Alcance de la facultad del juez al momento de decretar pruebas de oficio, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, años 2005 a 2010

Abstract

A través de la presente investigación, se pretendió establecer la posición que tiene la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia frente a la potestad que tiene el juez de decretar pruebas de oficio, para lo cual se utilizó como método la revisión de las sentencias proferidas por esta Corporación durante los años 2005 a 2010. Obtenido el material relevante, se procedió al análisis estructural de los pronunciamientos que aludieron al tema, siguiendo el protocolo establecido por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. El análisis de las sentencias, estuvo dirigido a determinar si es una facultad o un deber de los jueces decretar pruebas de oficio y si en todo caso constituye un imperativo para el funcionario judicial el ejercicio de tal potestad, obteniéndose como resultado final que se trata de una facultad-deber para el juzgador en los casos en que se deben aclarar aspectos dudosos o cuando la prueba sea obligatoria por la naturaleza del proceso, todo en aras de alcanzar la verdad material que permita hacer efectiva la cláusula que orienta nuestro Estado Social de Derecho, relativa a asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.Through the present investigation, it was intended to establish the position of the Civil Chamber of the Supreme Court of Justice against the power that the judge has to decree ex officio evidence, for which the review of the sentences handed down by this Corporation during the years 2005 to 2010 was used as a method. Once the relevant material was obtained, we proceeded to the structural analysis of the pronouncements that alluded to the subject, following the protocol established by the Rodrigo Lara Bonilla Judicial School. The analysis of the sentences was aimed at determining if it is a power or a duty of the judges to decree ex officio evidence and if in any case it constitutes an imperative for the judicial officer to exercise such power, obtaining as a final result that it is a faculty-duty for the judge in cases in which doubtful aspects must be clarified or when the evidence is mandatory due to the nature of the process, all in order to achieve the material truth that allows the clause that guides our Social State of Law to be made effective , related to ensuring peaceful coexistence and the validity of a just order