Zavala Salgado, Jorge

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Corte Interamericana de derechos humanos: Casos Velásquez Rodríguez y Godinez Cruz, interpretación de las sentencias de indemnización compensatoria

Universidad Carlos III de Madrid e-Archivo

SISTEMA INTERAMERICANO CORTE INTERAMEMCANA DE DERECHOS HUMANOS: CASOS VELASQUEZ RODRÍGUEZ Y GODINEZ CRUZ, INTERPRETACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA (Sentencia de 17 de agosto de 1990) J. A. Zavala Salgado Universidad Carlos III de Madrid. N el presente estudio se intentará analizar brevemente la inter-pretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la sentencia de indemnización compensatoria —sentencia de 17 de agosto de 1990— de los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz (art. 67 Convención Americana de Derechos Humanos). Dado que la interpretación de ambas sentencias obedece a una redac-ción idéntica, excepto en los aspectos consignados en los párrafos 32, 34, 37 y 39, tanto el comentario como la transcripción posterior de algunos de sus 641 DERECHOS Y LIBERTADES. NUm. 2 . - 21 DERECHOS Y LIBERTADES I REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS párrafos versarán sobre el caso Velásquez Rodríguez, los cuales se aplican mutatis mutandis al caso Godínez Cruz. Estos litigios, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos, los días 29 de julio de 1988 y 20 de enero de 1989 respectivamente, representan un paso importante en la consolidación tanto de la competencia contenciosa, como de la función consultiva de la Corte. En ambas sentencias la Corte decidió desestimar la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos opuesta por el Gobierno hondu-reno y determinó que se había violado la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl Go-dínez Cruz, en los derechos prescritos en los artículos 4, 5 y 7 en relación con el artículo 1.1 de la citada Convención. Igualmente, la Corte determinó que el Estado de Honduras debía cubrir una justa indemnización compensatoria a los familiares de cada una de las víctimas, cuya forma y cuantía serían fijadas por la misma Corte. Para la ejecución de los fallos, se establecieron dos procedimientos diferentes. En el caso Velásquez Rodríguez, se fijó un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la sentencia para que el Estado hondureno y la Comisión Interamericana llegaran a un acuerdo acerca de la indemnización; de no lo-grarse dicho acuerdo, en el plazo previsto, correspondería a la Corte su de-terminación. En el caso Godínez Cruz, la Corte directamente señaló la forma y cuantía de la indemnización; asimismo, señaló que la indemnización fijada se establecía sin perjuicio de que las partes pudiesen llegar a un acuerdo, que sería homologado por la misma Corte. La ejecución de las sentencias Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz se encontraron con una doble dificultad: por un lado, el Gobierno en ningún momento dio muestras de acogerse a la opción de pagar la indemnización a través de seis cuotas mensuales consecutivas (caso Velásquez Rodríguez in-demnización de la sentencia compensatoria, sentencia de 17 de agosto de 1990, par. 39; caso Godínez Cruz, interpretación de la sentencia de indem-nización compensatoria, sentencia de 17 de agosto de 1990, par. 39), ni can-celó ninguna de dichas cuotas. De otro lado, la pérdida del valor adquisitivo del lempira producida por la fuerte devaluación que ha venido sufriendo durante los últimos años, impide que las víctimas reciban la justa indemni-zación que legalmente les corresponde, ya no sólo por el impago, sino porque se ha reducido considerablemente el valor real de la suma fijada. Las decisiones de la Corte, motivadas por las demandas de interpreta-ción de las sentencias de 21 de julio de 1989 y por las peticiones de amplia-642 DERECHOS Y LIBERTADES I REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS I ción de los recursos de aclaración de las sentencias de 6 de julio de 1990, vienen caracterizadas al menos por tres aspectos: la ejecución judicial, la potestad que tiene la Corte de supervisar el cumplimiento de ese fallo y los efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico del Estado hondureno. Las consecuencias de este razonamiento resultan obvias. De un lado, no se discute el carácter obligatorio de las sentencias de la Corte para el Estado condenado; de otro, la supervisión realizada por la Corte refuerza el carácter definitivo de la sentencia, garantizando, por tanto, hasta las últimas consecuencias los derechos de los afectados. Por último, respecto a los efectos del fallo, los Estados están obligados no sólo a acatar la sentencia, sino, dentro de sus respectivas competencias, a tomar las medidas necesarias para agilizar y dar el grado de efectividad