López de Lizaga, José Luis

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Universidad Carlos III de Madrid e-Archivo

                    “RES PUBLICA LITTERARUM” DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ‘NOMOS’          Suplemento Monográfico Utopía 2006-36                                      D.L. M-24672-2005 ISSN 1699-7840 Autor: Instituto Lucio Anneo Séneca Editor: Francisco Lisi Bereterbide 1SOCIEDAD CIVIL Y UTOPÍA DEMOCRÁTICA  José Luis López     Es un lugar común de la teoría política contemporánea la estrecha relación entre los conceptos de democracia y sociedad civil. El diccionario de la Real Academia define el término de “sociedad civil” como el “ámbito no público” o la “sociedad de los ciudadanos y sus relaciones y actividades privadas”. El mismo diccionario define la “democracia” como el “predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”. Sin forzar mucho las cosas, podría sustituirse la palabra “pueblo” por la expresión “sociedad civil”, y en tal caso la democracia quedaría asociada necesariamente a este último concepto. La democracia sería el predominio de la sociedad civil en el gobierno político de un Estado, o quizás, en unos términos algo más precisos, quedaría definida como el régimen político en el que la sociedad civil se constituye como la instancia de legitimación de las leyes y de la acción de los gobiernos.  Esta conexión conceptual, y por tanto necesaria, entre democracia y sociedad civil es el núcleo de la concepción liberal de la democracia al menos desde la obra de John Locke. En los últimos años, esta concepción ha adquirido un importante respaldo empírico, al verse confirmada por los acontecimientos de 1989 en la antigua Unión Soviética y los países satélites, y quizás también por las más recientes revoluciones “naranjas” de las repúblicas ex-soviéticas. Lo sucedido en el antiguo bloque soviético muestra, en efecto, que la legitimación de las instituciones en el consentimiento de la población no es sólo una exigencia normativa, sino un importante factor empírico que los Estados deben tener muy en cuenta.  Sin embargo, si se adopta una perspectiva distinta de la que escoge la teoría liberal, los conceptos de sociedad civil y democracia aparecen en una relación más compleja y más tensa. Por mi parte, me propongo explorar brevemente dos perspectivas que difieren del liberalismo en lo tocante a la relación entre ambos conceptos: la que ofrece Marx en sus escritos de juventud; y la que expone Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Intentaré mostrar [aunque tendré que dejar de lado una argumentación detallada] que, partiendo de ambos autores, la concepción liberal del nexo entre sociedad civil y democracia puede llevarse a la siguiente aporía: la  2regulación de la sociedad civil orientada a eliminar las formas de poder social y explotación económica que le son inherentes puede conducir a un régimen dictatorial, o incluso totalitario; pero si se prescinde de toda regulación de este tipo, la sociedad civil puede conducir también, por su propia dinámica, al totalitarismo. Nos encontramos, pues, ante la paradoja de que el totalitarismo es una posibilidad estructural de ambas alternativas. I Comencemos por la concepción marxista de la sociedad civil y su relación con la democracia. Las ideas más importantes de Marx en relación con esta cuestión se encuentran en el manuscrito de juventud (redactado en 1843) que conocemos como Crítica de la doctrina hegeliana del derecho público, un comentario casi exhaustivo (aunque inconcluso) de los parágrafos 261 a 312 de la Filosofía del derecho hegeliana. En este escrito, Marx critica la concepción hegeliana de la relación entre el Estado y las restantes esferas sociales: la familia y la sociedad civil (o sociedad burguesa). Hegel toma de los teóricos liberales su concepción de la sociedad civil como esfera del mercado; es decir, como el ámbito de interacción de individuos racionales atomizados que persiguen únicamente sus intereses privados, y que mantienen entre sí relaciones puramente estratégicas. Pero Hegel no comparte el optimismo de los liberales, que ven en la sociedad civil, así concebida, un sistema de acción que beneficia a todos y que ninguna intervención institucional podría mejorar. Al contrario, Hegel se hace cargo de las desigualdades, la miseria y la opresión que produce la sociedad de mercado si se abandona a su propia dinámica. El Estado debe corregir precisamente estos efectos, reconciliar los antagonismos de la sociedad civil, hacer valer el interés general sobre los intereses privados en conflicto, y restablecer institucionalmente entre los individuos atomizados las relaciones de solidaridad (aunque también de jerarquía) características de la familia. Pues bien, Marx niega que el Estado pueda cumplir esta función de armonizar los intereses particulares, mientras subsista la esfera de la sociedad civil como sociedad de mercado. Al contrario: el Estado es sólo una prolongación y un instrumento del antagonismo que se desarrolla en la esfera de la sociedad civil; o por decirlo en una terminología que Marx aún no emplea en esta época, es un instrumento de la dominación de clase. En este sentido, los antagonismos privados provocan también