Herráez, B. (Bernardo)

Universidad de Navarra

Desarrollo de los decretos generales de la conferencia episcopal en materia económica

Dadun, University of Navarra

DESARROLLO DE LOS DECRETOS GENERALES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN MA TERIA ECONOMICA BERNARDO HERRAEZ El derecho particular, que regula la vida económica de la Iglesia Católica en España, se contiene en el art. 14, 2 Y 3 del primer D@-creto General y en los artículos 9 al 16 del Segundo Decreto General de la Conferencia Episcopal Española, sobre las normas complemen-tarias al nuevo Código de Derecho Canónico, así como en el Decreto General sobre algunas cuestiones especiales en materia económica. Estos Decretos han sido promulgados en los números 3 y 6 del Bo-letín Oficial de la Conferencia Episcopal Española y están en vigor desde el 7 de julio de 1984 y desde el 25 de agosto de 1985, respecti-vamente. 1. FONDO COMÚN INTEJIDIOCESANO El Fondo Común Interdiocesano se ordena preferentemente al cumplimiento de las finalidades marcadas en el c. 1274 y se rige por las disposiciones contenidas en el Reglamento de ordenación eco-nómica de la Conferencia. En su artículo 6, este Reglamento dispone: «§ 1. El Fondo Común Interdiocesano estará constituido por 658 BERNARDO HERRÁEz aquellos bienes, valores, derechos y cualesquiera aportaciones entre-gadas a la Iglesia en España o a la Conferencia Episcopal para el sostenimiento ' y actividades de las diócesis, de otras Entidades de-pendientes de la Iglesia, de la misma Conferencia Episcopal, o para las necesidades generales de la Iglesia en España, cuya distribución deba :;¡er determinada por la misma Conferencia Episcopal. § 2. Básicamente dicho fondo está integrado por: a) La ayuda económica percibida a través del Estado. b) Las aportaciones de las diócesis, fieles, etc., para una intercomunicación de bienes entre todas». . Entre los fines asignados al Fondo en el arto 6 § 1 del Regla-mento, figuran expresamente o en ellos están incluidas las finalida-des del C. 1274: la sustentación y Seguridad Social del Clero, la re-muneración de las personas que sirven a la Iglesia, la financiación de las necesidades de las diócesis, la ayuda de las diócesis más ri-cas a las diócesis más pobres. En realidad, este Fondo Común Interdiocesano fue creado en la XXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal los días 20-25 de noviembre del año 1978. Durante siete años se han ido per-feccionando los . criterios de constitución y reparto, con unos u otros matices, pero sin cambiar el sistema actualmente vigente. El Estado viene cumpliendo con fidelidad el compromiso pac-tado con la Iglesia 1 y la Conferencia Episcopal realiza la distribu-ción del fondo con toda libertad e independencia 2. . Los criterios de constitución y reparto del Fondo Común Inter-diocesano se presentan anualmente a la Asamblea Plenaria que cele-bra el Episcopado de forma ordinaria todos los años en el·mes de noviembre. 1. El Acuerdo Iglesia-Estado, en el Art. 11, 2, dice: «Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este Acuerdo, el Estado podrá asignar a la Iglesia Católica .... , Yen' el 4, dice: «En tanto no se aplique el ' nuevo sistema, el Estado con-signará en sus Presupuestos . Generales la adecuada dotación a la Iglesia Ca-tólica, con carácter ,global y único, . que será actualizada anualmente». 2. Acuerdo Iglesia-Estado. Protocolo Adicional 1: «La aplicación de los fon-dos, proyectada y realizada por la Iglesia, dentro del conjunto de sus nece-sidades ... ». ' DECRETOS GENERALES EN MATERIA ECONÓMICA 659 Así, la Propuesta de Constitución y Reparto del Fondo Común Interdiocesano para el año 1986 es la siguiente: I Dotación estatal ... .. . ... ... ... ... ... 12.677.726.000 » 11 Subvención para reparación de tem-plos y casas rectorales ... . .. ... ... ... 46.453.000 » 111 Aportación de las diócesis ... ... ... . .. 1.041.102.156 » IV Rendimiento del Fondo y superavit del ejercicio anterior ... ... ... ... ... 