Voz en DGDC sobre el procedimiento canónico para la imposición de penas por vía administrativa

Miras, J. (Jorge)

Universidad de Navarra

Procedimiento administrativo penal

Dadun, University of Navarra

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DGDC VINo será necesario conforme al derecho vi-gente, motivar los decretos que contengan unaprovisión, ni los rescriptos (en estos la motiva-ción la suele aportar el solicitante en suspreces).Según el c. 474, «los actos de la curia llama-dos a producir efecto jurídico deben ser sus-critos por el ordinario del que provienen,como requisito para su validez, así como tam-bién por el canciller de la curia o un notario».Finalmente, aunque solo es preceptivo enalgún caso, es muy conveniente incluir en elacto administrativo la información sobre laposibilidad y los cauces de impugnación deque puede servirse el destinatario.BibliografíaA. BUNGE, Las claves del Código, Buenos Aires2007; J. KRUKOWSKI, Notion de l'acte administratifindividuel dans le nouveau Code du droit canoni-que, en VV.AA., Dilexit iustitiam, Città del Vaticano1984, 495-502; E. LABANDEIRA, Tratado de dere-cho administrativo canónico, Pamplona 21993; J.MIRAS-J. CANOSA-E. BAURA, Compendio de dere-cho administrativo canónico, Pamplona 22005; J.MIRAS, Introducción al título IV del lib. I: «De losactos administrativos singulares», y sub cc. 35-58,en ComEx, I, 32002, 498-587; IDEM, sub cc. 35-93, en Código de Derecho Canónico. Edición bilin-güe y anotada, Pamplona 72007.Jorge MIRASPROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO PENALVid. también: ACTO ADMINISTRATIVO; ACUSACIÓN PE-NAL; APLICACIÓN DE LA PENA; DECLARACIÓN DE PE-NAS; DECRETO PENAL; PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-TIVO; PROCESO PENALEl procedimiento administrativo penal esuno de los cauces que pueden seguirse, en de-terminadas condiciones, para tomar la deci-sión que corresponda sobre la sanción de unaconducta contraria a una norma penal, des-pués de comprobar los hechos y la impu-tabilidad.El c. 1321 § 1 del CIC de 1983, en efecto,dispone que nadie en la Iglesia puede ser cas-tigado con una pena si no consta que ha come-tido la infracción externa de la ley o preceptoque prevén esa sanción (elemento objetivo) yque esa infracción le es gravemente imputa-ble, por dolo –que en materia penal significaintención deliberada de violar la ley o el pre-496cepto de que se trate– o por culpa –omisiónde la diligencia debida– (elemento subjetivo).El procedimiento administrativo penal pro-piamente dicho comienza cuando, como con-secuencia de la investigación previa que hallevado a cabo (cf cc. 1717-1719), el ordinariodecreta legítimamente (cf c. 1342) que se ha deproceder por vía administrativa (cf c. 1718).En estos casos (siempre que no se trate deun delito reservado a la Sede Apostólica), seha de seguir el procedimiento indicado en elc. 1720 del CIC. Esta norma solo indica escue-tamente tres estadios procedimentales sucesi-vos: el primero abarca todos los actos desdela citación hasta el final de la recogida depruebas y argumentos; el segundo la valora-ción de los elementos recogidos; y el tercerola emisión del decreto penal.Sin embargo, el legislador hace también enel c. 1720 una remisión, entre otros, al c. 1342§ 3, según el cual «lo que en la ley o en elprecepto se prescribe sobre el juez, respecto ala imposición o declaración de una pena enjuicio, se aplica también al superior que im-pone o declara una pena mediante decreto ex-trajudicial, a no ser que conste otra cosa y nose trate de prescripciones que se refieran soloal procedimiento».Esta salvedad final del texto se explica por-que, si se impusieran a la autoridad ejecutivaen el procedimiento administrativo las mis-mas formalidades y requisitos (plazos, pasos,personal, etc.) que al juez en el proceso, nohabría ninguna razón para elegir la vía admi-nistrativa. Sin embargo –y eso es lo impor-tante de la citada remisión–, el procedimientoadministrativo, aunque sea más flexible, ágily rápido, debe desarrollarse con las debidasgarantías para el reo, siguiendo para ello, ade-más de los aspectos aplicables del régimen alque remite el c. 1720, las normas y directivasde procedimiento relativas a la emisión de losactos administrativos y, en particular, a los de-cretos singulares (cf especialmente cc. 48-58).Trataré, por eso, de presentar en esta breveexposición la norma del c. 1720 integrada conlas que, a mi juicio, podrían completar esteprocedimiento en diferentes aspectos que nocuentan con normas propias, acudiendo tam-bién, por analogía, a las normas dadas paracasos semejantes (cf c. 19), concretamente a lasque