necesario a dicha sentencia, a fin de reparar en la medida de lo posible los derechos o libertades conculcados. La solución, adoptada en la sentencia que comentamos, constituye una medida eficaz para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte. Se trata de una medida inteligente —la supervisión del pago— que permite, en primer lugar, garantizar a las víctimas la reparación del derecho violado, controlando el pago de la suma adeudada y, en segundo lugar, vigilar que el Estado hondureno cumpla con las condiciones y términos establecidos en la sentencia. Sin embargo, no se puede restar importancia a la difícil situación eco-nómica por la que atraviesa, desde hace mucho tiempo, el Continente Lati-noamericano; situación que ha motivado en el caso de Honduras, la pérdida del valor adquisitivo del lempira, lo que produjo una disminución sustancial del valor real de la indemnización, que en un principio señaló la Corte. Esta situación no pasó inadvertida para ésta, ya que para conservar el capital asignado a los familiares de la víctima ordenó la creación de un fideicomiso en las condiciones más favorables según la práctica bancaria hondurena y, posteriormente, motivado por las peticiones de la comisión, ordenó el pago de sumas adicionales para compensar la pérdida en cuestión. La negativa de la Corte en aceptar la petición de la Comisión resulta congruente con el criterio expresado por ésta en otra oportunidad, cuando afirma "que el interés de un Estado puede verse afectado de una manera o de otra por una interpretación dada en una opinión consultiva" (par. 24, OC 3/83). No obstante, las medidas prudentes adoptadas por la Corte, mediante las cuales ordenó el pago de los intereses atrasados y de sumas compensa-torias, a fin de mantener el valor real de la indemnización, no parecen lo suficientemente contundentes para la conservación efectiva del capital, pues enfocan de forma conservadora los efectos de la devaluación en perjuicio de las víctimas. 643 DERECHOS Y LIBERTADES I REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS El planteamiento anterior nos conduce a concluir, que el fallo de la Corte se decantó por una especie de justicia formal, ya que las medidas ordenadas para contrarrestar los efectos de la devaluación, aunque no supo-nen nuevas obligaciones para el Estado, derivadas de la sentencia 1989, tam-poco parecen tener el alcance suficiente para garantizar el pago de: a) los intereses producidos por el retardo, y b) el ajuste del valor adquisitivo de la unidad monetaria para retrotraer su valor presente al momento del pago, al que tenía cuando debía haberse efectuado el mismo. Por tanto, la Corte debió tomar en cuenta, en la fundamentación de sus opiniones, otros aspectos además de los analizados en ios párrafos con-siderativos de la opinión consultiva. En este sentido, "el criterio fundamental es el que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y res-trictivamente las que los limitan o restringen. Ese criterio fundamental —prin-cipio pro homine del Derecho de los derechos humanos—, conduce a la con-clusión de que su exigibilidad inmediata e incondicional es la regla y su condicionamiento la excepción" (OC 7/86, opinión separada del juez Rodolgo Piza E., par. 36), de manera que, "la función consultiva deja Corte no puede desvincularse de los propósitos de la Convención. Dicha fimción tiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos hu-manos" (OC 1/82, par. 25; OC 2/83, par. 36). Estos criterios y "la claridad que debe rodear a esta clase de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que sus consecuencias sean cada vez más ejempla-rizantes y motiven a los pueblos en su fe por la defensa internacional de los derechos esenciales del hombre" (OC 3/83, opinión separada del juez Carlos Roberto Reina) desembocan en la conclusión de que la Corte debió acceder a las peticiones formuladas por la Comisión y, por consiguiente, imponer al Estado hondureno el pago de las sumas adicionales necesarias para reparar en la medida de lo posible los derechos y las libertades trasgredidos. Seguidamente reproducimos algunos de los párrafos de la interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria relativa al caso Velásquez Rodríguez: rv (...) 26. La interpretación de una sentencia implica no sólo la precisión del texto de los puntos resolutivos del fallo, sino también la determinación del alcance, el sentido y la finalidad de la resolución de acuerdo con las consideraciones de la misma. Este 644 DERECHOS Y LIBER^TADES I REVISTA DEL INSTITUTÜ BARTOLOMÉ DE LAS CASAS I ha sido el criterio de la jurisprudencia internacional [vgr. Eur. Court H. R., Ringeisen case (Interpretation of the judgment of 22 june 1972), judment of 23 june 1973, Series A, Vol. 16). 