El informe identifica cuatro estrategias de política que juntas permitirán mejorar las condiciones educativas. Primero, fortalecer los elementos normativos y las capacidades de gestión en todos los niveles del sistema educativo, especialmente de las escuelas. Segundo, articular, en torno a objetivos de política comunes y bajo un modelo de gestión por resultados, las diferentes intervenciones que han mostrado efectividad en la mejora de la calidad educativa. Tercero, adoptar mecanismos de financiamiento basados en fórmulas capitadas (por alumno) que reflejen los costos totales de la provisión de servicios a diferentes poblaciones y en diferentes circunstancias, y que permitan viabilizar la gestión autónoma y participativa de la escuela. Y cuarto, crear un sistema integrado de información y administración educativa que produzca información actualizada, confiable y útil para la gestión descentralizada de la educación