90.000.000 » Total del Fondo Común Interdiocesano 13.855.281.156 » La Distribución del Fondo se hace de forma que se garantice a to-do sacerdote la percepción de 36.000 pesetas mensuales por 14 men-sualidades al año, una vez conocidas las distintas fuentes de ingresos que puedan tener los sacerdotes. El Fondo actúa como fuente regula-dora a favor de aquellos sacerdotes que no tuvieran estos ingresos por otras vías. De esta forma, el Fondo Común Interdiocesano financia el costo de la Seguridad Sodal del clero diocesano, garantiza la dotación básica de todos los sacerdotes, complementa la pensión de los sacer-dotes jubilados, contribuye a la conservación de templos y casas pa-rroquiales, ayuda a la financiación de las actividades pastorales de las diócesis y parroquias, contribuye con aportaciones importantes a los presupuestos de la Conferencia Episcopal, de las CONFERS masculina y femenina, universidades, facultades eclesiásticas y de centros eclesiásticos en el extranjero. El problema crucial de este Fondo viene dado por la escasa parti-cipación en el mismo de las ayudas provenientes de los fieles. Se debiera invertir la proporción entre los distintos capítulos que lo integran, de suerte que el capítulo más importante fuera el d~ la aportación de los fieles a través de las diócesis respectivas. 11. FONDO PARA LA SYSTENTACIÓN DE LOS CLÉRIGOS QUE PRESTAN UN SERVICIO EN LA DIÓCESIS El Obispo diocesano puede configurar este Fondo como · funda~ ción píaaut6noma, mediante un de.cretQ que. fijé los estatutos de la 660 BERNAROO HERRÁEZ fundación púbilca titular del mismo, en los que se detallen sus órga-nos de gobierno, régimen administrativo, etc. Pero parece más acon-sejable que el Fondo tenga solamente autonomía contable y los bie-nes estén a nombre de la diócesis. En este caso, es mucho más sen-cillo el procedimiento de gestión por las mismas personas y orga-nismos que administran los bienes de la diócesis, se evitan duplici-dades, se ahorra trabajo, a la vez que se simplifica la estructura económica de la diócesis. El Fondo se nutre: 1.0) De los bienes y oblaciones entregados con destino al mismo. 2.°) De los bienes de las fundaciones pías no autó-nomas una vez vencido el plazo para el cual fueron constituidas, a no ser que el donante les hubiera asignado expresamente otro destino. Para las fundaciones no autónomas constituidas según las normas del Código de 1917, el plazo de vencimiento son cincuenta años. Son fundaciones pías no autónomas los bienes temporales no erigidos co-mo personas jurídicas sino dados a una persona jurídica pública con la carga de emplear las rentas anuales durante un largo período de tiempo en celebrar misas, cumplir determinadas funciones eclesiás-ticas o realizar obras de piedad, apostolado y caridad. 3.°) De las rentas e incluso de la misma dote de los beneficios propiamnte dichos que existan todavía en nuestro territorio, a saber, beneficios episco-pales, canonicales, parroquiales y de las capellanías. Todos los res-tantes bienes cuyas rentas se han venido aplicando a la sustentación del clero son también beneficia les y deberán pasar al Fondo. Se pre-sumen beneficiales los bienes sobre cuya naturaleza beneficial hay duda a causa de la aplicación que han tenido sus rentas o de cualquier otro motivo. Por tanto, mientras no conste su carácter no beneficia!, estos bienes podrán ser declarados beneficia les por el Obispo con el consentimiento del Colegio de consultores, después de oír al Consejo de asuntos económicos. Una vez hecha dicha declaración como bienes beneficiales, si nadie solicita su renovación ni interpone recurso con-tra ella, o si el recurso interpuesto es rechazado por el superior com-petente conforme a derecho, el Ecónomo de la diócesis podrá realizar todas las gestiones y suscribir todos los documentos necesarios, de acuerdo también con las prescripciones del derecho civil, para poner los bienes declarados beneficiales a nombre del titular del Fondo. 4.