Sección A) Los derechos humanos en el sistema jurídico español: Los derechos humanos y el derecho civil

Bondía Román, Fernando

Spanish

e-Archivo (Univ. Carlos III de Madrid e-Archivo)

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO CIVIL COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 40/1992, DE 30 DE MARZO (Sala Segunda) Ponente; Don Alvaro Rodi%iez Berego Femando Bondía Román A sentencia (publicada en el BOE de 6 de mayo de 1992) deses-tima el recurso de amparo número 1.306/1989 interpuesto por don Emilio Palazuelos Fernández, contra la STS de 16 de junio de 1989 (RJ 1989, 4693) y la del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Madrid de 15 de octubre de 1987, que desestimaron la demanda contra "TVE, S. A.", acogiéndose a la LO 1/1982, de 5 de mayo, sobre pro-tección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En resumen, los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes: El 20 de septiembre de 1986, Televisión Española emitió un reportaje titulado "Justicia, pequeña gran corrupción" dentro de uno de 335 DERECHOS Y LIBERTADES I REVfSTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS SUS programas informativos estelares ("Informe Semanal"). En él aparecía entrevistado un individuo, con el rostro distorsionado para que no fuera re-conocible, diciendo que "hace cuatro años detuvieron a mi hermano por atra-co; a nosotros se nos presentó un abogado, un tal señor Palazuelos; nos dijo que era un caso muy difícil, pero que en seis meses con dinero todo se arreglaba, y que con doscientas mil pesetas, no para sus honorarios, sino para darlas por los Juzgados, porque él tenía que ir por los Juzgados saludando con una mano a cada persona con un billete. Nos pidió doscientas mil. Le dijimos que era mucho, nos rebajó cien mil y cuando mi hermano saliese le dábamos cincuenta mil. Nos dijo que él tenía mucha amistad con los jueces; que él quería meter todo en un Juzgado porque era familiar suyo; que con los demás tomaba cerveza y jugaba al golf. Que los papeles se podían perder porque se habían quemado más veces. Total, que pasó el tiempo, pasaron cuatro meses, pasó mucho tiempo y como veíamos que no hacía nada, fuimos a un Juzgado de Guardia y pusimos una denuncia. Se le condenó a cuatro meses sin ejercer y a darnos una indemnización." Efectivamente, por senten-cia de 23 de enero de 1984, el referido abogado fue condenado en esos términos como responsable de un delito de estafa. Sin embargo, el reportaje televisivo omitió decir que dicha resolución fue ulteriormente revocada por la Audiencia Provincial de Madrid (sentencia de 12 de septiembre de 1986, anterior, por tanto, a la emisión del programa), siendo absuelto, con todos los pronunciamientos favorables, del delito de estafa por el que fue conde-nado en primera instancia. Posteriormente, TVE hizo referencia, en uno de sus telediarios al reportaje emitido, manifestando que "la información es cier-ta pero no completa, por lo que el aludido don Emilio Palazuelos Fernández ha remitido escrito de rectificación al amparo de la LO 2/1984, de 26 de marzo", y dio cuenta de la sentencia absolutoria. Aparte de lo anterior, el abogado señor Palazuelos interpuso demanda de protección al honor recla-mando a TVE una indemnización de setenta y cinco millones de pesetas. En primera instancia se desestimó la demanda; en apelación se estimó parcial-mente el recurso y se condenó a TVE a publicar la parte dispositiva de la sentencia en el espacio "Informe Semanal" o similar y a indemnizar al re-currente con cuatro millones de pesetas por los perjuicios causados con el reportaje en cuestión, al considerarse atentatorio del honor del demandante; en casación, el TS declaró haber lugar al recurso formulado por TVE, re-vocando la sentencia dictada en apelación y confirmando la del Juzgado de Primera Instancia. Nos encontramos, pues, ante un clásico supuesto de colisión entre el derecho al honor (art. 18.1 CE) y el derecho a la genérica libertad de expre-336 DERECHOS Y LIBERTADES REVISTA DEL INSTITUTO BARTOlX)ME DE LAS CASAS I sión concretizado en los diversos apartados del artículo 20.1 CE, en el que el Tribunal Constitucional viene a corroborar, que no a cerrar, una laboriosa doctrina sentada progresivamente en anteriores sentencias sobre la misma materia (básicamente, se pueden citar como hitos fundamentales de esa evo-lución jurisprudencial las SSTC 104/1986, 6/1988, 107/1988 y 172/1990). Doc-trina necesaria e ineludible la formulada por nuestro más alto Tribunal al precisar y matizar los perfiles de la colisión ya que, prácticamente, existe una absoluta indeterminación y falta de concreción legal de ambos derechos (quizá no haya en todo el ordenamiento jurídico español una ley tan parca, vaga e imprecisa en sus disposiciones como