Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares

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XIII.5- ACTA DE LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN ACADÉMICA DE DERECHO PRIVADO 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2014. 
A las diez y siete horas y treinta minutos del día indicado se reúnen, en
la sede de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears,
los Académicos Dª María Pilar Ferrer Vanrell, don Eduardo Martínez-Piñeiro
Caramés, don Bernardo Cardona Escandell, don Jaime Ferrer Pons, don Tomás
Mir de la Fuente, don Pedro A. Aguiló Monjo, don Antonio Monserrat 
Quintana, don Carlos Jiménez Gallego y don Miquel Masot Miquel. Han 
excusado su inasistencia los Académicos don José Cerdá Gimeno, don Josep
Maria Quintana Petrus y don Miguel Coca Payeras.
Abierto el acto por el Presidente de la Academia manifiesta que sus 
primeras palabras han de ser para agradecer a la Académica Dª María Pilar
Ferrer Vanrell la magnífica ponencia realizada, demostrativa de sus amplios
conocimientos sobre la materia, afirmación que es secundada unánimemente
por todos los reunidos. A continuación hace constar que se han presentado
tres comunicaciones por parte de los Académicos Señores Cerdá Gimeno, 
Ferrer Pons y Masot Miquel, las cuales se unirán a la presente acta. 
Asimismo pone de manifiesto que el Académico Señor Quintana Petrus le ha
comunicado que el hecho de no asistir a la reunión convocada para el día de
hoy es consecuencia de un accidente acaecido días pasados, del que se 
encuentra en recuperación, pero que se ratifica en las consideraciones 
hechas en anterior artículo publicado en la Revista Missèr, en el que se 
concluye en la conveniencia de abrir a los menorquines la posibilidad de 
otorgamiento de los contratos sucesorios, tanto los de adquisición como los
de renuncia, al no tratarse de una imposición sino de una posibilidad a la que
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se acogerán quienes quieran hacerlo, considerando en definitiva que la 
normativa que los rige en Mallorca debería extenderse también a Menorca.
Señala a continuación el Presidente que la primera de las cuestiones a
tratar sería la de la determinación del tipo del negocio jurídico de que se 
trata, pues a la consideración del mismo, por parte de la ponencia, como 
negocio jurídico unilateral –con un presupuesto previo, cual es la atribución
patrimonial–, se opone la conceptuación de la definición como pacto 
sucesorio que se manifiesta en las comunicaciones presentadas. Todos los
reunidos están de acuerdo en que, históricamente, la definición nace como 
negocio jurídico unilateral, y los testimonios aportados en este sentido en 
la ponencia resultan indiscutibles. Incluso en la Compilación de 1961, en 
el desgraciado artículo 50, que dedicaba tan solo tres líneas a la institución,
no deja de conceptuarse la misma como renuncia, si bien en contemplación
de una donación o ventaja. Sin embargo se dice, por la mayoría de los 
Académicos, que la tradición jurídica de las Islas es –ex art. 1 CDCIB– un
valioso elemento de interpretación e integración de las normas compiladas,
pero no un instrumento de superación de las mismas; y, en este sentido, es
obvia la configuración de la definición como pacto sucesorio tanto en el 
artículo 50 –relativo a Mallorca– como en el artículo 77 –relativo al finiquito
de legítima de Eivissa y Formentera– ubicado dentro del capítulo IV del 
libro III, dedicado a los pactos sucesorios.
Tal conceptuación legal viene, además, según algunos Académicos, 
avalada por el hecho innegable de que en la definición existe un acuerdo de
voluntades, la del ascendiente que realiza la atribución a cambio de la 
renuncia, y la del descendiente que renuncia, las cuales convergen en una
misma finalidad y objeto, con lo que, al existir acuerdo de voluntades, hay
pacto de contenido sucesorio. Por los Académicos que desempeñan, o han 
desempeñado, la función notarial, se hace constar que, con anterioridad, era
frecuente que la atribución patrimonial y la renuncia vinieran documentadas
en instrumentos diversos, de tal modo que las definiciones aparecían como
negocios jurídicos unilaterales, a las que –indica uno de los antedichos 
Académicos– les daba el nombre de definiciones confesadas. Sin embargo 
en la actualidad está absolutamente generalizada la intervención en las 
definiciones del descendiente que renuncia y del ascendiente que hace o ha
hecho la atribución patrimonial, precisamente para que, de esta manera, sea
clara su consideración como título sucesorio, por las ventajas fiscales que ello
comporta. Ya que es de la mayor evidencia que, de realizarse de manera 
separada la donación de bienes que constituye el presupuesto y la renuncia,
sería imposible la conceptuación de la primera como pacto sucesorio, sin que
pudiera aprovecharse de las ventajas fiscales derivadas de la ley autonómica
22/2006 de 19 de Diciembre. Reitera un Académico con ejercicio notarial en
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Palma que, desde hace años, las definiciones se hacen con intervención de
descendiente y ascendiente.