27. La indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del artículo 63.1 de la Convención, debe estar orientada a procurar la restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En esos supuestos, es procedente acordar el pago de una "justa indemnización" en términos lo suficientemente amplios para com-pensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida. 28. La Corte acordó, por eso, una indemnización que comprendió el lucro cesante, calculado con base en una estimación prudente de los ingresos posibles de la víctima durante el resto de su vida probable, así como los daños morales [Caso Velásquez Ro-dríguez, Indemnización Compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989, (art. 63.1 Con-vención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C, núm. 7, párs. 49 y 52]. 29. La naturaleza de la indemnización acordada, en cuanto comprende el lucro ce-sante calculado a lo largo de una vida probable, indica que la restitutio in integrum se vincula con la posibilidad de conservar durante un tiempo relativamente largo el valor real del monto acordado. Una fórmula posible para alcanzar ese objetivo es la llamada "indexación", que permite el ajuste periódico de los montos a pagar a fin de mantener constante su valor real. Sin embargo, tal método es aplicable, en general, sólo en aquellos casos en que la indemnización debe ser cubierta a través de cuotas pagaderas durante plazos relativamente largos. No es ese el supuesto presente, pues la Corte ordenó la cancelación de la totalidad de la indemnización de una sola vez o, a lo sumo, mediante el abono de seis cuotas mensuales consecutivas. 30. Esa circunstancia, sin embargo, no hace ajena a un caso como el presente la noción de la conservación del valor real de la suma estipulada pues, como se dijo, la compensación del lucro cesante en los términos en que ha sido calculado implica, en alguna medida, dicha noción. Es así que la Corte decidió, en el párrafo de la parte resolutiva de la sentencia que remite al párrafo 58, un medio de conservación del capital adeudado a los menores hijos de Manfredo Velásquez, a la menor hija de Saúl Godínez Cruz, como es su colocación en fideicomiso en el Banco Central de Honduras en las condiciones más favorables según la práctica bancaria hondurena. 31. La Corte interpreta que la expresión en las coruiiciones más favorables se refiere a que todo acto o gestión del agente fiduciario debe asegurar que la suma asignada mantenga su poder adquisitivo y produzca frutos o dividendos suficientes para acre-cerla; la frase según la práctica bancaria hondurena, indica que el agente fiduciario debe cumplir fielmente su encargo como un buen padre de fmilia y tiene la potestad y la obligación de seleccionar diversos tipos de inversión, ya sea mediante depósitos en moneda fuerte como el dólar de los Estados Unidos u otras, adquisición de bonos hipotecarios, bienes raíces, valores garantizados o cualquier otro medio aconsejable, como precisamente lo ordenó la Corte, por la práctica bancaria hondurena. 32. La Corte tuvo en su momento una preocupación similar a la expresada por la Comisión en sus escritos y en la audiencia, en orden a que la suma debida a los menores hijos de Manfredo Velásquez conservara su valor adquisitivo hasta haber alcanzado ellos la edad de veinticinco años y aun más allá. Por esa razón decidió 645 DERECHOS Y LIBERTADES I REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS colocar dicha suma en fideicomiso, institución que a diferencia de las cuentas bancarias ordinarias, debe precaver a la conservación del valor real de los activos y a su incre-mento. 33. La sentencia contempla el pago de la indemnización de una sola vez o en seis cuotas mensuales consecutivas. La Comisión pide que se imponga al Gobierno el desembolso periódico de sumas adicionales para mantener constante el valor de los activos originales mientras dure el fideicomiso. Es claro que esta solicitud, en los términos en que ha sido formulada, impondría al Gobierno una obligación que no se deduce de la sentencia, excede, en consecuencia, el ámbito de mera interpretación y exige de la Corte declarar que no hay lugar a lo pedido. 34. En su escrito recibido en la Corte de 6 de julio de 1990, la Comisión presentó una ampliación de la solicitud de interpretación de las sentencias en la que subrayó como, a pesar de haber transcurrido ocho meses desde la fecha de exigibilidad de la indemnización, el Gobierno aún no había hecho el pago correspondiente y solicitó que, para atender a las consecuencias de esa demora, la Corte ordenara el pago de: a) los intereses por dicho retardo, y b) el ajuste del valor adquisitivo de la unidad mo-netaria para retrotraer su valor presente al momento del pago, la que tenía cuando debía haberse efectiuido el mismo. 