Conde-Pumpido Ferreiro, Cándido

Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos

PASADO Y PRESENTE DEL MINISTERIOFISCAL ESPAÑOL: DE LAS CORTES DEBRIVIESCA A LA CONSTITUCION DE 1978Castilla, crisol de España, es también la generatriz de muchas de nues-tras actuales Instituciones. Una de ellas, la del Ministerio Fiscal.No es la del Ministerio Público una institución innata, consustancial a lapropia existencia de la Organización Social, sino un fruto de la historia. Comotal, nace de unas necesidades pragmáticas y evoluciona en función de lascoyunturas políticas y sociales de cada período histórico. Y aquel nacimien-to, para la mayoría de los historiadores que se ocuparon del tema, —RuizGutiérrez, Aguilera de Paz, Jiménez Asenjo, Miguel y Romero— se produceen las Cortes de Briviesca, de diciembre de 1387, convocadas por el ReyJuan I, en las que el monarca concede:«Otrosí, a lo que nos pedistes por mercet que posiesemos un buen orneletrado e de buena fama por nuestro Procurador Fiscal. A esto nos respon-demos que nos place, e Nos lo entendernos poner tal cual cumple a nuestroservicio».De ahi arranca, según Torres Sanz, la disposición de las OrdenanzasReales de Castilla, atribuida también a Juan I en Briviesca y ratificada por losReyes Católicos en Toledo, que en un primer párrafo describe el oficio deProcurador fiscal de manera unitaria, como aquel a quien compete tanto laejecución de la justicia real (aspecto penal), como la defensa de la haciendaregia (aspecto civil), es decir, como un oficio único de dos facetas funciona-les; y que en un segundo párrafo, establece la presencia en la Corte de «dosProcuradores fiscales promotores para acusar, o denunciar los maleficios», loque pone de relieve la importancia cuantitativa y cualitativa cada vez mayorde las competencias de naturaleza penal atribuidas a los Procuradores-238	 CANDIDO CONDE-PUMPIDOPromotores, importancia inducida por el desarrollo e implantación del sis-tema penal inquisitivo o de oficio propio de unas estructuras políticas evolu-cionadas que empiezan a consolidarse.Por ello no podemos compartir la posición de Martín Granizo que poneen duda esa tesis mayoritaria que anuda el nacimiento del Ministerio Fiscal alas Cortes de Briviesca, considerando que el Procurador Fiscal a que en ellasse alude es sólo al antiguo "Procurator Fisci», cargo de origen romano, quepervive y se mantiene durante las sucesivas invasiones y anterior, por ello a1387, con funciones referidas al Fisco como erario o patrimonio del Monarcay por ello más próximo a lo que hoy son los Abogados del Estado que lo quees el Fiscal. Y no podemos compartirlo por cuanto, por el contrario, entende-mos que precisamente ahí, en las Cortes de Briviesca y las Ordenanzas Rea-les de Castilla, van a confluir, refundiéndose en una misma institución, figurasque hasta entonces habían cubierto distintos fines:a) La del “orne del Rey» que se encargaba de vigilar y cortar los abusosde los señores en las Behetrias y merindades tanto en la forma de adminis-trar justicia, como en la recaudación de las calañas y costas, cargo que apa-rece mencionado por vez primera en el Fuero Viejo.b) La del Personero real, que conforme a la disposición de la Partidadebe comparecer por él en los pleitos civiles que tuvieren con otros —"fuerasende... pleyto criminal»—, y esto en razón de la organización social jerár-quica que podía determinar que el inferior sufriere indefensión al no podero no atreverse a razonar cumplidamente un derecho ante el propio Rey,amén otra razón, capital en la época, cual era el riesgo de que entre las razo-nes de la defensa podría el inferior «decir alguna cosa contra el mayor, quese le tomaría en deshonra». Personero que a veces actuaba por las "viudas,los huérfanos u otras cuytadas personas, que no tuvieran quien razonarapor ellos».c) El “Patronus Fiscus», que unas veces se confunde con el Personeroreal y otras con el Procurador real, y cuya misión era defender los interesespatrimoniales