Por parte de un Académico se plantea la cuestión de la posible existencia
de una definición otorgada por el descendiente en consideración a lo que ha
recibido del ascendiente, pero sin consentimiento ni conocimiento de éste.
Convienen todos los reunidos en que se estaría ante un supuesto excepcional
o de laboratorio que es casi imposible que se dé en la práctica. De entrada
concurren en este caso los elementos necesarios de la definición –la 
atribución patrimonial y la renuncia– aunque falte el acuerdo de voluntades
esencial en todo pacto sucesorio. Es cierto que la declaración unilateral de
voluntad que no es aceptada ni conocida por el posible destinatario de la 
misma puede ser revocada, pero el artículo 50 CDCIB sanciona su 
irrevocabilidad, por lo que podría darse este supuesto, ciertamente 
excepcional o de laboratorio, de que una definición no conocida por el 
ascendiente beneficiario de la misma tuviera validez jurídica.
Suscita un amplísimo debate la cuestión de la onerosidad de la definición.
Algunos de los Académicos manifiestan su absoluta conformidad con las 
palabras contenidas en la sentencia 1/1992 de 28 de Mayo de la Sala Civil y
Penal de nuestro TSJ que configura la definición como un contrato oneroso,
indicando que los dos elementos personales de la definición intervienen 
para obtener posibles ventajas, con descripción de las mismas; y señalando
que la onerosidad constituye el modelo establecido por el artículo 50 CDCIB,
al establecer que la renuncia se realiza “en contemplación de alguna 
donación, atribución o compensación” que de los ascendientes se reciba o se
hubiera recibido.
Se suscita, en este punto, un interesante debate sobre la cuestión 
relativa a la procedencia de los bienes que son objeto de la atribución 
patrimonial. Mientras algunos de los Académicos consideran que tales 
bienes han de proceder necesariamente del ascendiente en cuya herencia se
realiza la renuncia, otros Académicos sostienen, por el contrario, que es 
indiferente que se reciban bienes del padre o de la madre cuando la 
renuncia se efectúa con relación a la herencia de ambos, ya que de esta 
manera se evita la división de fincas para tener que pagar legítimas, 
pudiéndose compensar lo que se recibe de menos en la herencia de uno de 
los padres con lo que se reciba de más en la del otro. Se manifiesta, en este
punto, que ello viene avalado por la antes indicada sentencia 1/1992 de 28
de Mayo, siendo de destacar que la 3/2001 de 20 de Diciembre, también de
la Sala Civil y Penal de nuestro TSJ, indica que en un solo instrumentos 
público se puede otorgar definición respecto de la herencia paterna y 
m a t e r n a .
El hecho de que la amplia mayoría de Académicos esté de acuerdo en la
onerosidad de la definición no excluye la posible discrepancia sobre algunas
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de las consecuencias derivadas de la misma. Así, hay acuerdo sobre la 
consideración de que las donaciones constitutivas de la atribución 
patrimonial no pueden considerarse donaciones puras y simples, en las que
resplandezca el animus donandi, por lo que queda excluida su posibilidad 
revocatoria por las causas previstas en el Código civil. Pero, por el contrario,
es mucho más discutida la posibilidad de reversión de las mismas en el 
supuesto del artículo 812 Cc., inclinándose la mayoría por creer que la 
onerosidad no es suficiente para excluir la reversión establecida por el 
mencionado precepto. Particularmente se pone especial énfasis en que este
precepto entra en juego por el fallecimiento del descendiente donatario sin
posteridad, con lo que se produce la circunstancia de que la definición 
realmente quedó sin objeto, dada la premoriencia del descendiente, que no
llega así a ser legitimario, y, por otra parte, se tiene especialmente en 
cuenta el hecho de haber fallecido el descendiente sin posteridad, por lo 
que tiene lógica que vuelvan al ascendiente los bienes por el donados al 
descendiente como contraprestación por una renuncia que nunca llegó a 
desplegar eficacia jurídica.