35. Respecto de este último escrito la Corte debe determinar ante todo si está fa-cultada para alcmlcí la solicitud así formulada. 36. Cabe obsci\.ií que. según el artículo 67 de la Convención, la Corte está facultada para interpielai sus tallos cuando exista desiieuerdo sobre el sentido o alcance de los mismos. En el escrito de la Comisión que nhiira se analiza, no hay mención alguna sobre aspectos del fallo de la Corte cuyos semutos o alcance sean dudosos o contro-versiales. Por el contrario, se denuncia que no se han cumplido términos claros de dicha sentencia, eomo son los plazos dentro de los cuales debió pagarse la indemni-zación acordada por la Corte. No es procedente, en consecuencia, dar curso a la petición de la Comisión, como una "ampliación" de la solicitud de interpretación anteriormente introducida por ella misma. 37. No obstante, como en los términos del fallo la Corte se reservó la supervisión del pago de la indemnización acordada e indicó que sólo después de su cancelación archivaría el expediente (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, par. 60.5) ella conserva jurisdicción sobre el presente caso y está habilitada para resolver sobre las consecuencias de la demora del Gobierno en abonar la indemni-zación ordenada. 38. A esos efectos cabe observar, en primer lugar, que el retardo se debe a un hecho del Estado de Honduras que se prolonga hasta hoy. En efecto, a pesar de las gestiones del Poder Ejecutivo de las que el Gobierno ha dado cuenta y de la buena voluntad de éste, que la Corte de ningún modo pone en duda, la realidad es que, hasta esta fecha, el pago no se ha efectuado, hecho éste imputable al Estado cuyas consecuencias deben ser resarcidas por éste, de modo que no se vean menoscabados los derechos de los beneficiarios de la indemnización. 39. Debe, además, señalarse que en ningún momento el Gobierno dio muestras de acogerse a la opción de pagar la indemnización a través de seis cuotas mensuales 646 DERECHOS Y LIBERTADES REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS I consecutivas (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, par. 57) ni canceló ninguna de dichas cuotas, que, por lo demás, estarían todas vencidas. La base del cálculo de los daños causados por la demora debe ser por lo tanto la totalidad del capital adeudado en la fecha de su exigibilidad, es decir, setecientos cincuenta mil lempiras desde el día 21 de octubre de 1989. La afirmación del Gobierno de que las sumas debidas no han sido entregadas a sus interesados ya que ellos esperan los resultados de la audiencia, no es óbice para la declaración anterior, entre otras razones, porque la publicación del decreto que autoriza el pago se hizo un año después de la sentencia que lo ordenó y solamente pocos días antes de la audiencia en cues-tión. 40. Es procedente, en primer lugar, el pago de intereses sobre el total del capital adeudado, que serán los bancarios corrientes a la fecha del pago en Honduras. Si tales intereses fueron acordados por la Corte para el supuesto en que el Gobierno optara por pagar en seis cuotas mensuales, ellos son aplicables a foriiori al retardo en el cumplimiento. 41. Existen, además, otros daños que deben ser compensados y que se vinculan con el derecho de los beneficiarios de la indemnización y, en su caso, el deber del agente fiduciario, de adoptar, desde el momento en que la misma se les debía, medidas tendientes a conservar el valor real de la suma percibida, para que ésta pudiera cumplir su finalidad como restitulio in integrum de los daños causados. 42. A este respecto la Corte observa que una de las vías más accesibles y comunes para lograr ese propósito, como es la conversión de la suma percibida a una de las llamadas divisas duras, se ha visto seriamente menoscabada por obra de la pérdida de valor del lempira frente al dólar de los Estados Unidos en el mercado de libre convertibilidad, desde la fecha en que el pago debió efectuarse. Este perjuicio real debe ser compensado por el Gobierno, en adición a los intereses bancarios corrientes, añadiendo a éstos el valor de dicha pérdida entre la fecha en la que el Gobierno debió pagar la indemnización y constituir el fideicomiso y no lo hizo, y aquella en que efectivamente lo haga. 43. Teniendo ya el Gobierno, como lo ha informado a la Corte, la autorización para pagar, debe proceder de inmediato a entregar la suma fijada en el Decreto níimero 59-90 a los beneficiarios de las indemnizaciones y del fideicomiso, pero aplicables, como es práctica corriente, primero a la compensación ya indicada y a los intereses, y luego al capital. Los faltantes de capital que quedaren luego de este pago, estarán sujetos a lo dicho en el párrafo 42 supra hasta su cancelación total. 647 

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