A lo largo de las últimas décadas, el gobierno Colombiano ha promovido una política pública de emprendimiento como mecanismo de mitigación del desempleo
y sus consecuencias, las cuales afectan, mayoritariamente, a la población joven
No obstante, esa política se ha
enfocado en generar oportunidades de ingresos, y solo
marginalmente, a generar empleos dignos. Esta política
se ha dado en un contexto marcado por múltiples transformaciones, que podrían clasificarse en tres niveles:
estructurales, como el auge de la flexibilización laboral,
transnacionalización de la producción/concentración
de la riqueza, crisis del sector educativo, pérdida de
autonomía de los estados a manos de las instituciones
financieras; transformaciones institucionales, como la
ineficacia de las normas laborales y los mecanismos de
vigilancia y control, los cierres, fusiones y reestructuraciones de empresas, la privatización de activos públicos,
el aumento de control ejercido por las compañías privadas sobre las funciones estatales; y finalmente, transformaciones en la subjetividad de los trabajadores, quienes
afectados por la inestabilidad laboral y agobiados por la
incertidumbre, emprenden trayectorias líquidas (Bauman, 2007), las cuales generan la imposibilidad de proyectar la vida a largo plazo (Sennett, 2006
