Los Acuerdos Especiales promovidos por Estados Unidos de acuerdo
con el Estatuto de Roma plantean ciertos cuestionamientos en relación
con la eficacia del objeto y fin del tratado y su efecto en las obligaciones
de los estados partes a la Corte Penal Internacional (CPI). Este análisis
muestra cómo estos Acuerdos socavan los principios del tratado, por qué
no son necesarios para prevenir que un Estado no parte se vea afectado
por sus normas y la voluntad de Estados Unidos hacia la ratificación
del Estatuto de Roma
