La trata de personas es considerada el tercer negocio ilícito más redituable a nivel mundial – según estimaciones de UNODC, la trata deja unos 32 billones de dólares anuales- sólo superado por el tráfico de drogas y el tráfico de armas, y es también una de las múltiples variantes del crimen organizado transnacional que ha llevado a la Argentina a ser un país de origen, tránsito y destinación de hombres, mujeres y niños para fines de explotación sexual y laboral (Trafficking in Person Report, 2018). En este sentido, si bien no existen registros nacionales unificados que cuantifiquen el problema –dado que el único Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA), solo funciona para la Ciudad de Buenos Aires-, lo cierto es que los últimos informes del Ministerio Público Fiscal y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dan cuenta de un incremento de la problemática a nivel federal que obligó a redoblar esfuerzos por parte del Estado para combatir el crimen. Este empeño le valió al país un cambio de categorización en el ranking del Departamento de Estado de los EEUU sobre Trata de Personas, que pasó de Tier 2 a Tier 1, la máxima calificación que se otorga a un país por llevar a cabo “avances sustantivos” en la luchar contra la trata.Instituto de Relaciones Internacionale
