Voz en el DGDC sobre esta expresión con la que el CIC frecuentemente se refiere al sujeto de la potestad ejecutiva con competencia para determinada actuación jurídic

Miras, J. (Jorge)

Universidad de Navarra

Autoridad competente

Dadun, University of Navarra

AUTONOMÍA PRIVADA DGDC Ibraciones; en ellas se determina lo referente asu constitución, régimen y procedimiento».Este poder reglamentario que se concede a losfieles es consecuencia del reconocimiento desu derecho de reunión (c. 215), al que másarriba nos referíamos. En congruencia con esederecho de reunión, el c. 95 se refiere a «lasreuniones de personas [...] libremente promo-vidas por los fieles», y les reconoce, por tanto,ese poder reglamentario para establecer «lasreglas o normas» que se han de observar enellas. Se trata, por tanto, de reglas o normasque son fruto de la autonomía privada de losfieles y consecuencia del principio de autono-mía que, como hemos visto, es un principiogeneral del derecho canónico.BibliografíaW. BERTRAMS, Das Privatrecht der Kirche, enQuaestiones fundamentales iuris canonici, Roma1969, 83-115; R. BIDAGOR, Consideraciones histó-rico-jurídicas sobre la distinción del derecho pú-blico y derecho privado en derecho canónico,Miscelánea Comillas, 34-35 (1960) 545-574; J.HERVADA, Cuatro lecciones de derecho natural,Pamplona 1989, 87-120; R. LESAGE, L'autonomieprivée dans le droit de L'Eglise, en La norma en elderecho canónico, I, Pamplona 1979, 1137-1150;P. LOMBARDÍA, Personas jurídicas públicas y priva-das, en Escritos de derecho canónico y de derechoeclesiástico del Estado, IV, Pamplona 1991, 609-628; E. MOLANO, La autonomía privada en el orde-namiento canónico, Pamplona 1974; IDEM, Funda-mento y función de la autonomía privada en el de-recho canónico, en La norma en el derechocanónico, I, Pamplona 1979, 1159-1165; V.PRIETO, Iniciativa privada y personalidad jurídica:las personas jurídicas privadas, Ius canonicum, 25(1985) 527-573; IDEM, Iniciativa privada y subjeti-vidad jurídica, Pamplona 1999; S. ROMANO, «Au-tonomia», en Frammenti di un Dizionario giuri-dico, Milano 1947, 14-30.Eduardo MOLANOAUTORIDAD COMPETENTEVid. también: COMPETENCIA; OFICIO ECLESIÁSTICO;POTESTAD DE RÉGIMEN«Autoridad competente» es el titular de unoficio de gobierno que goza de la competencianecesaria para una determinada actuación ju-rídica pública, que implica generalmente ejer-cicio de potestad.El derecho emplea esta expresión genéricapor razones de concisión y economía norma-tiva, ya que permite incluir en el enunciado deuna norma a los diversos sujetos que podrían588estar, en principio, facultados para tratar unasunto en virtud de su oficio o, en general,de la posición jurídica pública que ostentanconforme a derecho.El adjetivo competente posee en el sintagmauna función determinativa, e indirectamentelimitadora: indica que el derecho no habilita atoda autoridad pública para actuar en cual-quier caso. Además de la necesaria potestad,para actuar legítimamente –e incluso válida-mente, cuando así lo establece el derecho– serequiere que la autoridad de que se trate tengacompetencia, es decir, la facultad de ejercer esapotestad en una determinada materia (compe-tencia material), en un determinado territorio(competencia territorial), en relación con deter-minadas personas (competencia personal), ocon preferencia a otros sujetos también com-petentes (competencia funcional). Medianteeste adjetivo, por tanto, el legislador remite alas diversas normas que establecen los crite-rios –y, en su caso, regulan la resolución deconflictos– de competencia, especificando deese modo para el caso concreto la habilitacióngenérica que establece a favor de la «autori-dad competente».En el CIC de 1983 se usa con bastante fre-cuencia (en más de noventa ocasiones) estaexpresión. También es frecuente su uso en loscánones del CCEO de 1990. Alguna vez apa-rece referida en el CIC de 1983 a los titularesde potestad judicial (cf p. ej., c. 221) o incluyea los titulares de potestad legislativa (cf, p. ej.,c. 576). Pero generalmente se utiliza para refe-rirse al sujeto de actividades de gobierno com-prendidas en el ámbito de la potestadejecutiva.Como es sabido, el § 1 del c. 135 del CICestablece que la potestad de gobierno –tam-bién llamada de jurisdicción: c. 129 § 1– «sedistingue (distinguitur) en legislativa, ejecutivay judicial». Esta norma introduce en el dere-cho canónico la distinción formal –no radicalseparación, que no sería compatible con laconstitución divina de la Iglesia– de tres as-pectos o funciones de la potestad de jurisdic-ción que son realmente distinguibles por sucontenido material, por sus finalidades inme-diatas y por sus efectos característicos. Ade-más, el CIC ordena jurídicamente el ejerciciode