La presente investigación analiza el proceso de cumplimiento contencioso-administrativo, desde la perspectiva de la plena jurisdicción como garantía del administrado, en concordancia con la seguridad jurídica. En específico, se refuerza el criterio de la imposibilidad de cuestionar la validez de un acto administrativo dentro de este proceso. El objetivo general planteado fue: Determinar si el control de la validez de un acto administrativo firme puede ser objeto del proceso de cumplimiento contencioso administrativo; y los específicos fueron: a) Establecer las condiciones que garantizan un equilibrio entre la posición del administrado frente a la Administración en el proceso de cumplimiento contencioso-administrativo; b) Determinar cuáles son los caracteres generales del acto que debe ser ejecutado mediante el proceso de cumplimiento contencioso-administrativo y sus diferencias con los requisitos para la procedencia del proceso de cumplimiento constitucional; c)Describir los mecanismos de control de validez de actos administrativos facultados a la administración, en vía administrativa y judicial. Los métodos usados son el descriptivo, comparativo y el analítico-sintético; a partir de ello, se ha llegado entre otras, a las siguiente conclusión principal: La validez del acto administrativo firme no puede ser revisada por el Juez, ni cuestionada por la Administración dentro del proceso de cumplimiento contencioso administrativo, en razón a la naturaleza del proceso como uno declarativo y de condena; en el que en merito a la congruencia, el Juez debe limitar su pronunciamiento respecto de la ilegalidad de la omisión y ordenar a la administración las actuaciones necesaria para el pleno cumplimiento del acto omitido, pudiéndose además establecer el plazo de ejecución y la responsabilidad de quienes sean responsables de la falta de cumplimiento. Esta afirmación encuentra su fundamento en la aplicación e importancia que tienen los postulados del Derecho administrativo, las características y la teoría del acto administrativo, los principios del derecho administrativo, el régimen de nulidad de los actos administrativos en específico la nulidad de oficio y el proceso de lesividad como mecanismos de control de validez facultados a la Administración; y el proceso en sí mismo que se constituye en una garantía del administrado .De manera que, se garantice la tutela judicial efectiva y en conjunto se proteja la seguridad jurídica.Tesi