regulan el proceso penal (cf cc. 1721 ss.).No olvido, por supuesto, que el c. 19 excep-túa del ámbito de la analogía las cuestionesPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PENALDGDC VIpenales, pero interpreto que en realidad, aquíno se trata inmediatamente de una cuestiónpenal, sino de procedimiento; y su empleo porvía analógica redunda en mayores garantíasdel reo (lo que prohíbe, a mi entender, el c. 19es aplicar analógicamente normas que tipifi-can un delito o que establecen una pena aotros casos no previstos expresamente enesas normas).Dicho esto, pasemos ya a explicar el desa-rrollo del procedimiento en las tres fases queprevé el c. 1720.1. En primer lugar, «se hará saber al reo laacusación y las pruebas, dándole la posibilidadde que se defienda, a no ser que el reo, legítima-mente llamado, no quisiera comparecer».En materia tan delicada como ésta, pareceadecuada la comparecencia personal del reopara conocer los extremos prescritos, que es loque parece dar por supuesto la redacción de lanorma al prever el caso de no comparecencia(aunque sin decir claramente en ese lugar cuá-les son los efectos precisos de esa eventuali-dad en estos procedimientos).La citación para comparecer puede ser lamisma notificación del decreto del c. 1718 (cfcc. 54-56), que puede contener también la invi-tación a nombrar abogado que asista al reo ensu comparecencia (cf, sobre esta materia, el c.1723, que refleja la necesidad de intervenciónde abogado, nombrado por el reo o por eljuez, en el proceso penal).En la comparecencia, en la que convieneque acompañen al ordinario el notario y, ade-más, los asesores de que habla el c. 1718 § 3,se deben comunicar detalladamente al reo lasacusaciones y pruebas. Si, por alguna causade gravedad proporcionada (que no es difícilque se dé en estos casos), no se le entrega ma-terialmente el escrito de acusación, sino que sehace una relación oral, se puede tomar comoreferencia el modo de notificación del c. 55, esdecir, la lectura «ante notario o ante dos testi-gos, levantando acta que habrán de firmar to-dos los presentes».El criterio que indica hasta qué punto hayque detallar las circunstancias y las pruebasdel posible delito en esa comunicación es quehay que dar, en todo caso, al reo la posibilidadde que se defienda (por ejemplo, permitién-dole tomar las notas que necesite; asignándoleun plazo suficiente para preparar su defensa,proponer pruebas, etc.).Si no lo ha hecho ya al dar el decreto del c.4971718, el ordinario puede decidir también eneste momento sobre la necesidad u oportuni-dad de adoptar algunas medidas cautelaresprovisionales, como las mencionadas en el c.1722 (apartamiento del ejercicio del ministeriosagrado o de un oficio o cargo eclesiástico, im-posición o prohibición de la residencia en unlugar o territorio, prohibición de recibir públi-camente la eucaristía), en la medida en quesean necesarias o convenientes para los finesque ahí se indican.Normalmente las actuaciones necesariastendrán lugar en dos o más comparecenciassucesivas, convocadas en los plazos que juz-gue convenientes el ordinario –que tiene granlibertad en la función ordenadora e impulsoradel procedimiento–, después de oír al reo ydejando siempre a salvo el derecho de de-fensa, aunque evitando en lo posible demorasinútiles. Para la práctica de la prueba puedenservir de referencia los cc. 1526-1586.2. Una vez practicadas las pruebas y recogi-dos los elementos necesarios (teniendo pre-sente la conveniencia de conceder al reo la fa-cultad prevista en el c. 1725: «En la discusiónde la causa, ya se haga por escrito ya sea oral,el acusado tiene siempre derecho a escribir ohablar en último término, bien personalmenteo bien por su abogado o procurador»), el ordi-nario debe «sopesar cuidadosamente con dosasesores todas las pruebas y argumentos».Estos asesores, lógicamente, pueden ser (in-cluso conviene que sean) los que ya han inter-venido en el procedimiento.Para la valoración de las distintas pruebaspresentadas puede tenerse en cuenta lo dis-puesto en los cánones sobre la prueba antescitados.También es posible que, a la vista de los ele-mentos recogidos, se vea la conveniencia deun suplemento de instrucción para verificaralgunos de los datos que han emergido.3. Por último, el c. 1720 dice que «si constacon certeza el delito y no se ha extinguido laacción criminal, dictará decreto de acuerdocon los cc. 1342-1350, exponiendo, al menosbrevemente, las razones de derecho y dehecho».En cuanto a la certeza exigida por la norma,puede ser útil atenerse, congrua congruis refe-rendo, a las reglas recogidas en el c. 1608 sobrela certeza moral del juez, teniendo