Aguiló Monjo, Pedro Antonio

Biblioteca Digital de les Illes Balears

XII.3- LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
COMO HEREDEROS ABINTESTATO: 
PRIMERA APROXIMACION. 
Pedro Antonio Aguiló Monjo
Las Comunidades Autónomas con instituciones propias de derecho civil
han procedido a la sustitución de lo prevenido en el artículo 956 del Código
Civil por una norma en la que se dispone que, en las sucesiones abintestato,
y a falta de las personas que tengan derecho a heredar de acuerdo con el 
Código Civil, heredará la respectiva Comunidad Autónoma (en lugar del 
Estado). En tal sentido se pronuncian, por ejemplo, los artículos 442.12 y
442.13 de la Ley 10/2008, de 10 de julio, por la que se aprueba el Código 
Civil de C a t a l u ñ a, Libro Cuarto – Sucesiones; el artículo 73 de la Ley 3/1992,
de 1 de julio, de Derecho Civil Foral del País Vasco; los arts. 536 y 537 del
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, que aprueba el Código del 
Derecho Foral de A r a g ó n; los artículo 267 a 269, que integran el capítulo VI
del Título X de la Ley 2/2006, de 14 de junio, del Derecho Civil de G a l i c i a; 
y el número 7 de la Ley 304 de la Compilación de Derecho Civil Foral o 
Fuero Nuevo de N a v a r r a, aprobada por la Ley 1/1973, de 1 de marzo y 
modificada por la Ley Foral 5/1987, de 1 de abril.
Veamos, en lo esencial, su respectivo contenido:
A.- Cataluña.
Art. 442.12.- Sucesión a falta de parientes 
dentro del cuarto grado.
“Si faltan personas indicadas por el presente capítulo, sucede la Generalidad
de Cataluña. 
— 4 1 9 —
En el caso a que se refiere el apartado 1, la herencia es aceptada a 
beneficio de inventario previa declaración judicial del heredero”. 
Art. 442.13.- Destino de los bienes.
“La Generalidad de Cataluña debe destinar los bienes heredados o su
producto o valor a establecimientos de asistencia social o a instituciones de
cultura, preferentemente del municipio de la última residencia habitual del
causante en Cataluña. Si no los hay en dicho municipio, deben destinarse a
los establecimiento o instituciones de la comarca o, si tampoco los hay en la
comarca, a los de carácter general a cargo de la Generalidad.
Si en el caudal relicto existen fincas urbanas, la Generalidad de Cataluña
debe destinarlas preferentemente al cumplimiento de políticas de vivienda
social, ya sea directamente o reinvertiendo el producto obtenido al 
enajenarlas, según sus características”.
B.- País Va s c o .
Art. 73.
“En la sucesión abintestato, a falta de colaterales, será llamada la 
Diputación foral del Territorio Histórico correspondiente a la vecindad del
c a u s a n t e ” .
C.- Aragón.
Art. 535.- Sucesión a favor de la Comunidad Autónoma.
“En defecto de las personas legalmente llamadas a la sucesión conforme
a las reglas anteriores, sucede la Comunidad Autónoma.
Previa declaración judicial de herederos, la Diputación General de 
Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a 
establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia los 
radicados en el municipio aragonés en donde el causante hubiera tenido su
último domicilio”.
Art. 536.- Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia.
“En los supuestos del artículo anterior, el Hospital de Nuestra Señora de
Gracia será llamado, con preferencia, a la sucesión legal de los enfermos que
fallezcan en él o en establecimientos dependientes.
— 4 2 0 —
Previa declaración judicial de herederos, la Diputación General de 
Aragón destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la
mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia del Hospital”.
D.- Galicia.
Art. 267.
“Si no existieran personas que tengan derecho a heredar de acuerdo con
lo establecido en la presente Ley y lo dispuesto en las secciones 1ª, 2ª y 
3ª del capítulo IV del título III del Código Civil, heredará la Comunidad 
Autónoma de Galicia”.
