Espinosa Iborra, Julián

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Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría

EDITORIAL La psiquiatría penal La proximidad de un nuevo Código Penal hace necesarias ciertas reflexiones sobre la responsabilidad de la psiquiatría «reformada» en la atención a las perso­nas que, habiendo cometido un delito, padecen trastornos mentales. Código que delimita mucho más el concepto por el que una persona puede ser declarada inim­putable pero que, sobre todo, pone por fin un límite a las medidas de seguridad, que hoy por hoy siguen siendo -discriminatoriamente- indefinidas. De momento, poco ha cambiado en la práctica la suerte de estas personas. Seguramente, como pasó en Italia, la llamada reforma psiquiátrica, tan deficiente y, sobre todo, desigual a nivel del territorio del Estado, ha sido más fácil de llevar a cabo con los hospitales penitenciarios en pleno uso. Yeso que ya se cerró el de Carabanchel, del que, hace 10 años, la Comisión de Legislación de la AEN hizo un muy crítico informe. Entre tanto, es como si una buena parte del aparato judicial y de la medicina legal no se hubiese enterado de las profundas transformaciones ocurridas en estos últimos años, en las concepciones y en la práctica de la intervención psiquiátrica, y siguen aferrados a los viejos postulados positivistas, manteniendo el estereotipo de irresponsabilidad total del enfermo mental, incurabilidad de la enfermedad, presunción automática de peligrosidad y necesidad del encierro como única alter­nativa (de defensa social). De esta forma, es normal que se siga declarando inim­putable a cualquier persona que tenga cabida en algún apartado del DSM-I1I, sin que nada tenga que ver su delito con el presunto cuadro patológico, y, lo que es peor, que siga aceptándose como normal que el destino de la medida de seguridad consiguiente sea un hospital psiquiátrico penitenciario, ofertándose así formas de tratamiento institucional consideradas universalmente como antiterapéuticas y estigmatizantes, que además tienen mucho más carácter carcelario que hospitala­rio. A su vez, a la falta de formación legal de los psiquiatras hay que añadir la fre­cuente falta de colaboración de las instituciones sociosanitarias con la autoridad judicial y penitenciaria, especialmente allá donde los nuevos servicios de salud mental son concebidos como servicios que sólo trabajan a demanda, sin actividad domicilaria, con respuesta exclusivamente farmacológica al paciente psicótico y escasa disponibilidad para las situaciones de crisis, 10 que lleva a más de un juez a preferir una medida de seguridad «penitenciaria», que le garantiza la eliminación del problema por un tiempo. (4) 590 EDITORIAL Porque, además, la ausencia ahora de soluciones custodiales propias, puede ser usada por los servicios como justificación del abandono de aquello que es fre­cuente definir como «problema social» o «resistente al tratamiento», en tanto que este abandono casi nunca es visto como incapacidad del propio sistema para hacerse cargo del problema o aportar soluciones que hagan posible la prevención de la crisis. Y en cuanto el sistema sanitario no lo toma en sus manos, el abandono es visto hoy, como antaño, como peligro social, y abocado irremisiblemente al sis­tema penal. Sin embargo, se da la paradoja de que, de un lado, se buscan fórmulas reeduca­tivas y «terapéuticas» para toxicómanos, con el concurso de agencias y competen­cias extrajudiciales en las que se confía ciegamente, mientras al mismo tiempo se piden más duras penas y que se cumplan íntegras, o se mantiene para los locos de siempre el manicomio penitenciario -la medida de seguridad pura y dura- como casi única alternativa, con la benévola complacencia de la psiquiatría oficial. La supervivencia de estos hospitales supone sin duda un contrasentido respec­to al espíritu de la reforma psiquiátrica y sanitaria en curso, pero tendrán que seguir existiendo mientras cada Comunidad no se plantee qué quiere hacer con sus enfermos graves o, más simplemente, la reforma llegue al paciente psicótico en forma de equipos realmente responsables y recursos alternativos. Y, antes o des­pués, los servicios de salud mental tendrán que colaborar oficialmente con los ser­vicios sanitarios de las prisiones, bien dotados actualmente, para que la población penal con problemas psiquiátricos pueda ser tratada en la propia enfermería de su centro penitenciario, como el resto de los enfermos. Lo que ya han empezado a hacer ciertos equipos de algunas Comunidades Autónomas. JULIÁN ESPINOSA 

Editorial: La psiquiatría penal.

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Editorial: La psiquiatría penal.

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