The year 2000 marked a time of great hope for many social sectors in Mexico. The electoral defeat, that happened this year, of the Institutional Revolutionary Party (PRI), which ruled the country for over seventy years, seemed to herald new life to the stagnant Mexican state, an alleged opening to the construction of more egalitarian relationships with historically marginalized social sectors, especially with the Indians, and in general, with what some groups saw as the flourishment of a civic culture rooted in democratic practices and in a multiparty system.
These expectations soon faded, however; not only did it not produce the expected changes but it sophisticated and deepened anti-democratic practices of the old regime; as well as helped economic exclusion and marginalization because of the radicalization of neoliberal policies that began with the previous PRI governments. For indigenous peoples the bounded constitutional reforms of 2001, which recognized their rights of free self determination and autonomy, soon showed its limits accompanied by regulations that reduced the scope of rights granted and which were accompanied by policies to promote privatization of indigenous lands and to facilitate the incursion of transnational capital in areas with attractive natural resources to the demand of world capitalism.El año 2000 supuso un momento de una gran esperanza para amplios sectores sociales de México. La derrota electoral que sufrió ese año el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó al país durante más de setenta años, parecía augurar nuevos aires al anquilosado Estado mexicano, una supuesta apertura para la construcción de relaciones más igualitarias con sectores sociales históricamente marginados, en especial con los indígenas, y en general lo que algunos grupos veían como el florecimiento, por fin, de una cultura cívica arraigada en prácticas democráticas y en el multipartidismo.
Esta expectativa, sin embargo, pronto se desvaneció; no sólo no se produjeron los cambios esperados, sino que se profundizaron y sofisticaron las prácticas anti-democráticas del viejo régimen; así como la marginación y exclusión económica a causa de la radicalización de las políticas neoliberales que comenzaron con los últimos gobiernos del PRI. En el caso de los pueblos indígenas las acotadas reformas constitucionales del 2001, que les reconocieron derechos de libredeterminaciòn y autonomía, pronto mostraron sus límites al acompañarse de reglamentaciones que redujeron los alcances de los derechos reconocidos y que se acompañaron de políticas dirigidas a fomentar la privatización de las tierras indígenas y a facilitar la incursión del capital transnacional en zonas con recursos naturales atractivos a la demanda del capitalismo mundial
