La introducción de la acción directa España supuso la consagración de la necesidad de proteger la indemnidad de la víctima, mediante el reconocimiento de un derecho propio a exigir la prestación comprometida por el asegurador frente al asegurado. Sin embargo, la gestación legislativa del art.76 de la LCS daría como resultado un precepto confuso y no exento de crítica, cuya reforma no sólo es necesaria, sino también deseable para no
llegar a enturbiar el futuro del propio seguro de responsabilidad civil. La propuesta del
art. 582-47 del Anteproyecto de Ley de Código Mercantil se vislumbra como el
esperado retorno a lo que había sido la verdadera voluntad del legislador, reconocer la
acción directa sí, pero dentro de los márgenes configurados por el contrato de seguro y
por el hecho dañoso del que trae causa
