El presente estudio pretende aportar una valoración crítica de la reciente reforma acaecida en el Código civil español en materia de capacidad jurídica. En concreto, en relación al deber de proteger el patrimonio de las personas con discapacidad contemplado en el artículo 12.5 in fine de la Convención de 2006, cuando impone a los Estados velar “por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria
