En los últimos tiempos se ha llevado a cabo una intensa actividad de reforma en el ámbito penal. Así, la legislación penal ha sido modificada, entre otras, a través de la LO 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley de responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo; la LO 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas; la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros; la LO 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional y la LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Aunque el legislador no dude en justificar que tales modificaciones se deben a la necesidad de atender estas demandas sociales1de proporcionar una protección más eficaz frente a las formas de delincuencia más graves2 o frente aquella que reiteradamente comete sus acciones3, cabe preguntarse si éstas han sido construidas sobre un dato objetivo de incremento de la criminalidad en la dirección que se dice, o si por el contrario se trata tan sólo de una percepción construida sobre elementos no tangibles.
Es destacable, especialmente en España, que las decisiones de política-criminal no se fundamenten en un análisis profundo y científico de la realidad social (Medina, 2003), sino que en gran medida parecen satisfacer las demandas sociales que se hacen patentes a través de diversos procedimientos. Esta ausencia de criterios científicos que devalúan la eficacia de las decisiones político-criminales puede combatirse con la investigación criminológica.
La Criminología aporta las herramientas necesarias que permiten constatar en qué medida las emociones están definiendo los contornos de los nuevos planteamientos político-criminales, qué efectos puede producir la especial sensibilización de la sociedad en determinados problemas sociales y qué criterios son los más determinantes para dirigir los cambios legislativos.
Este informe refleja los resultados de un proyecto de investigación que pretende estudiar cómo han evolucionado los sentimientos y la actitud de los ciudadanos españoles frente a la delincuencia y a la seguridad ciudadana y contrastar esa valoración con la realidad presentada por los creadores de opinión pública a través de los medios de comunicación y los datos que permiten medir las dimensiones reales de este fenómen
