Evento: Clausura del taller 'La Revolución Fintech'. Organizado por: Garrigues and IEAF-FE

Alonso Ruiz-Ojeda, Javier

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Repositorio Institucional de la Biblioteca del Banco de España

    23.04.18 “Los bancos centrales y las nuevas tecnologías en el sector financiero” Clausura del taller “La revolución Fintech”, organizado por Garrigues e IEAF-FEF Javier Alonso Subgobernador    3/7 Buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores -Garrigues, el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y la Fundación de Estudios Financieros (FEF)- su invitación para clausurar este taller dedicado a analizar el efecto que el desarrollo tecnológico está teniendo en la prestación de servicios financieros.  Creo que coincidirán conmigo en que los cambios que trae consigo este desarrollo son profundos, van más allá de lo que sería una mera adaptación o una sencilla inversión, y pueden acabar afectando tanto al número y al tipo de agentes que participan en el mercado, como a los colectivos que acceden a determinados productos o a la forma en la que se hace uso de determinados servicios. En este contexto, quiero centrar mi intervención de hoy en dos partes. En la primera parte, mi objetivo es explicar cómo desde el Banco de España estamos prestando una atención creciente a un fenómeno cuya amplitud, dimensión global y ritmo de transformación exceden los parámetros que solían caracterizar los cambios en el sector bancario. En la segunda parte, me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones en relación con un producto en particular: el de los criptoactivos. Sobre él se ha generado cierta “exuberancia informativa” en los últimos meses y quisiera resaltar algunos aspectos que considero importante tener en cuenta. Cambios organizativos para abordar el reto de la innovación financiera Comenzando con la primera parte, tal y como he señalado, el desarrollo tecnológico está alterando el sistema financiero en varias dimensiones. Por un lado, están surgiendo nuevos proveedores de servicios que, en algunos casos, compiten con la banca tradicional en nichos concretos de mercado y, en otros casos, ofrecen productos financieros novedosos o dirigidos a colectivos que antes solo tenían acceso a un número muy limitado de instrumentos financieros. La banca tradicional está reaccionando ante este cambio con estrategias de distinto tipo.  Algunas de estas estrategias están basadas en la cooperación, por ejemplo, en el uso de la tecnología de blockchain para hacer más eficientes los procesos de identificación digital.  Otras se basan en las alianzas o en la inversión en nuevas entidades. Ustedes conocen ejemplos de proyectos conjuntos desarrollados entre bancos y nuevas empresas fintech y de plataformas de inversión promovidas por entidades bancarias para invertir en nuevas compañías de este ámbito.  Existen también estrategias que, sencillamente, tratan de incorporar las nuevas tecnologías en la forma en la que las entidades realizan su actividad para poner más énfasis en aspectos tales como la mejora en la accesibilidad a los servicios bancarios a través del móvil o en la proliferación de aplicaciones online de los bancos para asesorarnos de modo personalizado sobre la forma de gestionar los gastos corrientes de un hogar. Por último, no puedo dejar de mencionar la sistemática petición de las entidades de un “diálogo intenso” con las autoridades para redefinir el marco regulatorio, al entender que no se encuentran en igualdad de condiciones para competir con las nuevas empresas. Y  4/7  tanto estas como los bancos plantean la necesidad de crear espacios de prueba, o, si lo prefieren, sandboxes. Sandboxes que, en todo caso, serían aplicables a las iniciativas que aporten mejoras a la sociedad y no sólo ganancias al emprendedor a costa de mayores riesgos. Toda esta transformación supone una verdadera modificación del ecosistema financiero ante la cual los bancos centrales y los reguladores financieros hemos de reaccionar. La naturaleza de estas tendencias hace que sean varias las áreas de actuación de las autoridades que se ven afectadas, incluyendo, entre otras, la protección al consumidor, el control y la gestión del riesgo, el proceso de autorizaciones para realizar actividades reservadas,  la protección de datos o la prevención frente al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En este sentido, no resulta sorprendente que la primera reacción de muchas autoridades haya sido la de organizar comités de coordinación, tanto internos como entre autoridades, para evaluar el impacto de la innovación financiera. En el Banco de España no hemos sido ajenos a esta tendencia y, en febrero de 2016, creamos el denominado Grupo de Innovación Financiera en el que se encontraban representadas todas las Direcciones Generales.  