la LO 1/1982, que desarrolla el art. 18.1 CE, y que tendría también que haber hecho frente a los postulados del art. 20). Ello ha originado en casi todos las órdenes jurisdiccionales una va-cilante y contradictoria jurisprudencia en la que ha venido a poner orden el Tribunal Constitucional. En principio cabría suponer, dada la literalidad del artículo 20.4 (en el que el honor aparece recogido expresamente como un límite especial a la libertad de expresión), que el derecho al honor tiene una clara preponderan-cia sobre las libertades del artículo 20.1 y que, en consecuencia, si a través de la libertad de expresión se vulnera el honor de una persona, aquélla queda anulada. Sin embargo, mantener con carácter general esta supremacía, sin atender a las circunstancias e intereses que confluyan en cada caso, supondría una verdadera minusvaloración de la libertad de expresión y, por tanto, de uno de los instrumentos más valiosos para la defensa de una sociedad de-mocrática. Desde los albores del constitucionalismo moderno, la libertad de expresión (y de información) ha jugado un papel de primaria y capital im-portancia. Las Declaraciones de derechos decimonónicas son un claro expo-nente: "La libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, a no ser por gobiernos despóticos" (Decla-ración de Virginia); "la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre" (Declaración de 1789). Actualmente, mucho más todavía que en tiempos pasados (por el al-cance y la multiplicidad de medios para transmitir el pensamiento), la libertad de expresión posee un significado y trascendencia primordial para el funcio-namiento del Estado democrático, en la medida en que viene a constituir "el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político..., y sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones represen-337 DERECHOS Y LIBERTADES I REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS tativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática... por lo que adquiere una valoración que trasciende a la que es común y propia de todos los derechos fundamentales" (SSTC 6/1981, 12/1982 y 104/1986). Es, pues, como reconoce la mejor doctrina, algo más que una libertad individual; no sólo un derecho fundamental sino también una garantía institucional. Por eso, cuando entre en conflicto con otro derecho fundamental, como ocurre con el derecho ai honor, no se puede resolver en cualquier caso haciendo prevalecer uno (el honor) sobre otro (libertad de expresión), sino que se impone "una necesaria y casuística ponderación entre ambos", partiendo de una "posición preferencial" de las libertades del artículo 20 CE y de una interpretación claramente restrictiva de sus límites, para que su contenido fundamental "no resulte, dada su jerarquía institucional, desnaturalizado ni incorrectamente relativizado" (STC 159/1986). El problema está en establecer unos criterios generales o parámetros para modular los límites y relaciones entre la libertad de expresión y el de-recho al honor (entre los arts. 18 y 20 CE), para llevar a cabo esa "necesaria y casuística ponderación", para, en definitiva, determinar cuándo se rinde el derecho al honor ante la libertad de expresión. El Tribunal Constitucional, siguiendo en buena parte la tradición de la jurisprudencia norteamericana y alemana, ha sentado las bases para concretar tales criterios o parámetros. Aunque se impone una distinción entre los mismos según se plantee el con-flicto del honor con la libertad de expresión (que afecta a las ideas, opiniones o creencias) o con la libertad de información (manifestación cualificada de la de expresión, que se refiere fundamentalmente a hechos), aludiremos a los relativos a esta última por ser la que entra en juego en la sentencia que encabeza este comentario. En esencia, cuando en el ejercicio del derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" (art. 20.1.d), la información difundida es cierta y afecta a asuntos de relevancia e interés público (por las materias a que se refieren y por las personas que intervie-nen), aunque se lesione el honor de una persona éste debe claudicar ante la libertad informativa. El interés público de la información transmitida por TVE (el funcio-namiento de la Administración de Justicia) y la implicación del recurrente en amparo, señor Palazuelos, en la misma parecen evidentes, por lo que "la alusión a su comportamiento profesional susceptible de afectar a su honor no era innecesaria o gratuita, aun tratándose de un profesional privado, en re-lación con el objeto y finalidad de la información de que se trataba" (fun-338 DERECHOS Y LIBERTADES REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS I damento jurídico núm. 3). No está tan claro, sin embargo, el requisito de la veracidad de la