Dalla Vía, Alberto Ricardo

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El Caso de Evelyn Vázquez Farré: Los límites en la investigación de secuestros de bebés durante la dictadura argentin

Universidad Carlos III de Madrid e-Archivo

 EL CASO DE EVELYN VÁZQUEZ FARRÉ:   Los límites en la investigación de secuestros de bebés durante la dictadura argentina.  Prof. Alberto Ricardo Dalla Via  Profesor Titular de Derecho Constitucional (UBA y UB) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha revocado una sentencia dictada en una causa penal que ordenaba una extracción compulsiva de sangre a Evelyn Vázquez Farré a los fines de determinar la verdadera identidad de quien se presume ser hija de desaparecidos durante la dictadura. Se trata de un fallo muy importante que realza el rol de la Corte como guardián de la Constitución.  La causante es mayor de edad y se había opuesto a revestir el carácter de “objeto de prueba”, formulando inclusive una reserva para que en caso de una extracción compulsiva, el resultado no revistiera el carácter de prueba de cargo en la investigación contra sus padres adoptivos.  Durante el trámite de la causa en las instancias inferiores se advirtió una reiterada apelación a la búsqueda de la verdad como fin del proceso, poniéndose además el énfasis en el interés social que resulta de otorgar una debida protección a quien fuera víctima de un secuestro, teniendo en cuenta la larga búsqueda de la familia de origen y toda vez que los destinos terrenales de los padres son aún desconocidos.  Los trágicos hechos vividos en nuestro pasado reciente no justifican, sin embargo, la adopción de posturas “finalistas” a favor de la averiguación de la verdad en un proceso penal. De ese modo, y con respecto a la realización del peritaje ordenado, en la causa se señalaba que el mismo resultaba ser una diligencia complementaria de las otras probanzas colectadas, cuya realización deviene razonable, pertinente y encaminada a la obtención de la certeza de los hechos que constituyen el objeto procesal de la investigación criminal, dentro de los límites formales de la ley en un Estado de Derecho y sin mengua del principio de proporcionalidad entre los bienes o derechos que puedan afectarse y el necesario beneficio que representa la prueba para la causa.  Frente a tales afirmaciones reaccionó la Corte con valentía y prudencia, recurriendo a un adecuado “balance” de los valores en juego, al anteponer a la declamada “proporcionalidad”, la regla de la “razonabilidad” que impera en el derecho constitucional argentino (art. 28) y de donde resulta el debido proceso sustantivo como una adecuada proporción de los hechos a las normas, y de estas a la Constitución. De lo contrario, la mera anteposición de los fines a los medios, como sería hacer prevalecer la búsqueda de la verdad sobre la autonomía personal, podría llevar a los poderes del estado a asumir posturas perfeccionistas, desconociendo la máxima kantiana: cada hombre –y cada mujer, agregamos nosotros- es un fin en sí mismo.  Probablemente Evelyn Vázquez Farré no sentiría afectada su integridad corporal ante un mero pinchazo para extraerle sangre; pero podría sentir con derecho afectado su fuero íntimo, no correspondiendo a los jueces trasponer la frontera infranqueable de su conciencia para analizar los motivos de la negativa.  En el caso no se encuentra comprometido el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto a la “prohibición de declarar contra sí mismo”. No es la causante la imputada del delito de sustracción de menores sino la presunta víctima; pero tampoco corresponde considerarla como mero “objeto de prueba”. En el caso manda el artículo 19 de la Constitución que al consagrar el principio de autonomía de la persona humana, respeta que cada uno es libre de seguir sus propios planes de vida y tomar sus decisiones sin interferencia y descartando la imposición de posturas perfeccionistas o paternalistas por parte de los poderes públicos o de terceros.  Para decirlo con palabras de John Stuart Mill y en defensa de los principios liberales que nutren el texto de nuestra Constitución, la democracia es un sistema para elegir a los representantes, pero no es un sistema para que las mayorías impongan a las minorías cómo éstas deben vivir.  Y si bien la llamada “verdad biológica” es un paradigma incorporado por los nuevos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, se trata de un principio que debe analizarse e interpretarse dentro de la unidad del sistema jurídico al que complementa y no de manera aislada.  Así en materia de juicios de filiación, por ejemplo, la jurisprudencia ha dado primacía a la verdad biológica al otorgarle relevancia especial a las pruebas genéticas mediante extracción de tomas de sangre para la realización de pruebas de ADN y de histocompatibilidad. Sin embargo, la tendencia ampliamente mayoritaria ha sido la no admisión de la prueba forzada, de modo que la negativa de una persona deba ser respetada.  Tal negativa, que preserva en el caso el principio de autonomía del art. 19 de la C.N. como la prohibición de declarar contra sí mismo del art. 18 de la norma fundamental, no obsta a que tal negativa conforme una fuerte presunción en contra de quienes se niegan al examen, todo ello en orden al alto nivel de eficiencia alcanzado en la actualidad por las pruebas científicas.  Este ejemplo aplicado por la jurisprudencia nacional a los casos de filiación es extensible, en nuestra opinión, a casos como el que aquí se investigan, en tanto permitirían preservar derechos individuales sin obstar al avance de la investigación por otras pruebas. Aún cuando las presunciones pierdan su valor en materia penal, no dejan de conformar criterios de apreciación, tanto más cuando las nuevas tendencias privilegian las libres convicciones de los magistrados en la apreciación de las pruebas.   

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