Art. 268.
“En los casos en que correspondiera heredar a la Comunidad Autónoma
de Galicia la herencia se entenderá aceptada siempre a beneficio de 
i n v e n t a r i o ” .
Art. 269.
“Los bienes heredados por la Comunidad Autónoma de Galicia serán 
destinados a establecimientos de asistencia social o instituciones culturales
que se ubiquen, preferentemente y por este orden, en el lugar de la última
residencia del causante, en su término municipal, en su comarca y en todo
caso en territorio de la Comunidad Autónoma gallega”.
E.- Navarra.
Ley 304, nº 7.
“En defecto de los parientes comprendidos en los números anteriores, 
sucederá la Comunidad Floral de Navarra, que aplicará la herencia a 
instituciones de beneficencia, instrucción acción social o profesionales, por 
mitad entre instituciones de la Comunidad y municipales de Navarra”.
Ley 307, último párrafo.
“En defecto de estos parientes la sucesión se deferirá conforme a la Ley
3 0 4 .
— 4 2 1 —
I I
En cambio, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la Ley
8/1990, de 28 de junio, sobre la Compilación del Derecho Civil de las Islas 
Baleares y el posterior Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
79/1990, de 6 de septiembre, en cuanto se refiere a la sucesión abintestato,
ha mantenido la remisión al Código Civil que ya se contenía en la Ley 5/1961,
de 19 de abril. En concreto, el artículo 53 de la vigente Compilación del 
Derecho Civil de las Islas Baleares, para las islas de Mallorca y Menorca, 
establece que:
“La sucesión abintestato se regirá por lo dispuesto en el Código 
Civil, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que se reconocen al 
cónyuge viudo en el artículo 45 y de lo previsto en el artículo 51, 
ambos de esta Compilación”.
La remisión al Código Civil comporta la aplicación del artículo 956 del
mismo según el cual “A falta de personas que tengan derecho a heredar 
conforme a lo dispuesto en las precedentes Secciones, heredará el Estado…”.
Dicho artículo comprende, a continuación, una distribución de la herencia
por terceras partes, conforme es sobradamente sabido, cuyo desarrollo 
reglamentario aparecía regulado en el Decreto 2091/1971, de 13 de agosto,
finalmente derogado por el R.D. 1373/2009, de 28 de agosto, que aprobó el
Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas. Dicha norma reglamentaria dedica a la
sucesión legítima de la Administración General del Estado el capítulo I, del
Título I que, en cinco secciones, comprende los artículos 4 a 15 para 
desarrollar el artículo 20.6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, estable-
ciendo, en el artículo 14, las normas para la distribución del caudal 
hereditario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 956 del Código Civil. En
concreto sustituye a las Juntas Distribuidoras de Herencias del Estado, 
atribuyendo sus funciones de distribución de los tercios correspondientes a
las Delegaciones de Economía y Hacienda, previo informe de la Abogacía del
E s t a d o .
Asimismo, para las islas de Eivissa y Formentera, el artículo 84 incluido
en el capítulo VII, del Título II, del Libro III, del referido Decreto-Legislativo
7/1990, de 6 de septiembre, bajo el título “De la sucesión intestada”, señala
q u e :
“La sucesión intestada en Eivissa y Formentera se rige por las 
normas del Código Civil.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el cónyuge viudo 
adquirirá libre de fianza, en la sucesión del consorte viudo, el usufructo
de la mitad de la herencia en concurrencia con descendientes y de dos
terceras partes de la herencia en concurrencia con ascendientes”.
— 4 2 2 —
I I I
En el momento actual, entendemos necesaria y urgente la modificación
de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears en la misma línea que
siguieron en su día el resto de las Comunidades Autónomas con legislación
civil propia.