y los bienes de la Corona.d) Por último, el Promotor o Pesquisidor real, encargado de perseguirlos maleficios que no encontraran acusador particular, ya por su carácterpúblico (allanamientos, actuación de los oficiales reales, actos contra elseñorío real, etc.) ya por tratarse de homicidios de « hombres extraños, queno ha pariente en el lugar, que en estos casos será el Rey quien demande lamuerte del extraño y valdrá la pesquisa».Si ya en las Cortes de Valladolid de 1312 y las Ordenanzas Reales quesurgen de tal reunión comienzan a refundirse las figuras del Personero y Pro-motor real en un Procurador Fiscal, que se crea como oficio permanente yprofesional y que tiene la doble misión de actuar como procurador en lospleitos del Rey y los «casos de corte», entre los que se encuentran los decarácter penal que por una u otra causa no sean perseguidos a instancia delofendido, así como los de las viudas, huérfanos y desvalidos (que era unPASADO Y PRESENTE DEL MINISTERIO FISCAL ESPAÑOL: ... 	 239«caso de corte» más), bajo Enrique ll comienza a hablarse de “Promotor»como oficio encargado de la represión penal.Por ello, cuando en las Cortes de Briviesca los vasallos piden a Juan I-Un buen orne letrado e de buena fama» que actúe como Procurador Fiscaldel Rey, lo que están pidiendo, según la interpretación, a mi juicio correcta,de Torres Sanz, es una duplicación del cargo para que, junto al Promotor Fis-cal que actúa en la Corte, esto es, ante el Consejo y los Alcaldes, se nom-brara otro Procurador Fiscal para actuar permanentemente ante la Audienciay las Chancillerias.A partir de aquí el dinamismo de la historia se va a apoderar de la figuray va a provocar una expansión de sus funciones, especialmente las penales,a causa del desarrollo del proceso inquisitivo. En 1431 una Cédula realordena « que los Procuradores fiscales no puedan acusar a nadie sin previadelación » , a salvo desde luego los hechos notorios o pesquisas ordenadaspor el Rey. Y en 1436 Juan II otorga una disposición que es trascendental:“Que los Procuradores fiscales que estén o estuvieran en nuestra Corte yChancillería..., que hagan juramento cada uno de ellos: los de nuestra Corteen el nuestro Consejo y los de nuestra Chancillería ante nuestros oidores».De lo que se deduce:1.0 Que había Procuradores reales ante los distintos Tribunales, de laCorte y de las Chancillerías.2.° Que el oficio era unitario, es decir, de uno o más cargos, pero conla misma función.3.° Que esa función tiene tres facetas: la de naturaleza penal, de pro-mover las pesquisas; la civil, de defender el erario real, y la asistencial derepresentar a los desvalidos: viudas, huérfanos, etc. A ellas hay que agregarsu antigua condición de “orne del Rey», cuya misión es velar porque los Jue-ces, a cuyo través se realiza la Justicia real, no se desvien al aplicarla, trai-cionando la confianza del Soberano.El pragmatismo de la época y el confusionismo de las ideas y de la nodistinción entre las facetas públicas y las privadas de la Corona, encarnadascon igual fuerza en el Soberano, hace surgir así una Institución híbrida, confunciones no bien diferenciadas, de naturaleza dispar y que, sobre todo, pro-vocan en quien la encarna actitudes y facultades contrapuestas:Quien como Procurador del Fisco y defensor de la Hacienda habría detener una posición parcial e interesada; como pesquisidor o promotor de la jus-ticia debía actuar imparcialmente so riesgo de provocar el castigo de inocentes.Quien como Personero real o Procurador Fiscal, se encontraba comocualquier parte sometido al Juez; como -Orne del Rey», estaba sobre élcuando, controlaba su actuación y le inspeccionaba en nombre del Sobera-no, del que emanaba la Justicia.Contradicción esa que ha pesado siempre en los Ministerios Públicos delos paises de nuestra área cultural y que inevitablemente se ha saldado con240	 CANDIDO CONDE-PUMPIDOel predominio de una u otra posición: representante de los intereses de laAdministración y del