La reforma de la legislación de televisión es una necesidad inaplazable. Hay que acabar con el rompecabezas legislativo actual, que comporta una dificultad inaceptable para los operadores y deteriora la seguridad jurídica. Sobre todo, es preciso superar una normativa que considera a la televisión servicio público, cuya gestión se "concede" a unos pocos. El desarrollo tecnológico hace que las diferencias entre la prensa y la televisión sean hoy adjetivas. Desde luego, la ordenación y asignación de recursos escasos no puede seguir siendo la excusa para publificar la actividad. Es preciso afirmar la libertad de televisión, que -en todas sus modalidades- ha de estar abierta a cuantas iniciativas sean técnicamente posibles. A partir de aquí, hay que controlar estrictamente la justificación y financiación de las televisiones públicas, incluidas las autonómicas. En una palabra, los poderes públicos deben centrarse en sus auténticas funciones, que no son ofrecer información y entretenimiento. Su papel está en asegurar la mayor competencia posible, evitar intolerables concentraciones multimedia y asegurar la protección de determinados bienes jurídicos