la potestad en cada uno de esos aspectos,regulando de manera diferenciada sus actosy procedimientos propios, y estableciendo ladistinción conceptual y, en cierta medida, orgá-nica de los sujetos que ejercen cada potestad.AUTORIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERADGDC IEn virtud de esta distinción conceptual, enel derecho vigente al sujeto de la potestad le-gislativa se le llama genéricamente legislador(cf, p. ej., cc. 8, 16 § 1, 17, 29, 135 § 2, 466,1318); al sujeto de la potestad judicial, juez otribunal (cf, p. ej., cc. 125, 1419, 1425, 1442,1590, etc.); y al sujeto de la potestad ejecutiva,autoridad ejecutiva o autoridad ejecutiva compe-tente (cf, p. ej., cc. 48, 59, 76) y también autori-dad, autoridad competente (cf, p. ej., cc. 137 § 3,139), o superior (cf, p. ej., cc. 1736-1739).Conviene aclarar, de todos modos, que lamencionada distinción conceptual significaque, en el sistema canónico de distinción defunciones, es cuestión de concepto que el legis-lador no ejerce, en cuanto tal, potestad judicialo ejecutiva; la autoridad ejecutiva no ejercepotestad legislativa ni judicial; y el juez noejerce potestad ejecutiva ni legislativa. Noquiere decir, en cambio, que el CIC use siem-pre esos nombres cuando se ocupa de supues-tos concretos de ejercicio de una u otra potes-tad (p. ej., muchas veces se designa al sujetode una actuación por el nombre de su oficio).BibliografíaE. LABANDEIRA, Tratado de derecho administra-tivo canónico, Pamplona 21993; J. MIRAS-J. CA-NOSA-E. BAURA, Compendio de derecho adminis-trativo canónico, Pamplona 22005.Jorge MIRASAUTORIDAD DEINFORMACIÓN FINANCIERA(AIF)Vid. también: CIUDAD DEL VATICANO [ESTADO DELA]; CONVENIOS INTERNACIONALES [ADHESIÓN DE LASANTA SEDE A]; LEYES DE LA CIUDAD DEL VATICANO;PERSONALIDAD INTERNACIONAL DE LA SANTA SEDESUMARIO: 1. Introducción. 2. Adaptación a la nor-mativa europea. 3. Adhesión de la Santa Sede a lanormativa del Estado de la Ciudad del Vaticano.4. La Autoridad de Información Financiera y susfunciones. 5. Conclusiones.1. IntroducciónEn la era de la información, la transparenciase ha hecho más necesaria que en ningún otromomento. La dedicación a un fin no lucrativo,como ocurre en la actividad de la Iglesia, nojustifica por sí misma el uso de los bienes. «Eldebate acerca de la transparencia y de la res-ponsabilidad surge en el seno de una econo-589mía y de una sociedad de la información glo-balizadas donde los consumidores son cadavez más exigentes y la información fluye abajo coste y en tiempo real» (REY GARCÍA 9).Benedicto XVI, consciente de esta situación,ha afirmado en su Encíclica Caritas in veritate:«Cabría desear que los organismos internacio-nales y las organizaciones no gubernamenta-les se esforzaran por una transparencia total,informando a los donantes y a la opinión pú-blica sobre la proporción de los fondos recibi-dos que se destina a programas de coopera-ción, sobre el verdadero contenido de dichosprogramas y, en fin, sobre la distribución delos gastos de la institución misma» (BENE-DICTO XVI, Enc. Caritas in veritate, 29.VI.2009,n. 47).Esta exigencia parece dirigida sólo hacia losorganismos internacionales y las organizacio-nes no gubernamentales pero el mismo Bene-dicto XVI ha insistido en que también debedarse en el seno de la Iglesia. Ha sido significa-tiva la publicación, el 30.XII.2010, de una CartaApostólica en forma de Motu Proprio sobre laprevención y la lucha contra las actividades ile-gales en el campo financiero y monetario. Lacomunidad internacional se está dotando deinstrumentos de defensa ante el blanqueo decapitales y la financiación del terrorismo. «LaSanta Sede aprueba este compromiso y quierehacer suyas estas reglas en el uso de los recur-sos materiales que sirven para el desarrollo desu misión y de las tareas del Estado de la Ciu-dad del Vaticano» (BENEDICTO XVI, M.P. Sobre laprevención y lucha contra las actividades ilegales enel campo financiero y monetario).2. Adaptación a la normativa europeaParte del esfuerzo internacional en la pro-tección del sistema financiero lo representa laDirectiva 2005/60/CE del Parlamento Euro-peo y del Consejo de Europa, de 26.X.2005(modificada por las Directivas 2007/64/CE,2008/20/CE y 2009/110/CE). Su objetivo esimpedir la utilización del sistema financieropara el blanqueo de capitales y para la finan-ciación del terrorismo.En ella se definen las actividades delictivasasí como las entidades obligadas a cumplirmedidas especiales de seguridad. Se prevé lacreación de las unidades de información fi-nanciera en los países de la Unión y la imposi-ción de sanciones para el incumplimiento delas medidas prescritas.El 17.XII.2009 se firmó un nuevo convenio

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