Control de convencionalidad de los actos administrativos que sancionan a funcionarios públicos elegidos por voto popular en Colombia

Abstract

Colombia ha sido escenario de una interesante discusión jurídica en torno a las sanciones disciplinarias como instrumento para limitar el ejercicio de derechos fundamentales, como el de elegir y ser elegido, cuando son impuestas a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, confrontación jurídica que surge de la disyuntiva entre las facultades que para ello otorga la Constitución de 1991a la Procuraduría General de la Nación, lo que señalan las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos, más concretamente la controversia; tiene origen en razón de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual consagra en su catálogo de derechos y garantías la necesidad de que exista una sentencia judicial dictada por juez penal competente para poder limitar o restringir el derecho fundamental en mención. Por lo anterior, se revisa la concordancia de las normas colombianas relativas a la potestad que otorga a la Procuraduría para sancionar con destitución a funcionarios públicos de elección popular, a la luz del control de convencionalidad y las recientes posturas de la Corte Constitucional en la materia, evidenciando consigo la relación y nivel de prioridad respecto de las funciones asignadas al procurador frente a los derechos políticos consagrados en la CADH, y su efectividad en un Estado social de derecho.Colombia has been the scene of an interesting legal discussion regarding disciplinary sanctions as an instrument to limit the exercise of fundamental rights such as the right to elect and be elected, when they are imposed on public officials in the exercise of their duties, The international obligations of the Colombian state in the area of human rights, more specifically the controversy, have their origin in the fact that the Inter-American Convention on Human Rights, which enshrines in its catalogue of rights and guarantees the need for a judicial ruling by a competent criminal judge in order to limit or restrict the fundamental right in question. For this reason, the concordance of the Colombian norms regarding the power that grants the attorney general's office to sanction with dismissal public officials of popular election is reviewed in the light of the control of conventionality and the recent positions of the constitutional court on the matter, evidencing with it the relationship and level of priority regarding the functions assigned to the attorney general with respect to the political rights consecrated in the CADH and their effectiveness in a social state of law

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