El tema de la premoriencia del definido da mucho juego, dado que se
plantea también la cuestión de las consecuencias jurídicas que se derivan 
de la misma. De entrada se considera que la premoriencia del definido 
respecto del ascendiente no puede afectar a las donaciones realizadas como
atribución patrimonial determinante de la renuncia, aunque la definición 
no haya cumplido el objetivo por el cual se realizó. Por otra parte está la
cuestión de si los descendientes del definido podrán o no acreditar legítima
en la herencia del ascendiente beneficiario de la renuncia. De entrada se 
inclinan la mayoría de Académicos por la contestación negativa y ello por
dos razones: porque es un principio tradicional en nuestro Derecho el de que
quien renuncia a la legítima lo hace para sí y para sus descendientes; y 
porque la atribución de legítima a los descendientes del definido podría 
dar lugar a situaciones injustas en perjuicio de otros legitimarios del 
ascendiente, cual sería el supuesto de que el ascendiente hubiera hecho una
atribución patrimonial muy importante al definido, en contraprestación a 
la renuncia, con lo que no sería de recibo que los descendientes del definido
pudiesen reclamar legítima del ascendiente, además de la posibilidad de 
percibir, por vía hereditaria, lo que fue objeto de la atribución patrimonial
al definido. Sin embargo, al lado de esta corriente doctrinal, se manifiesta 
asimismo la opinión de que, en caso de premoriencia, los hijos del premuerto
son los legitimarios, porque su padre no pudo serlo y por tanto no pudo 
definir unos derechos que no tenía; por esto a los hijos del premuerto se 
les tiene que tratar de igual manera que a los hijos del indigno o del 
desheredado (arts. 761 y 857 Cc). De acuerdo con ello, los descendientes del
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definido premuerto siempre podrán reclamar del ascendiente el suplemento
de legítima, en el caso de que la donación recibida como contraprestación a
la renuncia no cubra la misma.
Unánimemente se considera que las donaciones realizadas al definido 
como atribución patrimonial son computables y deben ser objeto de reducción
en caso de inoficiosidad. Ello es de la mayor evidencia pues, de no ser así, se
podría emplear la definición para burlar los derechos legitimarios de los otros
descendientes haciendo al definido donaciones de bienes que supongan la 
casi totalidad del patrimonio del ascendiente.
Por algunos de los Académicos se pone sobre la mesa el tema de la 
opacidad de la definición, ante la inexistencia de un Registro público en 
el que se relacione su otorgamiento y personas implicadas en ellos. Particu-
larmente se refiere el caso de un litigio en que los legitimarios del 
ascendiente fallecido reclamaban su legítima al heredero, dándose la 
circunstancia de que uno de aquéllos ocultó el hecho de haber otorgado 
definición. Sin embargo, por uno de los Académicos que ejerce la función 
notarial se tranquiliza a los reunidos diciendo que, desde hace ya bastantes
años, todos los Notarios con ejercicio en nuestra Comunidad Autónoma 
tienen obligación de remitir al Registro de Actos de Ultima Voluntad el 
parte correspondiente a las definiciones otorgadas, por lo que se toma en
aquél debida nota del ascendiente beneficiario de la definición y del 
descendiente definido. 
Se trata después el tema del alcance revocatorio de la definición 
respecto de los testamentos anteriormente otorgados por el ascendiente. Por
alguno de los Académicos se expone su desacuerdo con la solución del 
artículo 51 CDCIB, al establecer que, en la definición no limitada, queda 
sin efecto toda disposición de carácter patrimonial contenida en testamento
de fecha anterior a la definición, salvo la única excepción contemplada por
el precepto. Por la mayoría de los Académicos se considera que el precepto
es congruente con la conceptuación de la definición como pacto sucesorio, ya
que, si hay acuerdo de voluntades sobre el hecho de que el definido no 
tendrá derecho alguno en la sucesión del ascendiente, es lógico que ello 
prevalezca sobre los actos de última voluntad otorgados anteriormente. 
Además no deja de resultar peligroso confiar en que el ascendiente ya 
cuidará de otorgar nuevo testamento en el que revoque los anteriores y 
ordene de nuevo su sucesión, porque la realidad es que, en la práctica, no 
todas las personas muestran en este punto –indudablemente por falta de 
conocimientos jurídicos, pero también por el propio carácter despreocupado–
la diligencia que sería exigible. Por parte de uno de los Académicos que 
ejerce la función de Notario se manifiesta que las definiciones no limitadas
son de otorgamiento escasísimo, hasta el punto de que no recuerda haber
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autorizado ninguna en los bastantes años en que ha estado sirviendo una
Notaría de Palma. Indica asimismo que, en aras a la siempre mayor 
seguridad jurídica, en caso de autorizar una definición no limitada 
preguntaría al ascendiente si ha otorgado testamento anterior a favor del
definido, y, de ser así, aconsejaría el otorgamiento de un nuevo testamento
en el que se dispusiere su revocación, además de ordenarse en el mismo su
sucesión. 