°) Al Fondo para la sustentación del clero podrían pasar también, por decisión del Obispo, las rentas de las fundaciones, autónomas o no autónomas, que superen la plena satisfacción de las cargas funda-cionales y supuesta la necesaria redotación del capital para que la fundación no sufra deterioro. El arto 4 del Decreto General sobre algunas cuestiones especiales en materia económica dice que dichas rentas pueden destinarse a «necesidades diocesanas». Como esta ex-DECRETOS GENERALES EN MATERIA ECONÓMICA 661 presión es general, no excluye la sustentación del clero y no significa necesariamente asignación de las rentas en cuestión al Fondo común diocesano del c. 1274 § 3, el Obispo puede decidir el destino de las rentas de las fundaciones que superen la satisfacción de las cargas fundacionales tanto al Fondo para el clero como al Fondo común diocesano. 111. RETRIBUCIÓN DEL CLERO Todos los sacerdotes que trabajan con plena dedicación en .mi-nisterios sacerdotales recibirán una misma dotación básica mínima fijada, de modo vinculante para todos los Obispos, por la Conferen-cia Episcopal. Esta dotación básica es igual si la plena dedicación se ejerce en uno o en varios cargos o ministerios, ya que la pluralidad de cargos o ministerios serán considerados como partes de un úni-co oficio. La dotación básica mínima, igual para todos los sacerdotes, se-rá completada por cada Obispo con los complementos necesarios pa-ra que la dotación sea congrua, atendidas las circunstancias de la dió-cesis y de cada sacerdote. Compete al Obispo diocesano, después de oír al Consejo presbi-teral y al Consejo de asuntos económicos, establecer el Reglamento por el que han de regirse las retribuciones de los clérigos y aprobar las nóminas y sus ulteriores variaciones propuestas por el Ecóno-mo en aplicación concreta de dicho Reglamento. Quien no estuviere conforme con la aplicación del Reglamento a su caso concreto puede solicitar la mediación del Consejo que, a tenor del c.1733, ordenará crear en la diócesis la Conferencia Episcopal, así como interponer recurso ante el Superior competente. Los sacerdotes que desempeñan sus actividades en instituciones no diocesanas con misión canónica percibirán sus honorarios a través del Obispado, salvados siempre los derechos que cada sacerdote pu-diera tener. La Conferencia Episcopal y el Obispo propio pueden permitir a los sacerdotes percibir directamente su retribución en las instituciones donde trabajan, cuando haya razones específicas de su misión pastoral. La razón de esta norma es evitar la excesiva desigualdad en la retribución por el ejercicio de un cargo encomendado por el Obispo lo mismo que el de los restantes clérigos de la diócesis. La aplicación estricta de esta norma significaría la falta de una relación laboral 662 BERNARDO HERRÁEZ directa entre la institución y el sacerdote, así como la práctica exis-tencia de un contrato de servicios entre la institución en que se desem-peña el cargo y la diócesis; ésta retribuiría de modo congruo al sacerdote. Como esta aplicación estricta puede no ser posible siem-pre, debido a posibles derechos del sacerdote o a otras dificultades provenientes de la naturaleza de la institución y del cargo desempe-ñado, la Conferencia Episcopal y el Obispo propio pueden permitir la retribución directa del sacerdote por la institución donde éste tra-baja. Pero la exigencia del permiso de la autoridad haría posible a ésta tener conocimiento de la cuantía de la remuneración recibida de la institución, en orden a determinar si por ése y por otros cargos acaso desempeñados en la diócesis debe o no ser retribuido también con cargo al Fondo de sustentación del clero. Por ejemplo, si un pro-fesor de religión en un Centro estatal recibe del Centro una retribu-ción que supera la dotación establecida en la diócesis como congrua, no debería ser retribuido con cargo al Fondo del clero por otros po-sibles ministerios que el Obispo le encomiende. Subyace en este capítulo una filosofía no concorde con la men-talidad