una escisión entre el Estado y la propia sociedad civil (al menos para todos aquellos integrantes de ésta que no pertenezcan a las clases favorecidas por el Estado). Todas las  3instituciones del Estado hegeliano (y en general del Estado burgués), presuponen, sancionan y perpetúan las escisiones de la sociedad civil. Mientras subsista ésta, serán necesarias las instituciones representativas y la administración burocrática. Y al mismo tiempo, mientras subsista dicha esfera, ninguno de estos poderes logrará superar o armonizar el antagonismo de los intereses privados. Las instituciones se limitan a trasladar a la esfera del Estado este antagonismo. Me limitaré [por razones de tiempo] a citar un único pasaje que resume la posición de Marx:  “Esta visión atomista [de la sociedad civil, JLL], aunque desaparece ya en la familia (...), regresa en el Estado político, precisamente porque éste es una abstracción de la familia y de la sociedad burguesa”.1 Ahora bien, la alternativa de Marx a la filosofía política de Hegel (y por extensión, a toda filosofía política burguesa) mantiene una relación extraordinariamente ambigua con el ideal de una sociedad verdaderamente emancipada y democrática. En las últimas páginas de su comentario crítico, Marx defiende un proyecto de democracia radical como alternativa al proyecto hegeliano. El sufragio universal activo y pasivo, y la consiguiente desaparición de toda forma de representación política en favor de la participación directa de todos los ciudadanos en la administración del Estado, disolverían la escisión misma entre Estado y sociedad civil. El proyecto político del joven Marx consiste, pues, en suprimir la distinción entre ambas esferas democratizando radicalmente las instituciones estatales; y al mismo tiempo, politizando enteramente la sociedad civil. En La cuestión judía, un escrito algo posterior, Marx perfila más claramente esta posición. El comunismo no aspira a reformar el Estado, ni siquiera en el sentido de la democracia radical. Ninguna reforma meramente política, institucional, bastaría para liberar a los hombres, pues la emancipación política no es una verdadera emancipación. De lo que se trata es de suprimir el Estado, y esto supone y exige al mismo tiempo eliminar la sociedad civil como la esfera en la que es posible la explotación; es decir, como la esfera de relaciones y actividades privadas, de individuos privados y de la propiedad privada.  Cuando se afirma que el pensamiento político de Marx es intrínsecamente autoritario, se afirma una falsedad manifiesta. Las escasas indicaciones de Marx acerca de la organización política de la sociedad socialista apuntan claramente en la dirección de una gestión radicalmente democrática de la producción y de la administración del Estado. No otra cosa leyó en los textos de Marx y Engels un intérprete tan autorizado                                                  1 K. Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrechts, Stuttgart: Reclam, 1973, p. 117.  4como el Lenin de El Estado y la revolución. Sin embargo, es también Lenin el autor en el que mejor se reconoce toda la dramática ambigüedad de este proyecto de supresión del Estado que exige al mismo tiempo la supresión de una sociedad civil de individuos privados y de relaciones sociales no reglamentadas. Es decisivo a este respecto el escrito de Lenin “Las tareas inmediatas del poder soviético”, redactado en abril de 1918. Tras el éxito de la revolución de Octubre, y ante la imposibilidad de gestionar la economía, administrar el Estado, reprimir la resistencia interior y defenderse de la amenaza militar exterior con las solas fuerzas de los consejos y milicias obreros, ya en 1918 Lenin se ve obligado a instaurar (y a fundamentar teóricamente) una dictadura de partido extraordinariamente autoritaria. Esta dictadura no coincide con lo previsto en los escritos de Marx, Engels o el propio Lenin antes de la revolución. No es exactamente la “dictadura del proletariado” sobre la burguesía o la nobleza reaccionaria, sino algo más. Es una reglamentación y control político férreos de todos los aspectos de la vida civil; una administración y supervisión centralizada de la esfera pública en su totalidad, y una represión implacable de toda oposición y disidencia política, sin exceptuar la que apareció entre los partidarios de la revolución (como el grupo de la “Oposición obrera” de Alexandra Kollontai, o la rebelión de los marineros de Kronstadt en 1921). Y de este modo, el Estado soviético de Lenin realiza el proyecto de abolición de la sociedad civil atomizada y alienada, puesto que, en efecto, en una economía socializada y centralizada es imposible la explotación, al menos en el sentido estrictamente económico de este término. Pero lo realiza de un modo que ha dejado por el camino todo el contenido democrático que Marx asoció originalmente a este proyecto. II Podría verse en este viraje autoritario del marxismo a manos de Lenin una confirmación de la hipótesis liberal, según la cual la libertad y la democracia están garantizadas si se elimina toda intervención administrativa sobre la sociedad civil. Pero esta conclusión [hoy quizás predominante] no sólo cae por debajo del análisis de Marx, e incluso de Hegel, al