Astudillo Polo, Francisco José

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El derecho a la integridad física y la esterilización de personas discapaces: comentarios a la sentencia 215/1994 del Tribunal Constitucional

e-Archivo (Univ. Carlos III de Madrid e-Archivo)

DERECHOS Y LIBERTADES REVISTA DEL INSTITUTO BABCtOLCMÉ DE LAS CASAS EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y LA ESTERILIZACIÓN DE PERSONAS DISCAPACES: COMENTARIOS A LA SENTENCIA 215/1994 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Francisco José Astudillo Polo Área de Derecho Constitucional Universidad Carlos III de Madrid A reciente sentencia 215/1994, de 14 de julio, del Tribunal Constitucional sobre la esterilización de aquellas personas que padezcan una disminución psíquica de carácter grave ha puesto, de nuevo, en tela de juicio aquello que Stuart Mili denominó la sobe-ranía del individuo sobre su propia mente y cuerpo. Efectivamente, la sustitu-ción de la voluntad del individuo afectado de una grave enfermedad psíquica en orden a conseguir una limitación genérica, constituye un atentado contra la integridad física de la persona que no puede ser resuelto sin atender a las múl-tiples variables que inciden en la cuestión. La sentencia en cuestión no es, o no debería haber sido, la resolución de una cuestión de amparo más, sino que constituía una ocasión real de interpretación constitucional de im interés par-ticular, en tanto en cuanto se presentaba como una vía abierta a la introducción de elementos interpretativos de un gran alcance a la hora de reforzar los meca-nismos de garantía de los derechos de aquellas personas que, por su peculiar 513 DERECHOS Y LIBERTADES.-17 DERECHOS Y LIBERTADES REVISTA DEL INSTmjTO BAimjLOMÉ DE LAS CASAS situación, deben de gozar, tal y como dice nuestra Constitución, de un ampa-ro especial'. El Alto Tribunal, lejos de responder a las expectativas creadas por el asunto en cuestión, ha resuelto la problemática planteada con respuestas lacónicas que, en algunos casos, representan la introducción de criterios dis-criminatorios para la propia mujer, tal y como ha manifestado algún Magistrado a través de las matizaciones oportunas a la sentencia. La esterilización del incapaz -y hablar de incapaz presupone que damos por sentado la existencia de una incapacidad declarada judicialmente, circuns-tancia que no siempre se ajusta a la realidad- puede ser un argumento defendi-ble jurídicamente desde muchos puntos de vista: como medio integrador, faci-litando y permitiendo el desarrollo de la libertad sexual del individuo, siempre y cuando ésta pueda llegar a ser entendida; como medio terapéutico, cuando un diagnóstico médico considere que dicha ablación del órgano sexual reproduc-tor facilita una relación sexual normalizada que, al mismo tiempo, contribuye a eliminar determinadas patologías, y siempre y cuando no existan medios alter-nativos a la misma; como opción individual, en los casos en que el grado de dis-capacidad de la persona le permita comprender el alcance de la opción que soli-cita y las consecuencias de la misma, etc. Por tanto, las posibilidades son muchas y muy variadas, sobre todo si alcanzamos a entender que en el campo de la diversidad cada persona es un mundo y, por tanto, cada caso requiere una solución personalizada, nunca generalizada, y que los parámetros por los cua-les se han de tomar las decisiones que afectan a esta colectividad son mucho más complejos que aquellos que conforman los razonamientos jurídicos. Las personas afectadas por algún tipo de discapacidad psíquica, al igual que el resto de los discapacitados, gozan en nuestra Constitución de ima especial pro-tección; especial protección que, como en algún momento de la sentencia del Tribunal Constitucional se menciona, supone que dicho colectivo no sólo goza de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos -protección jurídica recogi-da en varios de los Tratados Internacionales ratificados por España- sino que ade-más goza de otro derecho: el de ser protegido de sus propias limitaciones y de los actos de terceros. Pues bien, atendiendo a esta protección constitucional el legis-lador ha de velar porque toda la normativa vigente en nuestro ordenamiento incorpore las máximas garantías jurídicas que permitan que las personas afecta-das por una discapacidad psíquica puedan desarrollar su personalidad en el seno de la sociedad en la que se integran. Por tanto, el llegar a considerar como garan-' Sobre el amparo especial ver el artículo de los Profesores TORRES DEL MORAL Y VILLARRUBIA: «La constitucionalización de los derechos de los minusválidos», en Revista de la Facultad de Derecho de la UC, núm. 2, Madrid, 1979. 