Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
Abstract
En México hablar de democracia, implica la referencia obligada de las relaciones Estado -sociedad y sus principios de vinculación constitucional. Estas relaciones no se han caracterizado por ser libres, con principios de igualdad y equidad, que son los parámetros básicos para medir el grado real de democratización. Exponer los procesos de transición que han existido en México, implica hacer referencias a las diversas luchas que se han emprendido en diversos frentes para alcanzar estos principios básicos. Una de ellas, particularmente es el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, garantizado en los artículos sexto y séptimo constitucionales.
De forma resumida, señalamos que el sentido clásico de la libertad de expresión estriba en primer término en incentivar el desarrollo tanto personal como social. En segundo término, se hace referencia a los incentivos que se generan a partir del cumplimiento de este derecho fundamental, a la deliberación pública democrática (Madrazo, 2011:18-19). Evidentemente, al contrastar esta teorización con los casos empíricos y medir el grado de libertad de expresión, podemos encontrar hondas diferencias si revisamos a las entidades federativas. El estado de Nuevo León, a pesar de que ha experimentado procesos de alternancia política, esto no ha significado necesariamente un avance sustantivo en la democracia (Medellín, 2011) y en un eficaz Estado de derecho, que es una de las arenas indispensables de la consolidación del modelo democrático (Linz y Stepan, 1996). En mediciones recientes, Nuevo León está clasificado con un grado de impunidad muy alto [ocupando el lugar 17], mostrando un atraso importante en la procuración de justicia en el estado (Le Clercq y Rodríguez, 2018:40). En Nuevo León, al igual que en otros estados, se han incrementado los niveles de criminalidad y de presencia activa de carteles de narcotráfico. De acuerdo a un estudio de México Peace Index, hubo un aumento de la violencia en 87% en los años del 2003 al 2012, llegando al lugar 30 de 32 con los peores promedios de deterioro (Mexico Peace Index 2013: 11)
