El ordenamiento jurídico del Siglo XX ha ido reflejando progresivamente un cambio en la perspectiva social y jurídica de la infancia hasta alcanzar una nueva concepción de los menores de edad, entendidos hoy como verdaderos titulares de derechos con una progresiva capacidad para ejercitarlos. El Estado social y protector implantado en la actualidad debe otorgarles una tutela integral y coordinada en la que intervengan, de forma subsidiaria o simultánea, diversos niveles de responsabilidad, desde los padres o tutores del menor, hasta su comunidad, los servicios públicos y el sistema de justicia. Para llevarla a la práctica lo fundamental será implantar programas de carácter preventivo y, ante situaciones de riesgo, desamparo, inadaptación o desajuste social, establecer un completo sistema de actuación que comprenda la atención, protección e integración de los menores en un entorno adecuado. Este régimen de protección queda reflejado en la normativa vigente sobre la materia, analizada a lo largo del presente trabajo, tanto en su ámbito estatal con la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del menor, como con las diferentes normativas autonómicas, en concreto la de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley de Castilla y León 14/2002, de 25 de julio, de atención y protección a la infanci
