para facilitar
la ejecución de la Ley de Concentración Parcelaria recién promulgada, para
solicitar, con éxito, uno de dichos puestos de trabajo. Su nombramiento al 
respecto provocó el cese en las actividades de la Carrera Fiscal, lo que 
implicó su pase a la situación de excedencia.
Fijada su residencia en Madrid a raíz de su ingreso en el Instituto 
Nacional de Colonización, abrió despacho para el ejercicio de la profesión de
Abogado contando con numerosos clientes de Mallorca, fruto de la huella de
simpatía, competencia y profesionalidad que había dejado en la Isla. Los 
recursos de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, los de 
injusticia notoria implantados en materia de arrendamientos urbanos, 
de los que conocía dicha Sala, y los de apelación ante las Salas de lo 
C o n t e n c i o s o-Administrativo del Alto Tribunal, fueron los campos de trabajo
en que se movió Francisco Téllez, con notorio éxito, durante varios años. En
ese tiempo intervino ante el Tribunal de Cuentas del Reino en defensa de la
Diputación provincial de Baleares y fué designado Letrado del Banco de 
Crédito Industrial, llegando a desempeñar la Jefatura de la Asesoría 
Jurídica de dicho establecimiento oficial de crédito.
La intensidad y extensión de los quehaceres asumidos en razón de 
cuanto, sinteticamente, ha quedado expuesto, no fué óbice a alguna salida de
nuestro compañero al ámbito de la literatura jurídica. En concreto, escribió
un texto titulado “Contestaciones de Derecho Administrativo”, que fué 
considerado como un manual sumamente útil del que se valieron durante 
algún tiempo los opositores a ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal.
Llegó el instante en que, centrándose en su título de Registrador de la
Propiedad se incorporó a dicho Cuerpo, pasando a desempeñar, fuera ya del
Instituto Nacional de Colonización, varios Registros: Valdepeñas, Ocaña,
Vich y Gerona. Luego remontó el escalón final: su nombramiento como 
Registrador de Palma de Mallorca, meta que se había propuesto desde que
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en 1947 conoció la Isla y sus gentes, trabando amistades y relaciones que no
abandonaría en toda su vida.
Desde 1976 hasta 1990, en que se jubiló por edad, Francisco Téllez 
Miguelez fué Registrador de la Propiedad de Palma de Mallorca. Viene a mi
memoria el homenaje que se le tributó con motivo de su jubilación. Fue un
acontecimiento social en el que confluyeron gentes diversas que querían y 
admiraban al jurista jubilado, respetado y estimado.
No le acompañó la salud en los últimos veinte años de su laboriosa vida.
Desde 1977 estuvo aquejado por una grave enfermedad que, en definitiva, y
a pesar del coraje con que se enfrentó al mal que le afectaba, y que acabó 
venciéndole, no le restó facultades para acometer con plenitud de inteligen-
cia, cuestiones jurídicas plagadas de dificultades. Su animo no vacilaba 
nunca, cuando, bien por obligación, bien por afición, había de enzarzarse con
ellas. En tales ocasiones, que fueron muchas, se olvidaba totalmente de sus
disminuciones físicas, y de los contratiempos que éstas acarreaban. Con 
el vigor intelectual que caracterizaba su discurso –ciencia reforzada por 
experiencia– ofrecía a sus interlocutores todo un caudal de conocimientos
que desembocaba, estratégicamente tratado, en conclusiones certeras que
iluminaban el ámbito del coloquio.
Cuando ingresó en esta Academia, al ser elegido por los Académicos 
de número que la integran, fué contestado su discurso de ingreso por el 
Académico don Eduardo Martínez-Piñeiro y Caramés, quien, en su 
parlamento, sintetizó la figura de don Francisco Téllez Miguélez con las 
siguientes palabras:
“En resumen, carácter mas duro que la tizona del Cid (suavizado con el
paso de los años por la influencia galaica), codos de acero, amor al Derecho,
más amor –si cabe– a la institución del Registro de la Propiedad, inteligen-
cia privilegiada, y un largo etcétera, que hacen del nuevo Académico un 
personaje irrepetible...”.
Ese mayor amor profesado a la institución Registro de la Propiedad, que
Eduardo Martínez Piñeiro ensalzó, fué puesto de relieve, con generosidad, en
su citado discurso de ingreso, que versó sobre el tema “Seguridad Jurídica y
Registro de la Propiedad”.
El importantísimo principio de la seguridad jurídica, que tantas cosas
explica en la Ciencia del Derecho y en sus técnicas, de difícil comprensión 
a veces por los profanos cuando choca con el principio de la justicia, fué 
estudiado en aquella ocasión por Francisco Téllez en el orden 
j u r í d i c o-político y en el orden jurídico civil.
