El Estado colombiano a partir de 1991 erige por intermedio del poder constituyente primario una nueva constitución, a través de la cual se establecerán una serie de reglas, principios y valores que en primera instancia gozarán de preeminencia sobre las normas jurídicas vigentes que no tengan rango constitucional (como es el caso de las leyes, decretos, actos
administrativos, ordenanzas, etc.); igualmente, estas directrices constitucionales regularán las funciones del Estado – entre otras, la función jurisdiccional o la facultad que tiene el Estado de Administrar Justicia-; al igual que la regulación de la banca central y de todas las actividades de carácter económico y comercial que de ella se deriven; entre otros aspectos. Lo anterior, adecuado a términos más sencillos, quiere decir que todos los aspectos de la vida social, política, económica y jurídica de nuestro país se encuentran plenamente subordinados a los presupuestos constitucionales y no exclusivamente a las leyes o a normas de menor jerarquía, como falazmente se aducía por parte de la doctrina durante la vigencia de la constitución
política de 1886.Universidad LibreFacultad de DerechoMaestría en Derecho Pena