Probablemente, la reforma de la Compilación llevada a cabo, tras una
larga tramitación, en 1990 atendió fundamentalmente, a la adaptación de la
Compilación de 1961 a la Constitución, siendo en aquel momento aún 
discutible el alcance del título competencial autonómico consistente, en 
consonancia con el art. 148.1.8º CE, en la “Conservación, modificación y 
desarrollo del derecho civil de la Comunidad Autónoma”. También pudieron
existir dudas acerca del alcance de la competencia exclusiva del Estado 
relativa a “Las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas…”, desde la perspectiva patrimonial. 
La primera cuestión, dio lugar, en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional (por ejemplo sentencias 121/1992, 88/1993 y 156/1993, entre
otras) a la teoría de las instituciones conexas y ha desembocado en la STC
nº 31/2010, de 28 de junio, relativa al Estatuto de Autonomía de Cataluña,
de 2006, que sintetiza su doctrina anterior, a mi juicio sin variaciones 
relevantes, en los siguientes términos: 
a) En cuanto al concepto constitucional de “…desarrollo del propio 
derecho civil…” permite, desde luego, “…una ordenación legislativa de
ámbitos hasta entonces no normados por aquel Derecho, pues lo 
contrario llevaría a la inadmisible identificación de tal concepto con
el más restringido de «modificación»… “Y aún añade que cabe, pues,
que “…regulen instituciones conexas con las ya reguladas en la 
Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos
de ésta según los principios informadores peculiares del Derecho 
foral…”, pero ello “…no significa, claro está… una competencia 
legislativa civil ilimitada «ratione materiae» dejada a la disponibilidad
de las Comunidades Autónomas, que pugnaría con lo dispuesto en el
art. 149.1.8ª CE…”
b) La “competencia exclusiva en derecho civil” a que se refiere el art. 129
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de 2006, “… ha de entenderse
ceñida estrictamente a esas funciones de “conservación, modificación
y desarrollo” del derecho civil catalán que son la medida y el límite
primero de las competencias…atribuibles y ejercitables por las 
Comunidades Autónomas en virtud del art. 149.1.8ª CE…”
c) La reserva al Estado por el mismo art. 149.1.8ª CE de determinadas
regulaciones “en todo caso” no tiene otro sentido que el de “…delimitar
— 4 2 3 —
un ámbito dentro del cual nunca podrá estimarse subsistente ni 
susceptible, por tanto, de conservación, modificación o desarrollo, 
Derecho civil especial o foral alguno…”, sin perjuicio de lo que se 
dispone en orden a la determinación de las fuentes del Derecho…”
d) La determinación del propio sistema de fuentes del derecho civil 
especial o foral forma parte de la competencia exclusiva autonómica
“…que el legislador estatal debe respetar al ejercer su competencia 
exclusiva para la determinación de las fuentes del Derecho en su 
integridad y para el conjunto del Estado, esto es, articulando en un
sistema general los diferentes sistemas normativos vigentes en el 
ámbito civil por razón de la especialidad o foralidad, «allí donde 
e x i s t a n » … ” .
La segunda debe entenderse resuelta, desde la entrada en vigor de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
que regula en su artículo 20 las “Normas especiales para las adquisiciones
hereditarias”, de cuyo contenido sólo tienen el carácter de legislación básica,
según la disposición final segunda, los apartados 2 y 3 que nada tienen que
ver con la cuestión que nos ocupa. No son básicos, en cambio, ni el apartado 1
(“La aceptación de las herencias, ya hayan sido deferidas testamentariamente
o en virtud de ley, se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario”) 
ni en el apartado 6 (“La sucesión legítima de la Administración General del
Estado se regirá por el Código Civil y disposiciones reglamentarias”). 
La conclusión indiscutible que cabe alcanzar es la de que no existe 
obstáculo alguno, desde la perspectiva competencial, para abordar la 
modificación del artículo 53 de la Compilación de Derecho Civil de las Illes
Balears en el sentido que ya hemos anticipado.