En lo primero, hizo historia del constitucionalismo español, 
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remontándose a las Cortes de Cádiz y, por tanto, a la Constitución que 
aprobaron el 19 de marzo de 1812 –la famosa “Pepa”– y en el recorrido 
de textos que hizo el conferenciante enfatizó, como no podía menos de 
suceder, que hasta la promulgación de la Constitución vigente no había 
alcanzado rango constitucional el indicado principio de seguridad jurídica,
acontecimiento experimentado por la proyección de su art. 9º, que proclama
lo que constituyen los principios fundamentales del Estado de Derecho, al 
declarar que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la 
jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de 
las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la SEGURIDAD JURÍDICA, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
Pienso que la circunstancia de que haya tenido que llegarse a 1978 y, por
ende, a la entrada en acción de la Constitución vigente, para que haya 
adquirido carta de legalidad el principio de seguridad jurídica, no puede ni
debe ser valorada en el sentido de que “antes”, en ningún momento, hubo 
reconocimiento de dicho principio en las actividades de la Administración y
de la Jurisdicción en España. Importa tener en cuenta que el alumbramiento
del “principio’’ tal y como lo conocemos fué debido a los filósofos del Derecho
cuando, en pleno siglo XX, al preocuparse por el principio de la justicia, 
engendraron como limitación de éste el de seguridad jurídica. Magistral-
mente, Gustav Radbruch, en su Filosofía del Derecho, publicada en España
en 1933, después de aludir a las diferentes concepciones del Derecho y del
Estado, en función de las diversas ideologías políticas, nos enseñó que “El 
Derecho, como ordenación de la vida común, no puede ser abandonado a las
diversidades de opinión de los individuos, pues por encima de todos tiene
que ser una ordenación, un “Orden”, puntualizando que la necesidad de ese
Orden es lo que justifica cuanto se cobija en el mundo jurídico, bajo el 
principio de la seguridad jurídica.
Evidentemente, dichas teorías, relativamente modernas, estaban lejos de
quienes participaron en la gestación de los textos constitucionales del siglo
XIX. De aquí, pues, que el principio de la seguridad jurídica luciera en ellas
expresamente, y de aquí también que cuando en 1978 fue elaborada la 
Constitución vigente, el influjo de las construcciones doctrinales afloradas
en la presente centuria se mostrara con la precisión conceptual deparada por
el invocado art. 9º que tomó Francisco Téllez como base de arranque de su
discurso para abordar los problemas atinentes a dicha seguridad jurídica
desde el punto de vista del Derecho Constitucional.
En el orden jurídico civil, abrazó el Académico desaparecido la doctrina
expresiva de que los principios de publicidad y publicación, vigencia de las
normas hasta su derogación, obligatoriedad y eficacia de las promulgadas a
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salvo de ignorancias, exclusiones voluntarias y renuncias de derechos en 
perjuicio de terceros o del interés o el orden público e irretroactividad, 
principios todos estos que lucen en el Título Preliminar del Código Civil y,
han de tomarse en cuenta como secuelas del principio de seguridad jurídica,
puesto que, aun callando el Código sobre este principio, viene a aceptarlo
mediante el reconocimiento de los que ahora hemos alistado, toda vez que 
todos ellos son pura consecuencia del de seguridad jurídica, idea 
fundamental que confiere vitalidad a los mismos.
Francisco Tellez se apoyó en las consideraciones instrumentadas en 
los dos órdenes de cosas apuntados para desembocar en lo que había de 
constituir el núcleo de su disertación: el tratamiento de la seguridad 
jurídica en el Derecho Inmobiliario español vinculado a la institución del 
Registro de la Propiedad, con la que estuvo tan cariñosamente compenetrado
el orador a lo largo de su dilatada vida profesional.
Jugando así en campo propio, como diríamos con aprovechamiento de 
una locución deportiva generalizada en nuestra sociedad, se centró en los
llamados principios hipotecarios, por entender que todos y cada uno de ellos
entrañan manifestaciones solidas del de seguridad jurídica.
Desfilaron así ante quienes tuvimos el placer de estar presentes en su 
disertación, el principio de inscripción, el de legitimación registral, el de 
inoponibilidad, el de fe pública registral, el de propiedad, el de usucapión 
secundum tabulas, el de rogación, el de voluntariedad de la inscripción, el del
negocio causal, el de tracto sucesivo, el de legalidad y el de especialidad o 
determinación. Para el conferenciante, que los analizó, resaltando con 
brillantez las correspondientes características, unos más que otros, pero en
definitiva todos ellos han de tomarse en cuenta como reflejos o consecuencias
en el marco del Registro de la Propiedad del invocado principio fundamental
de la seguridad jurídica.
