Se ha achacado con relativa frecuencia que la cooperación judicial penal en la
UE, o el progresivo desarrollo del espacio judicial penal europeo, se ha centrado
fundamentalmente en términos de efi
cacia en la persecución de infracciones penales,
aparcando en un segundo plano la protección de los derechos y las garantías que pue-
den verse afectados. Aunque existieran precedentes sobre la cuestión, es en el Consejo
Europeo de Tampere cuando se proclama que el principio del reconocimiento mutuo
de las resoluciones judiciales será la “piedra angular” de la cooperación judicial en la
UE
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. La primera concreción de este principio en el ámbito penal será la adopción de
la Decisión Marco (DM) sobre la orden europea de detención y entrega, de 13 de junio
de 2002