de ciertos grupos de personas. La Iglesia siempre ha supuesto que el ejercicio del ministerio no es una profesión, cuya dedicación se deba medir por razones económi-cas. Hasta el propio sistema beneficial pretendía dejar libre de preo-cupaciones económicas al sacerdote en el ejercio del ministerio, al asegurarle la congrua sustentación con las rentas del beneficio. El ejercicio del ministerio sacerdotal debe realizarse en forma gratuita. Pero el que se dedica «al servicio divino en el cumplimiento del car-go que se le ha encomendado, merece recibir una justa remunera-ción» (P.O. 20). Por esta razón, el Concilio Vaticano 11, en la P.O. 20, dice: «Los fieles mismos, como quiera que por su bien trabajan los presbíteros, tienen verdadera obligación de procurar que se les proporcionen los medios necesarios para llevar una vida honesta y digna». Repugna en estos tiempos la aparición de propuestas que vuel-ven con fuerza a querer crear diversos cuerpos eclesiásticos dentro del clero. Y a veces se lucha por escalar puestos de escalafón más en razón de la economía que en razón del ministerio. Ultimamente se ha abierto el camino de los contratos de servi-cio para profesores de Religión en E.G.B., Capellanes en Centros Hos-pitalarios, etc. 00' más en consonancia con este espíritu que los habitua-les contratos personales, por los cuales los sacerdotes quedan vincu-lados a los compromisos laborales y económicos en igualdad de cir-cunstancias al resto del personal asalariado de las empresas o centros DECRETOS GENERALES EN MATERIA ECONÓMICA 663 de trabajo. Tal sucede con los profesores de Religión de Centros de BUP o. de Formación Profesional. La diferencia de retribución de los sacerdotes con clases de Re-ligión u otras disciplinas es tan grande frente a los sacerdotes dedi-cados al ministerio parroquial o cura de almas, que hiere la sensibi-lidad de todos los que carecen de igualdad de oportunidades y fomen-ta el absentismo ministerial. Se debe abogar por contratos de servi-cio de la Diócesis y los Centros de Enseñanza para evitar estos males. IV. JUBILACIÓN DE LOS SACERDOTES En el arto 3 del Decreto General sobre algunas cuestiones espe-ciales en materia económica, se establece como norma general la ju-bilación a los setenta años. Pero el Obispo puede también concederla a quien la pidiere una vez cumplidos los sesenta y cinco o aplazarla incluso después de cumplidos los setenta. Estas normas se aplican a todos los oficios eclesiásticos, sin ex-cluir los conferidos en propiedad y con carácter perpetuo con anterio-ridad al Código de 1983. La jubilación en el sistema de la Seguridad Social impide al sacerdote seguir desempeñando el oficio que ocupaba; pero el sacer-dote jubilado puede seguir desempeñando las funciones ministeria-les propias de su condición sacerdotal. V. ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA Son actos de administración extraordinaria: 1.°) Los expresamen-te declarados extraordinarios bien con carácter general o bien, para determinadas entidades, por su propio derecho. 2.°) Los que modifi-can sustancialmente o suponen un riesgo notable para la estructura del patrimonio de la entidad eclesiástica correspondiente. 3.°) La in-versión de dinero y los cambios de las inversions hechas, siempre que supongan alteración notable en la naturaleza de los bienes que se inviertan o riesgo grave para la inversión, cuando su valor exceda la cantidad de cinco millones de pesetas. Se presumen actos de administración ordinaria los incluidos ex-664 BERNARDO HERRÁEZ presamente en el presupuesto anual, una vez aprobado en debida for-ma. Si el presupuesto se estudia por los órganos competentes y es aprobado por la autoridad, parece lógico que la ejecución ,de las operaciones incluidas en él debe considerarse como acto de adminis-tración ordinaria. Los administradores podrán actuar con más auto-nomía y agilidad si procuran que haya un presupuesto debidamente aprobado. 

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