En el presente artículo se desarrolla el tema del emplazamiento como acto procesal excepcional, encaminado a la notificación del demandado, cuando fracasa la notificación personal, regulado en el artículo 293 del Código General del Proceso, visto desde su efectividad o las garantías de que se reviste para garantizar la consecución material de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa (D.P. y D.DF), para ello se partirá de la contextualización del debido proceso, el derecho de defensa y el emplazamiento, aterrizando a los pronunciamientos emanados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, esta última como máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria; cuando la parte emplazada se enfrenta a la vulneración de sus derechos fundamentales, en el momento que el interesado en la notificación hace una afirmación en contravía la lealtad procesal y el principio de buena fe y, el legislador falta a su deber de observar de manera rigurosa las actuaciones surtidas en el proceso e ignora aquellas facultades que la ley le otorga a fin de lograr la notificación personal del demandado, cuando el emplazamiento es un acto excepcional. Por último, se dará un vistazo a los recursos y/o herramientas que están al alcance del demandado o emplazado para atacar el emplazamiento ilegal.Universidad Libre Seccional Socorro -- Facultad de derecho, ciencias políticas y sociales -- Especialización en derecho procesalThis article develops the issue of the summons as an exceptional procedural act, aimed at the notification of the defendant, when the personal notification fails, regulated in Article 293 of the General Code of the Process, seen from its effectiveness or the guarantees that are provided to ensure the material achievement of the fundamental rights to due process and the right of defense (D.P. y D.DF) , to this end, we will start with the contextualization of due process, the right of defense and the summons, based on the pronouncements issued by the Constitutional Court and the Supreme Court of Justice Civil Cassation Chamber, the latter as the highest court of the ordinary jurisdiction; when the summoned party faces the violation of his fundamental rights, at the moment that the interested party in the notification makes a statement contrary to the procedural loyalty and the principle of good faith and, the legislator fails in his duty to observe rigorously the actions taken in the process and ignores those powers that the law grants him in order to achieve the personal notification of the defendant, when the summons is an exceptional act. Finally, we will take a look at the remedies and/or tools that are available to the defendant or defendant to attack the illegal summons