Se entra después en el tema de la fiscalidad de la definición, y, en 
especial, en la muy interesante propuesta contenida en la comunicación del
Académico Señor Ferrer Pons, centrada en la sentencia del TSJ de Galicia
de 24 de Septiembre de 2012, que establece la posibilidad de que la 
“apartación” gallega se acoja a la excepción establecida por el art. 33.3.b) de
la Ley 35/2006 de 28 de Noviembre del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, según el cual no existe ganancia o pérdida patrimonial en
el caso de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente.
La cuestión suscita un vivo debate, en el que se comienza reseñando la 
inexistencia de resoluciones judiciales en nuestro ámbito de las que se 
pueda deducir un tratamiento similar respecto de la definición. Y no falta
quien señale que la materia tributaria es de competencia estatal, limitándose
las facultades legislativas de nuestra Comunidad Autónoma –en lo que a 
esta Comisión interesa– al Derecho civil propio. Por parte de uno de los 
Académicos se ponen a disposición de los reunidos resoluciones de consultas
vinculantes y del Tribunal Económico Administrativo de nuestra 
Comunidad Autónoma de las que no se puede derivar una posición similar a
la de la sentencia del TSJ de Galicia antes reseñada. En lo que sí están de
acuerdo todos los reunidos en que, en el ámbito de la donación universal 
de bienes presentes y futuros, sí estarían exentos de su tributación por 
pérdida o ganancia patrimonial los bienes futuros , es decir los que no 
adquiere el donatario universal hasta que tiene lugar el fallecimiento del 
d o n a n t e .
En el tema de protocolos familiares se está totalmente de acuerdo con las
afirmaciones de la ponencia y se considera que ésta es la ocasión propicia 
para poner de relieve, una vez más, y como ya se hizo en la anterior 
comunicación sobre los contratos sucesorios, la conveniencia de modificar
nuestro margo legal, al objeto de que también entren dentro de la sucesión
contractual los contratos sucesorios de ordenación de legado, con los cuales
se facilitaría la disposición para después de la muerte, de manera 
irrevocable, de las acciones y participaciones sociales constitutivas de la 
titularidad de las empresas, ya que el único molde de la donación universal
obliga a una institución de heredero que no siempre entra dentro de las 
intenciones del disponente.
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Finalmente se aborda el tema del finiquito de legítima de Eivissa 
y Formentera. Por el Académico Señor Cardona se manifiesta que la 
institución tiene un indudable arraigo histórico, ya que la institución tenía
una evidente justicia, a fin de excluir reclamaciones legitimarias de los 
hijos a los que se había costeado estudios y carreras, mientras que otro hijo,
generalmente el mayor, había quedado al cuidado de la tierra, por lo que no
era justo el reparto de la misma entre todos. Considera que, dada la mayor
extensión de la regulación que en el Libro I se dedica a la definición, en 
la que se tocan temas que el artículo 77 CDCIB no contempla –cuales son 
los relativos a la vecindad civil y su relación con los testamentos del 
ascendiente y con la sucesión intestada, entre otros– le parece de entera 
lógica el párrafo 3º del mencionado precepto, al establecer que en lo no 
convenido entre las partes será de aplicación la regulación de la definición
mallorquina en cuanto fuere compatible con la función y significado usuales
en Eivissa y Formentera.
No es éste el parecer del Académico Señor Cerdá que, en su bien 
estructurada comunicación hace un acertado resumen de su conceptuación 
sobre el finiquito de legítima y considera necesario que los artículos 50 y 51
del Libro I no se conviertan en el único Derecho supletorio en este punto. P o r
algunos Académicos se recuerda que en el informe de esta Comisión sobre 
el sistema legitimario de las Illes Balears se hicieron ya algunas 
consideraciones sobre esta cuestión, diciéndose que en Eivissa y Formentera
la regulación de la definición mallorquina sólo entraría en juego a falta de
norma convencional, legal o consuetudinaria –obviamente costumbre local
pitiusa– que regulara la cuestión; por lo que, ante la inexistencia de 
acuerdo de las partes, ley o costumbre, el Juez debería fallar el posible 
litigio sobre la única base de la equidad, lo cual es una solución enteramente
rechazable en un Estado de Derecho. Por ello, la llamada a la doctrina de los
artículos 50 y 51, dados los condicionamientos –lógicos por otra parte– que
el artículo 77 exige para su aplicación, no es sino un posible auxilio al 
órgano jurisdiccional para que pueda dar a sus resoluciones un fundamento
jurídico que no sea la mera equidad.
Al finalizar la sesión académica, a las veinte horas, el Presidente de la
Academia agradece a todos los Académicos su asistencia a la reunión y su 
activa participación en los debates; y en especial a la ponente Señora Ferrer
Vanrell el gran trabajo realizado. Y sin más asuntos que tratar se levanta la
sesión. 
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Acta de la sesión de la Comisión Académica de Derecho Privado celebrada el dia 28 de abril de 2014

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