El presente estudio trató sobre la problemática surgida ante la publicación de la Ley
30710 que prohíbe la posibilidad de suspender la ejecución de una pena privativa de
libertad impuesta a sentenciados por el delito de lesiones y agresiones en contra de
las mujeres y los integrantes del grupo familiar contenido en el artículo 122-B del
Código Penal, un problema que actualmente puede considerarse mediático por cuanto
la sociedad tiene puesto sus ojos en la violencia familiar en atención al alto índice de
casos existentes. Se tuvo por objetivo determinar si imponer penas privativas de
libertad a los supuestos contenidos en el tipo penal señalado contribuye a disminuir la
comisión de los mismos, análisis que se realizó a partir de las entrevistas realizadas
a los señores fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque, año 2021.
Para ello, se realizó una revisión sistemática de diversas fuentes de información como
son: Scielo, Google Académico; así también normativa nacional, Código Penal,
jurisprudencia y doctrina respecto al derecho penal. El estudio fue de tipo básica,
enfoque cualitativo, de diseño no experimental de corte transversal y fenomenológico.
Se aplicó a los señores Fiscales y personal administrativo del Distrito Fiscal de
Lambayeque la guía de entrevista como instrumento de recolección de datos.
Obteniendo como resultado que la medida tomada por el estado de prohibir la
suspensión de la pena privativa de libertad a los sentenciados por el delito de Lesiones
y Agresiones en contra de las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar no ha
contribuido en la disminución de casos; por lo que se puede afirmar que la Ley 30710
no ha cumplido su finalidad y que por el contrario dicha prohibición es incompatible
con los principios de ultima ratio del derecho penal así como con los principios de
proporcionalidad, razonabilidad y humanidad de las penas, así como no es compatible
con los fines preventivos de la pena ni con los fines de rehabilitación y resocialización
de la pen
