El pasado 28 de abril se iniciaron las jornadas de movilización en Colombia contra el gobierno del presidente Iván Duque debido al proyecto de reforma tributaria presentada, que preveía aumentos en los impuestos sobre la renta y productos básicos de la canasta familiar, el costo de los combustibles, entre otros, impactando en un amplio sector de la población, profundamente afectada, particularmente a causa de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.
En un contexto de fuerte efervescencia social, y ante la masiva convocatoria del 1 de mayo, se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo cual agravó el cuadro que ya se insinuaba: el de la violenta represión a las protestas ciudadanas. Así lo indica la ONG Temblores, que ha hecho seguimiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos, y reportó 1728 casos de violencia policial, entre ellos 37 casos de homicidio; por su parte la Defensoría del pueblo de Colombia ha informado 26 homicidios durante las protestas y 145 reportes de presuntos desaparecidos.
Es por ello que desde el Departamento de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario del IRI llamamos la atención sobre las graves violaciones a los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho de reunión pacífica, y el derecho a la libertad, incluida la libertad de expresión y a la seguridad, sucedidas desde el 28 de abril del corriente año por parte de la Policía Nacional, el ESMAD y las Fuerzas Armadas de Colombia.Instituto de Relaciones Internacionale