Ejecutivo, en funciones de Procurador del Estado (deno-minación que aún perdura en los países latinos; Procureur de la Republique;Procuratore delle República; Procurador da República) o instrumento de rea-lización de la Justicia en representación de la sociedad o del pueblo, máspropio de las culturas anglosajonas y hasta teóricamente, de los países delsocialismo real.Como veremos, el conflicto entre ambas posiciones se ha ido decan-tando en las modernas Constituciones a favor de la última, convirtiendo elMinisterio Público en una pieza clave de los modernos Estados de Derecho,que se establece para defensa de la legalidad democrática y de los derechosy libertades ciudadanas, a través de la realización de la Justicia como valorsupremo de la organización colectiva. De modo que podríamos decir que laorganización y potenciación de un Ministerio Público independiente es uníndice para determinar en cada país el grado de seguridad jurídica y de liber-tad de que goza su pueblo.Pero retomemos el hilo de la evolución que estábamos exponiendo.En la Edad Moderna la complejidad del Estado hace que, pese al carác-ter absoluto del Poder del Monarca, se produzca un distanciamiento cadavez mayor entre el Soberano y su Justicia. Los Jueces comienzan a sentirseautónomos e imparciales, a considerarse más servidores de la Justicia quedel Soberano y a obrar independientemente, incluso frente al Rey. PedroCrespo, haciendo como Alcalde Justicia contra la voluntad real, en nombredeT honor, «que es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios»; o el cam-pesino que frente a las pretensiones del todopoderoso Federico I opone «queaún hay Jueces en Prusia», son ejemplo de esa actitud y común sentir. Y esesentimiento de independencia e imparcialidad se contagia a los Fiscales,pues no en vano viven más inmersos en el ámbito de las Chancillerías, Tribu-nales y Juzgados que en el de la Corte. Y así la libertad de opinión y la solasujección a las leyes como criterio de actuación acaban por imponerse comouso forense para los Fiscales españoles y es legalmente reconocida en 1835,cuando el artículo 10 del Reglamento provisional para la Administración deJusticia declara su libertad para proponer «aquello que consideren arregladoa las leyes» , al par que les impone una actuación imparcial y justa, conminán-dolos a que «tengan muy presente que su ministerio, aunque severo, debeser tan justo e imparcial como la ley en cuyo nombre se ejerce». Y así, losProcuradores Fiscales tenían según el artículo 105-11 de aquel Reglamento,«siempre salva su opinión.., como únicos responsables de sus actos en lascausas que despachen...».Esta situación se ve reforzada con la transformación política impuestapor la Revolución francesa y el cambio trascendental que va a sufrir el pro-ceso penal al pasar del sistema inquisitivo al acusatorio. De un lado la sobe-ranía nacional se va a manifestar en la detentación del «ius puniendi-. A dife-rencia de lo que ocurre en el proceso civil, en el penal al Estado le interesaPASADO Y PRESENTE DEL MINISTERIO FISCAL ESPAÑOL: ...	 241ejercer su jurisdicción y promover la actuación judicial. Pero el sistema acu-satorio a diferencia del precedente inquisidor exige que alguien ejerza la acu-sación. Con ello ocurre que en los ordenamientos jurídicos modernos nacecorno axioma que la acción penal pertenece al Estado, pero a la vez, comoseñala Gómez Orbaneja, lo que exige el sistema procesal que se instaura «esque para que haya proceso y sentencia alguien lo pida, que la actividad juris-diccional se promueva desde fuera de ella misma, quedando así separadaslas funciones de acusar y de juzgar. Ambas son funciones públicas, más loque se busca, justamente, es que el Estado, en cuanto acusa, no juzgue, encuanto juzga, no acuse. Con la institución del Ministerio Fiscal se satisfacenal mismo tiempo todas esas exigencias coordinadas, políticas y técnicas, porigual». Ello implica que, como señala también Gómez Orbaneja, a partir de lainstauración