I V
Resta analizar el contenido concreto de la modificación que se propone.
A este respecto hay que distinguir la norma con rango de ley y su desarrollo
reglamentario, entendiendo que a este último nivel debe corresponder el 
régimen jurídico-administrativo aplicable para la sucesión legal abintestato
a favor de la Comunidad Autónoma.
Según ello, la modificación del artículo 53 podría consistir en mantener
el mismo artículo con la siguiente redacción.
Art. 53.- Redacción propuesta
“1.- A falta de personas que tengan derecho a heredar, de acuerdo con lo
dispuesto en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo IV, del título III, libro
III, del Código Civil y sin perjuicio de los derechos reconocidos en 
— 4 2 4 —
los artículos 45 y 51 de la presente Ley, heredará la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, que deberá destinar los bienes 
heredados o su producto o valor a instituciones o establecimientos de
asistencia social o de cultura ubicados en el territorio de las Illes 
Balears, con preferencia, en cuanto a un tercio de ellos, para los 
radicados en el municipio de las Illes Balears de última residencia
habitual del causante, a otro tercio para las ubicadas en la isla 
respectiva, quedando el tercio restante para las de la Comunidad 
A u t ó n o m a .
2.- Si corresponde heredar a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
se entenderá siempre aceptada la herencia a beneficio de inventario
previa declaración judicial de heredero”.
Si no se considera oportuna una remisión estática al Código Civil habría
que añadir un artículo previo que determinara el “Orden de sucesión legal”
para el que podría proponerse la siguiente redacción:
“1.- En la sucesión legal la herencia se defiere en primer lugar a los 
parientes de la línea recta descendente.
2.- En defecto de descendientes, sucederán en la herencia, sucesiva-
mente, los ascendientes, el cónyuge viudo, los hermanos, los hijos de
hermanos y los demás parientes en línea colateral hasta el cuarto
g r a d o ” .
Es obvio que esta última redacción propuesta incorporada al Derecho 
Civil de las Illes Balears supone una simplificación frente a la riqueza de 
supuestos contemplados en los arts. 946 a 954 del Código Civil que, hasta
donde a mi me consta, se han aplicado siempre en las Illes Balears sin dar
lugar a problemas relevantes.
En cuanto se refiere al desarrollo reglamentario, que debe tener en cuenta
lo ya establecido en la Ley 6/2001, de 11 de abril, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears (en particular arts. 38.c) y 41) y
en el Decreto 127/2005, de 16 de diciembre, que aprobó el Reglamento que
la desarrolla (en particular, art. 58), podría abordar, como mínimo, las 
siguientes cuestiones:
a) Actuaciones administrativas previas a la declaración judicial de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears como heredera legal 
a b i n t e s t a t o .
b) Aceptación de la herencia y toma de posesión de los bienes que la 
i n t e g r a n .
— 4 2 5 —
c) Administración y enajenación de los bienes hereditarios.
d) Cuenta de liquidación y distribución del caudal hereditario.
En el último apartado cabría analizar si resulta conveniente la creación
de una Junta Distribuidora de Herencias o si, en cambio, es más oportuno
otorgar directamente la competencia al órgano administrativo competente
en materia de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Asimismo, y como es obvio, la coherencia exige que la modificación 
propuesta se incorpore también al artículo 84 para surtir efecto en las islas
de Eivissa y Formentera. No tendría ningún sentido que la sustitución del
Estado por la Comunidad Autónoma no operara en todo el ámbito de las Illes
Balears. A este respecto podría añadirse, como propone Tomás Mir de la
Fuente, un párrafo tercero al artículo 84 del siguiente tenor:
“Asimismo, a falta de parientes con derecho a heredar, sucederá la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que lo hará en la forma 
establecida en el artículo 53”.
Palma, 21 de mayo de 2013.
— 4 2 6 —


Las comunidades autónomas como herederos abintestato: primera aproximación

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