Tanto el Código Civil como determinadas normas autonómicas reguladoras de las relaciones de familia en situaciones de crisis incorporan la previsión de que, ante la incoación de procedimiento penal por actos de violencia intrafamiliar o indicios racionales de la misma apreciados por el juez, no se conceda la custodia, ni individual ni compartida, al progenitor sobre el que pesen imputación o evidencias de haber cometido tales actos. La interpretación y aplicación judicial de los preceptos que regulan esta prohibición de atribución de custodia presenta numerosos interrogantes de los que intenta darse cuenta en este trabajo y a los que se intenta ofrecer soluciones respetuosas con el principio del mejor interés de los hijos, en ponderación con la necesaria prevención de la violencia doméstica y de género y con los derechos parentales