No concluyó Francisco Tellez su parlamento con lo hasta aquí expuesto.
Ahondó en una temática tan atrayente como es la que tiene que ver con las
consecuencias deparadas por la aplicación de los principios susodichos, con
desenvolvimiento del sistema registral inmobiliario español. Se detuvo en
las funciones que incumben a los Notarios y a los Registradores de la 
Propiedad, ensalzando las excelencias del Notariado latino respecto al 
anglosajón, puso de relieve las bondades de la institución registral en 
España y, como colofón, trazó un inventario de los efectos directos e 
indirectos que, en punto a seguridad jurídica, lleva consigo la organización
española en el expuesto orden de cosas.
Para finalizar, tras parangonar lo sucedido en el siglo XIX con la 
promulgación de las leyes desamortizadoras y desvinculadoras, que 
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permitieron que “entraran” en el comercio de los hombres, como suele 
decirse en el Foro, cuatro quintas partes de la propiedad inmobiliaria 
española, con los fenómenos del siglo XX provocados por la legislación sobre
el suelo y ordenación urbana y la propiedad horizontal, a título de ejemplo,
llego a la conclusión de que habla que proclamar sin reservas la satisfacción
deparada por el vencimiento del reprobable estado de cosas denunciado 
en el preámbulo del Real Decreto de 8 de agosto de 1855, en relación con las 
normas vigentes a la sazón, con las siguientes palabras:
“Ni garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen laudable 
influencia en la prosperidad pública, ni asientan en sólidas bases el 
territorio, ni dan actividad a la circulación de la riqueza, ni moderan el 
interés del dinero, ni facilitan su adquisición a los dueños de la propiedad 
inmueble, ni dan la debida seguridad a los que con aquella garantía prestan
sus capitales”.
La jornada de su ingreso en la Academia fué un día memorable 
para Francisco Téllez. Los aplausos que se le tributaron fueron signo del 
reconocimiento generalizado a la persona y al profesional del Derecho, 
sirviendo de rúbrica a una conducta que he tratado de exponer en la 
presente ocasión.
He comenzado parafraseando a Juan Vallet de Goytisolo en su discurso
necrológico por la desaparición de Antonio Hernández Gil y voy a concluir 
haciendo algo por el estilo en relación con una señera figura de nuestro 
Derecho Privado, don Ramón Maria Roca Sastre, glosada por un Registrador
de la Propiedad fallecido hace bastante tiempo, Francisco Cervera Jiménez
A l f a r o .
Dice Cervera que “si Roca Sastre es el gran teórico y publicista, no es 
jamás el iluso teorizante de espaldas a las exigencias vivas de la realidad 
jurídica. En su caso se aunan, por fortuna, ciencia y experiencia”.
“En su triple formación y posición –Registrador, Juez, Notario, y esto 
último por partida doble– Roca ha abarcado y asimilado todos los cauces del
Derecho privado”.
“Pero, sobre todo, para nosotros, los Registradores, ha sido siempre 
maestro y compañero, excedente o en servicio activo, nunca ha dejado de 
serlo, si no efectiva, si afectivamente, Registrador de la Propiedad”.
Paco Téllez no fué Notario, pero sí Fiscal, además de Juez. La trilogía 
de oposiciones también fué nota distintiva de nuestro llorado Académico
quien, al igual que lo ensalzado por Francisco Cervera, centró su actividad
profesional en los quehaceres de Registrador de la Propiedad.
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Y, como ya advirtió Eduardo Martínez Piñeiro, en su mencionado 
discurso de contestación al de ingreso de Paco en nuestra Academia, el amor
de Paco al Derecho se convertía en “mas amor a la institución del Registro
de la Propiedad”.
He aquí, pues, la utilidad de la evocación que acabo de hacer.
Francisco Téllez, Paco Téllez como le llamábamos cariñosamente, ha 
dejado una estela imborrable. Le concedieron condecoraciones varias como
premios a los que se había hecho acreedor por sus merecimientos: San 
Raimundo de Peñafort y Mérito Agrícola, pero entiendo que prima 
indudablemente sobre cuanto son y significan dichas concesiones, la estima
auténtica, el profundo afecto que los hombres de Derecho en estas Islas le
profesaron en vida, trasladándose después al recuerdo que ha quedado tras
su fallecimiento.
A sus hijas y nietos solamente, ya que el misterio de la vida y la muerte
impide que me dirija a su querida esposa en el día de hoy, expreso la 
consideración, el afecto, el recuerdo de los compañeros de esta Academia, en
la seguridad de que su paso por ella ha constituído un hito imborrable.
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In memoriam

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