Las personas con discapacidad han sido históricamente un grupo de la sociedad con especiales dificultades de acceso al marco de Derechos Fundamentales. Su inclusión en el mercado laboral suele estar marcado por la estigmatización por parte de quienes les emplean lo que provoca que su tasa de empleo sea especialmente reducida en comparación con las personas sin discapacidad. El presente artículo propone una serie de indicadores de cuantificación y monetización del impacto social generado por la implantación de acciones de Responsabilidad Social Empresarial orientadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que complementan y están alineados con el estándar 401 y 413 del GRI (Global Reporting Initiative). Las conclusiones establecen que los niveles de absentismo son inferiores a la media nacional, contribuyendo así a la reducción de los estereotipos o estigmatización. Desde el punto de vista financiero, la inclusión laboral de este segmento de la población proporciona un fuerte impacto a la Administración Pública, tanto desde el ahorro como desde los ingresos directos. Y, finalmente, el acceso al mercado laboral supone un desarrollo personal y profesional para el empleado con discapacidad, que contribuye a la reducción de su nivel de apoyo y a la normalización en su puesto de trabajo