información. Sobre esta regla constitucional dice la sentencia con carácter general que, según doctrina reiterada de este Tribunal, "no va dirigida tanto a la exigencia de total exactitud en la información cuanto a negar la garantía o protección constitucional a quienes, defraudando el de-recho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de, manera negligente e irresponsable al transmitir como hechos verdaderos simples rumores caren-tes de toda constatación o meras invenciones o insinuaciones", para luego, circunscribiéndose al caso debatido y considerando que la información la rea-liza directamente una persona particular entrevistada por los autores del pro-grama, afirmar que el necesario deber de diligencia alcanza a "la compro-bación razonable de lo que se afirma en el programa, pero no necesariamente de lo que se silencia o simplemente se desconoce por quien da noticia de un hecho al ser entrevistado" (fundamento jurídico núm. 2). Cuando en un medio como la televisión se divulgan hechos que pueden difamar a una persona o afectar a su honor y reputación profesional, los responsables de su difusión (sociedad propietaria de la cadena, director del programa y autor/es del reportaje) deben proceder con exquisita escrupulo-sidad, contrastando y verificando en toda su extensión la información ofrecida. Como observa Salvador Coderch (El mercado de las ideas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990) a propósito de la STS de 16 de junio de 1989 recurrida en amparo, decir verdades a medias es mentir; la sentencia en primera instancia condenatoria del abogado no era firme y había sido recu-rrida; una elemental regla del buen oficio periodístico consiste en controlar la información con, al menos, dos fuentes independientes, y ni siquiera los periodistas o realizadores del reportaje se pusieron en contacto con el abo-gado "difamado". No parece, pues, que se actuara con la mínima diligencia que le es exigible al profesional de la información en orden a la comprobación razonable de la veracidad de lo informado ni que, por consiguiente, se en-cuentre legitimada la intromisión en el honor del ofendido. Intromisión que, por otra parte, tampoco aprecia la sentencia pues aunque reconoce, en contra de lo mantenido por la STS recurrida, que el prestigio profesional también puede estar amparado por la LO 1/1982, considera, sin embargo, que la di-fusión de hechos directamente relativos al desarrollo y ejercicio de la libertad profesional de una persona vulnerarían su honor "cuando excedan de la libre crítica a la labor profesional, siempre que por su naturaleza, características y forma en que se hace esa divulgación lo hagan desmerecer en la consideración 339 DERECHOS Y LIBERTADES I REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ajena de su dignidad como persona", lo que no viene a ocurrir en el supuesto analizado (?), ya que la información ofrecida no fue en ningún momento acompañada de "expresiones insultantes ni de insinuaciones insidiosas o ve-jaciones innecesarias y, por tanto, objetivamente difamatorias" (fundamento jurídico núm. 3). Hay, finalmente, otra cuestión de interés en la sentencia que también resulta criticable. Es la referente a la argumentación de que la rectificación de la información por parte de TVE a requerimiento del recurrente atenuaría su hipotética responsabilidad y sería demostrativa de que el error fáctico no fue malicioso. A ello cabría objetar que según el artículo 6 de la LO 2/1985, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, su ejercicio no es incompatible con el de otras acciones que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos, por lo que no se puede hacer depender el grado de responsabilidad de quien ha ofendido el honor de otro según haya o no rectificado la información (rectificación que no fue ni espontánea ni volun-taria), ni tampoco, a raíz de ello, hacer descansar la apreciación de la intro-misión ilegítima sobre la base de la actuación maliciosa del informante, pues la LO 1/1982 no distingue entre la intención o falta de intención del ofensor al difamar. COMENTARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA José Miguel Rodríguez Tapia LEGISLACIÓN CIVIL N el primer semestre de 1992 no existen propiamente normas de carácter civil o exclusivamente civil que atañan a los derechos fundamentales. Son dignas de reseña, sin embargo, dos normas que afectan tangencialmente a instituciones del Derecho Civil, como los contratos y la propiedad intelectual. 1. La primera es la Orden del Ministerio del Interior, de 14 de febrero de 1992, sobre Libros-registro y partes de entrada de viajeros en estableci-340 

Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 40/1992, de 30 de marzo

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