Plantea que las escuelas, centros de salud y programas sociales no actúan como adecuados canales de detección, transmisión de información y alerta ante casos de violencia y situaciones de riesgo de los niños y adolescentes, ni ante la necesidad de actuar de modo urgente. Existen numerosos obstáculos culturales e institucionales que pesan en el posible usuario de los servicios de protección y que terminan desviándolo de la ruta: umbrales muy altos de tolerancia familiar a la violencia; discriminación por género, que hace de la niña rural una víctima con menos agencia; prestigio de las conciliaciones como mecanismo resolutor, lo que termina con la negociación de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres y niñas rurales; y temor al agresor y las consecuencias de la denuncia, dado que no existe respaldo institucional para esta iniciativa. Del mismo modo, sostiene que los prestadores de servicios, sobre todo los operadores de justicia, proyectan una imagen que genera desconfianza entre los pobladores de zonas rurales. Se teme al trato discriminatorio; a la inseguridad por el uso del idioma quechua; a la incertidumbre respecto de la homogeneidad de las resoluciones; así como a otros elementos: corrupción, lentitud y negligencia
