Justicia con actores responsables civiles y empresariales de la última dictadura militar corporativa concentrada y genocida: temas pendientes de las luchas por los DDHH en el proceso social de MVJ
El presente trabajo aborda la descripción y análisis de un caso ligado al devenir del juzgamiento en las décadas de democracia de la historia reciente de un actor civil que ejerció el rol de máxima autoridad política a cargo de un organismo estatal como la Comisión Nacional de Valores (CNV), bajo el imperio del terror estatal de la última dictadura militar corporativa concentrada y genocida. El abogado Juan Alfredo Etchebarne es juzgado por su intervención en la denominada causa “Banco de Hurlingham”, donde se señala que una treintena de personas pertenecientes a empresas -Industrias Siderúrgicas Grassi- y estudios jurídicos fueron detenidas-secuestradas y mantenidas en cautiverio en uno de los centros clandestinos de Campo de Mayo, y algunas de ellas posteriormente desapoderadas de bienes (siendo la empresa ACINDAR una posible beneficiaria secundaria de este accionar represivo). En la actualidad, una serie de lógicas y acciones judiciales enmarcadas en la opacidad pudieron concretar sobreseimientos, maniobras dilatorias y finalmente la liberación en el reinicio del último juicio contra este ex funcionario civil de la dictadura genocida. En definitiva, se libaron una serie de operaciones dentro del ámbito burocrático y judicial que pueden enmarcarse como parte de prácticas del actualmente denominado “lawfare” o “guerras jurídico-mediática-políticas”, en un juego institucional donde representantes de grandes corporaciones y élites logran presionar, disuadir, evadir la realización de la Justicia, uno de los pilares centrales de la democracia.Universidad Nacional de La Plat