514 DERECHOS Y LIBERTADES REVISTA DEL mSTnVTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS tía la limitación de un derecho cual es el derecho a la integridad física, y justo como excepción a un precepto penal en el que se condena dicho atentado contra la integridad física es, a mi modo de ver, una irracionalidad jurídica que, una vez mas, muestra el desconcierto del legislador a la hora de manejarse en el mundo de la diversidad. Y, además, dicha irracionalidad constituye, a su vez, un elemen-to de marginación jurídica hacia el colectivo al que aquí hoy nos referimos. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, creemos que la autorización excepcional de medidas ablativas de los óiganos sexuales puede y debe ser un hecho, pero siempre considerado con las máximas garantías, sobre todo en aque-llos supuestos en los que no sea una libre expresión de la voluntad del individuo sino una sustitución de dicha voluntad, y, por supuesto, con las máximas limita-ciones. Y es que la libertad de elección en este supuesto ha de contar con garan-tías suficientes frente a todo acto de injerencia de carácter impeditivo del ejercicio de esta übertad. Ahora bien, cuando la posibilidad de la libre elección desapare-ce, la intensidad de protección del derecho ha de ser aún mayor. No podemos compartir la opinión del Tribunal Constitucional en el sentido de que rechazar tal medida -la esterilización- excluiría a los incí^aces de una posibiUdad que se otorga a los capaces, no al menos en este razonamiento puesto que, a sensu con-trario, lo que para unos es posibilidad de elección para los incapaces se convier-te en acatamiento de la voluntad de terceros, sobre todo en aquellos casos en los que no responde a una causa justificada, sino más bien a una comodidad de sus guardadores que podrían invocar lo que el Tribunal denomina una medida «sim-plemente beneficiosa para la salud de los deficientes psíquicos graves». Tampoco [)odemos compartir el argumento de nuestro alto Tribunal de que «la esterilización le permite (al incapaz) no estar sometido a una vigilan-cia constante que podría resultar contraria a su dignidad y a su integridad moral, haciendo posible el ejercicio de su sexualidad». Tamaña afirmación debe ser rechazada de plano, y ciertamente que sorprende verla expresada en una sentencia de quien debe de constituirse en el máximo interprete de nues-tra Constitución, y es que nuestro interprete constitucional parece considerar que eliminada la capacidad reproductora del individuo, el tutor se ve eximido de prestar esa constante atención o «vigilancia» a la que todo buen pater fami-lias -no olvidemos que la figura del tutor sustituye a la de los padres- viene obligado en nuestro ordenamiento, y cuya dejación acarrea consecuencias one-rosas para quien así actúa \ ' Además, y como ya expresó en su día el Profesor DlEZ-PICAZO, «no es legítimo limitar la cq»a-cidad de una pei^na para proteger los intereses de otra». Comentarios a las reformas de nacionalidad y tute-la. Tecnos, Madrid, 1986. 515 DERECHOS Y LIBERTADES REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Otras afirmaciones han sido recogidas en esta sentencia, se ha enfrenta-do el supuesto bienestar del incapaz a un derecho tan fundamental como es el derecho a la integridad física, prevaleciendo el primero sobre este último dere-cho iimato de todo hombre, algo completamente inusual en la propia evolución de nuestra Corte Constitucional. Los derechos personalísimos son derechos que no admiten injerencia alguna de terceras personas, son derechos que cons-tituyen un bien preciado que debe ser salvaguardado frente a cualquier agre-sión ilegítima, y la esterilización, fuera de determinados supuestos muy con-cretos y siempre que no exista una manifestación voluntaria y espontanea del sujeto, constituye una agresión salvaje a uno