ignorar la desigualdad, la explotación y la miseria que genera una sociedad integrada sólo por el mercado. Más allá de esto, esta hipótesis liberal parece ignorar también que la sociedad civil ha perdido su inocencia hace tiempo, a manos de los teóricos de la sociedad de masas. Una posición muy interesante desde este punto de vista es la que desarrolla Hannah Arendt en su estudio Los orígenes del totalitarismo. Resumiendo mucho la argumentación de esta obra compleja (y no siempre muy clara), puede afirmarse que, para Arendt, el totalitarismo combina fatalmente las ideologías  5omnicomprehensivas y en el fondo apolíticas, como el nacionalismo étnico o el antisemitismo (en el caso del régimen nazi); y una organización política que destruye las estructuras del Estado de derecho y las reemplaza por el tipo de administración burocrática que los Estados europeos implantaron primero en sus imperios coloniales.  Es indudable que el libro de Arendt tiene muchos puntos débiles, especialmente en las junturas entre los distintos elementos que, según la autora, dan origen a la dominación totalitaria.i Sin embargo, hay un aspecto que resulta especialmente interesante en nuestro contexto, y también, a mi juicio, especialmente convincente. Se trata de la consideración del totalitarismo, si no como una consecuencia necesaria, sí al menos como una posibilidad permanente de la propia dinámica de la sociedad civil, entendida como sociedad capitalista y como sociedad de masas. En efecto, la tesis central de Hannah Arendt es que esta dinámica genera por sí misma las condiciones de la dominación totalitaria y, lo que es más importante, también las condiciones de la aceptación de esta dominación por la sociedad civil; es decir, las condiciones de la legitimación popular de la dominación totalitaria. El capitalismo genera una masa creciente de seres desarraigados, desclasados; una masa de humillados y ofendidos, de “parados permanentes”, o “desechos humanos” [las expresiones son de Arendt]. Arendt emplea el término desagradablemente elitista de “populacho” para designar a esta gran masa de desfavorecidos por el crecimiento económico. Pero este lenguaje elitista no debe hacernos perder de vista lo esencial: esa masa desclasada y desarraigada es la realidad social que se oculta bajo las concepciones de la sociedad civil de los teóricos burgueses. Es lo que hay bajo las categorías de “ciudadanía” o incluso de “pueblo”. Además, esta masa desmiente también las perspectivas marxistas acerca de la formación de un proletariado creciente y de una creciente conciencia de clase. Para Arendt, también las solidaridades de clase quedan barridas de la sociedad de masas. Lo que genera el capitalismo no son “ciudadanos” ni son “proletarios”: son sólo masas atomizadas, desarraigadas y despolitizadas. Y justo sobre estas masas ejercen todo su efecto esas ideologías apolíticas y resentidas, como el antisemitismo; y ejercen toda su fuerza de atracción esos “movimientos” que remedan las solidaridades erosionadas de la sociedad civil, como el movimiento nacionalsocialista. Ideologías y movimientos que revientan desde dentro las bases de la democracia y, en realidad, de toda organización política racional. Así pues, nos vemos situados ante un doble cuestionamiento de la concepción liberal de la relación entre la sociedad civil y la democracia. Marx y Arendt nos  6enfrentan a una aporía. La regulación administrativa de la sociedad civil, orientada a eliminar las formas de poder social y explotación económica que le son inherentes, puede conducir al totalitarismo. Pero si se prescinde de toda regulación de este tipo, la sociedad civil puede conducir también, por su propia dinámica económica, al totalitarismo. Nos encontramos, pues, ante la paradoja de que el totalitarismo es una posibilidad estructural de ambas alternativas. Y si antes cité un único pasaje de Marx, quisiera terminar citando un único pasaje de Arendt, a fin de mostrar que quizás este problema, esta aporía, tiene una importancia que no es sólo histórica: “Las soluciones totalitarias – escribe Arendt – pueden muy bien sobrevivir a la caída de los regímenes totalitarios bajo la forma de fuertes tentaciones, que surgirán allí donde parezca imposible aliviar la miseria política, social o económica en una forma valiosa para el hombre”.2                                                     i No se comprende bien, por mencionar sólo algunas de las debilidades más evidentes de la obra, de qué modo la administración burocrática de los imperios coloniales revirtió sobre la estructura política de las propias metrópolis. Arendt tampoco explica cómo conciliar su hipótesis con el hecho de que el totalitarismo se desarrollase principalmente en Alemania, un Estado que nunca tuvo un imperio colonial. Y aunque se admita que el régimen estalinista fue un régimen totalitario, tampoco resulta muy convincente la extensión a la Unión Soviética de un análisis que, en primer término, la autora concibió para explicar el nacionalsocialismo.                                                  2 H. Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Madrid: Taurus, 1998, p. 557. 

Sociedad civil y utopía democrática

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