en cuentaque si hay la menor duda fundada, es precisoPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PENAL DGDC VIabsolver al reo de la acusación (cf, de nuevo,c. 1321 § 1).Los cc. 1342-1350, que deben tenerse encuenta al dictar el decreto con el que concluyeel procedimiento administrativo (decreto pe-nal), son los que indican sobre todo los debe-res y los poderes y facultades discrecionalesdel juez al imponer las penas en un procesojudicial.El decreto penal debe ser, por supuesto, mo-tivado –el canon reitera específicamente la exi-gencia del c. 51–; y es uno de los que el c. 36§ 1 manda que se interpreten estrictamente.El decreto debe ser notificado al reo con-forme a los cc. 54-55. Contra él cabe recursojerárquico (cf cc. 1732 y 1737-1739) que, porexcepción, tiene efecto suspensivo automático(cf cc. 1736 y 1353), y –en su caso, una vezagotada la vía jerárquica– recurso conten-cioso-administrativo (cf c. 1445 a la luz del art.123 PB).Este procedimiento administrativo puedeseguirse también para la aplicación de reme-dios penales (amonestación y reprensión) y depenitencias (cf cc. 1339, 1340 y 1342 § 1). Y sepuede seguir un procedimiento similar, te-niendo en cuenta las normas procedimentalesespecíficas que pudieran existir, para la aplica-ción de otras sanciones administrativas, disci-plinarias o de otro tipo, previstas en diversasnormas extracodiciales.BibliografíaA. CALABRESE, Diritto penale canonico, Città delVaticano 1996; V. DE PAOLIS-D. CITO, Le sanzioninella Chiesa. Commento al libro VI, Roma 2000; J.MIRAS-J. CANOSA-E. BAURA, Compendio de dere-cho administrativo canónico, Pamplona 22005; E.LABANDEIRA, Tratado de derecho administrativo ca-nónico, Pamplona 21993; F. PÉREZ MADRID, Dere-cho administrativo sancionador en el ordena-miento canónico. Una propuesta para suconstrucción, Pamplona 1994; J. M. SANCHIS,Legge e precetto penale, Milano 1993; IDEM, subcc. 1717-1720, en ComEx, IV/2, Pamplona 32002.Jorge MIRASPROCEDIMIENTODISCIPLINARVid. también: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO;SANCIÓN; UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTO-LICA (ULSA)El procedimiento disciplinar es un procedi-miento administrativo que tiene por objeto498propio la aplicación de sanciones disciplina-res; así, se trata de un procedimiento llevadoa cabo por un ente, corporación o administra-ción pública frente a un miembro o empleadoque haya transgredido un deber de oficio.Este procedimiento no aparece regulado enla legislación universal. En cambio, el Regla-mento general de la curia romana de 1999 prevéun procedimiento disciplinar típico para exi-gir responsabilidad disciplinaria al personaldependiente de los diversos dicasterios encaso de que infrinja sus deberes profesionales,sin perjuicio de la responsabilidad penal exigi-ble en cada caso. Muy similares a éste son losprocedimientos disciplinares contenidos el Re-glamento para el personal de la Tipografía Vati-cana-Editorial «L'Osservatore Romano», el Regla-mento para el Centro Televisivo Vaticano, y elReglamento para el personal de Radio Vaticana.Todo ese complejo de normas guarda una es-trecha conexión con el marco jurídico generalestablecido en el CIC de 1983 (cc. 193, 318, 552,554, 563, 572, 1457 y 1470), así como en otrasnormas específicas como es el M.P. Iusti iudi-cis, del 28.VI.1988, (cf los arts. 5 y 6).El título X del RGCR enumera en el art. 70las sanciones disciplinares que serán aplica-bles en este procedimiento. Éstas son: a) laamonestación oral, la amonestación escrita yla multa pecuniaria; b) la suspensión del ofi-cio; c) la remoción; d) el despido, y por último,e) la privación de derecho.Además, en los arts. 84 y 85, se regula lasuspensión cautelar. En primer lugar, el jefedel dicasterio podrá decidir si suspende o no aquien esté sujeto a una acción penal en el Es-tado de la Ciudad del Vaticano o en otro Es-tado, o bien por motivos graves, incluso antesde que se haya iniciado o concluido un proce-dimiento disciplinar (art. 84 RGCR). En se-gundo lugar, se deberá aplicar la suspensióncautelar cuando se le imponga una medidarestrictiva de libertad en el Estado de la Ciu-dad del Vaticano o en otro Estado, o bien porotros motivos graves que impliquen el des-pido del oficio (art. 85 RGCR). Los efectos eco-nómicos serán diversos en cada uno de loscasos.El procedimiento de aplicación de las san-ciones disciplinares está regulado en los arts.80-83 del RGCR. Esta normativa presenta no-tables mejoras respecto del Reglamento prece-dente, sobre todo al determinar las autorida-des que deberán intervenir según la gravedad

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