de esos derechos personalísimos: el derecho a la integridad física. Es por ello por lo que, como muy bien ha señalado el Sr. Gimeno Sendra al matizar el parecer general del Tribunal, «la esterilización ha de justificarse objetivamente para obtener el logro de los fines constitucionales que la justifican» debiendo siempre el juez «comprobar la existencia o no de una alternativa menos gravosa para el derecho a la integri-dad física», puesto que de esta manera se permitiría salvaguardar el derecho fundamental a la integridad física obteniendo idénticos fines a través de ins-trumentos alternativos, haciendo un uso adecuado del principio de proporcio-nalidad que, en todo momento, parece obviar la sentencia \ Así mismo, se ha entendido la esterilización como un justificado límite al derecho a la materni-dad, al no poder ser ésta entendida ni asumidas sus responsabilidades ^ o bien argumentando procesos hereditarios de la enfermedad. Pero ¿qué ocurre con el derecho a la paternidad? ¿es que éste no debe ser limitado? ¿porqué única-mente se considera la esterilización desde el punto de vista femenino? La sen-tencia no apunta una solución a estos problemas, ni tan siquiera se los plantea. Y además olvida otros problemas que si bien no se han planteado en nuestro ordenamiento si debemos considerar una vez que admitimos los planteamien-' No debemos olvidar en este sentido lo manifestado desde el Parlamento Europeo en su resolu-ción aprobada en otoño de 1992 y en la que se aboga porque los derechos de los deñcientes mentales única y exclusivamente se limiten en la medida estrictamente necesaria, incluso previéndose la revisión de las resoluciones judiciales sobre las declaraciones de incapacidad. * La falta de entendimiento de la propia maternidad parece constituir un argumento de peso a la hora de justificar la ablación del órgano sexual. Sin embargo la falta de entendimiento de la propia libertad sexual, es decir, la sexualidad irracional o no entendida, no parece ser elemento a tener en cuenta a la hora de proceder a limitar un derecho fundamental. En este debate, creemos que puede ser clarificadora la línea argumental utilizada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de febrero de 1986 sobre la capacidad mental. En la línea allí argumentada creemos que se puede afirmar que el entendimiento ha de presumirse siempre mientras no se destruya por una prueba concluyente en contrarío, requiriéndose por tanto una cum-plida demostración mediante adecuada prueba directa. En definitiva, los ribetes de generalidad en la justifi-cación limitativa de un derecho fundamental han de ser eliminados de los razonamientos jurídicos. 516 DERECHOS Y LIBERTADES REVISTA DEL INSTmjTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS tos recogidos en la sentencia del Tribunal. Por ejemplo ¿que ocurriría en el caso de personas que reiteradamente cometen delitos contra la libertad sexual de las personas cuya patología pueda hacerles merecedores de una clasifica-ción como enfermos mentales graves? ¿Se llegaría a la autorización de la este-rilización de dichas personas como ya ocurrió en los Estados Unidos? Si segui-mos los planteamientos del Tribunal Constitucional, al tratarse de una medida beneficiosa para el individuo que, a su vez padece una disminución en sus facultades mentales, y que podría mejorar su estado de salud habría de suplir-se su voluntad y autorizar tal medida. Pues bien, esto es tan execrable como el asunto que nos ocupa, pero una vez abiertas las vias de la irracionalidad su límite puede ser incierto. El Tribunal Constitucional ha vuelto a perder una ocasión de oro para contribuir a un avance clarificador del mundo de la diversidad. Y lo peor de ello es que lo ha echo mostrando su desinterés por la cuestión. La propia redac-ción de la sentencia, la división interna en el seno del propio Tribunal mani-festada en la formulación de tres votos particulares que disienten de la propia sentencia así como de un voto concurrente que la matiza, la argumentación de la misma, muestra que el Tribunal ha pasado de puntillas por una cuestión que merecía un proceso de reflexión mucho más intenso, aunque solo sea por lo fascinante del mundo de la diversidad. 517 

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