La educación es un derecho humano, una dimensión clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la clave para lograr la plena inclusión social y profesional de la población y promover el crecimiento económico, la igualdad y la participación en la sociedad. Los niveles más altos de educación están asociados con reducciones en la pobreza y la desigualdad, mejores resultados de salud, acceso a trabajo decente, movilidad social ascendente y ampliación del acceso a la ciudadanía.
La educación también es fundamental para los cambios estructurales que la región de América Latina y el Caribe necesitan para crear la capacidad. Debido a la prolongada crisis provocada por la pandemia de covid-19, la falta de vacunas y las continuas tasas de infección, la mayoría de los países de la región mantienen los centros educativos cerrados o parcialmente cerrados. Esto supuso una media de más de un curso académico sin clases presenciales y largas interrupciones.
Dejar de aprender o no lograr el mismo tipo de continuidad en línea, lo que sugiere déficits en conectividad y dispositivos digitales, junto con una crisis económica que afecta los ingresos de los hogares, aumenta el riesgo de abandono y aumenta el riesgo sobre el uso de mano de obra infantil y el retraso en el proceso educativo, en todos los niveles acentuando las brechas existentes.
La integralidad es una de las claves que la Pandemia informalmente adoptó con más dinamismo y que debe mantenerse. Quedó claro cuán importante es coordinar y vincular la planificación e implementación del sector educativo con otros sectores, especialmente salud, nutrición y seguridad social