del sistema acusatorio púbblico «lo que persigue el MinisterioFiscal en el proceso penal, al igual que el Juez y, exactamente como el Juezen cuanto órgano del Estado, es un interés público, no fraccionable ni par-cial», esto es, el Fiscal decide con independencia del Juez, pero debehacerlo con los mismos criterios del Juez.Pero a esto se llega, no sin resistencias y zizagueos que van a provenirde dos frentes: uno, el político, impuesto por el hecho de que gran parte delDerecho moderno y sus instituciones provienen de la construcción Napoleó-nica. Construcción imperial, en la que al Emperador, al Napoleón militar ydominante, le interesa el poder controlar todos los poderes del Estado. Y asíva a crear, para Francia, un modelo de Ministerio público, que es el brazo delEmperador dentro de los Tribunales, organizándolo jerárquicamente, como alEjército, bajo los principios de unidad y dependencia. Concepción napoleó-nica que va a irradiar a los paises del entorno condicionando !a moderniza-ción de la Justicia.El otro frente lo abre el propio hibridismo histórico del Ministerio Públicoque detenta todavía la representación de la Hacienda Pública y la defensa de laAdministración ante los Tribunales, por lo que los Gobiernos soportan malaquella autonomía e independencia de criterios de quienes deben representarlos.Volviendo a nuestra Patria, la independencia de criterio que el Regla-mento provisional de la Administración de Justicia de 1835 reconocía a losPromotores fiscales no dejaba de provocar disfunciones y preocupacionesque se manifiestan en 1844, con ocasión de un Decreto de 26 de enero orga-nizativo del Cuerpo, en cuya exposición de motivos se lamenta el Gobierno:<< El Ministerio fiscal, cuyas atribuciones se cifran en promover, bajo las órde-nes del Gobierno de S. M., la represión de los delitos, la defensa judicial delos intereses del Estado y la observancia de las Leyes que determinan lacompetencia de los Tribunales, no llena en España cumplidamente los finesde su establecimiento por su desacertada organización... Los promotores fis-cales de los partidos y los fiscales de rentas están autorizados para seguirli bremente su opinión en el despacho de los negocios, por árduos e impor-tantes que sean, y por eso se cometen a veces errores gravísimos y perjudi-242	 GANDIDO CONDE-PUMPIDOciales al Estado...». Se reparten entonces las funciones de los Fiscales porprovincias reservando dentro de ellas a unos las funciones penales y ciertosprocesos civiles y a otros las funciones de Hacienda, y el resto de los proce-sos civiles, comenzando asi un germen de separación, que va a agudizarseal utilizar el Gobierno la facultad de nombrar Fiscales especiales, nombra-mientos que se prodigan por parte del Ministerio de Hacienda hasta el puntode llegar a constituir en 1852 la mayoría los así nombrados, siendo el germende la futura separación definitiva de las funciones, con la creación en 10 demarzo de 1881 del Cuerpo de Abogados del Estado, que asume las funcio-nes que el Ministerio Fiscal tenía como representante de la Administración,cuando ésta contendía como parte en un proceso. Queda así liberado elMinisterio público español de la contradicción que representaba el tener queactuar bajo criterios opuestos —imparcialidad, cuando ejercía funciones deacusador público; parcialidad, cuando defendía intereses del Estado— segúnla clase de asuntos que tuviera entre manos. Punto éste que se olvida o des-conoce con frecuencia cuando se pretende traer a colación, para defender lanecesidad de la vinculación del Ministerio Fiscal al Ejecutivo, ejemplos delDerecho comparado construidos sobre el presupuesto de una doble funciónde los Procuradores públicos de esos países, que el Fiscal español, por for-tuna, ha perdido.Cándido CONDE–PUMPIDO FERREIROTeniente Fiscal del Estado

Pasado y presente del Ministerio Fiscal Español : de las Cortes de Briviesca a la Constitución de 1978

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