Este primer esfuerzo iba en buena dirección pero, probablemente, era insuficiente ya que, además de reforzar la coordinación y compartir la información, es necesario dedicar recursos específicos para: (i) tratar de comprender la dimensión del cambio que se está produciendo, (ii) analizar las consecuencias que pueden acabar teniendo aspectos como la tecnología del blockchain o el uso de la inteligencia artificial, (iii) y, estar en contacto permanente con autoridades de otras jurisdicciones para compartir experiencias y coordinar las respuestas, atendiendo a la naturaleza global de esta transformación. Por ello, en el Banco de España hemos procedido recientemente a la creación de una nueva Dirección General Adjunta con la intención de reforzar estos aspectos. Esta área deberá trabajar, necesariamente, de modo transversal, dadas las múltiples funciones del banco central que se ven afectadas. Adicionalmente, mantendrá un diálogo fluido con otras autoridades españolas -como la CNMV o la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera- con el mercado, tanto a través de foros ya establecidos como a través de encuentros bilaterales, y con las instituciones internacionales, particularmente las europeas, para compartir experiencias y mejorar la información sobre la importancia de algunas de las tendencias.  El objetivo último es desarrollar una visión de conjunto sobre las principales características y desafíos a los que va a enfrentarse la provisión de servicios financieros en el futuro próximo, incluyendo las consecuencias para las entidades ya establecidas.  En este sentido, estoy convencido de que las nuevas tecnologías- y los nuevos intermediarios- ofrecerán la posibilidad de mejorar la calidad de los servicios prestados, aumentar la eficiencia en muchos de los procesos actualmente empleados por las entidades tradicionales y reducir costes.  No obstante, también es probable que estos cambios hagan conveniente una revisión del cuerpo normativo, para determinar si son necesarias reformas en aspectos tan esenciales como los requisitos de información que los nuevos participantes deban suministrar a las   5/7 autoridades o la intensidad supervisora en aspectos relacionados con la seguridad, la protección de datos o la protección al consumidor. Criptoactivos Permítanme que cierre mi intervención con unas breves reflexiones acerca de lo que se conoce popularmente como criptoactivos o criptotokens (que podría traducirse por “cripto-vales”).  Como saben, recientemente se ha publicado un comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre este particular con el que hemos tratado de alertar al público sobre las limitaciones y peligros asociados a esta clase de inversiones. En concreto, hemos subrayado que no tienen la consideración legal de dinero ni de depósitos y que, por tanto, no se benefician de las protecciones y garantías contempladas en la normativa de productos bancarios o de inversión. Hemos destacado, igualmente, su carácter especulativo, la ausencia de respaldo por parte de los organismos supervisores y las vulnerabilidades que presentan tanto por el lado del fraude como por el de la posible manipulación de precios. Finalmente, hemos aprovechado este comunicado para hacer hincapié en los problemas de liquidez que pueden presentar.  No obstante, dado que el interés por la materia sigue siendo alto, creo oportuno volver a insistir sobre este asunto. Desde la aparición de Bitcoin en el año 2009, el número de criptoactivos ha aumentado de forma sostenida hasta llegar a sobrepasar las 1.500 iniciativas. Además, su valor de mercado se ha multiplicado por cinco en este último año.  Ambas circunstancias y, sobre todo, la amplitud de las modalidades de su comercialización -directamente, a través de contratos por diferencias o por medio de otros productos estructurados como contratos con futuros o swaps- favorecen una mayor diversidad de usos y hacen que las economías de todo el mundo estén cada vez más expuestas a sus riesgos. Si bien es cierto que su peso relativo sigue siendo pequeño (apenas el 1% del PIB mundial), se constata que los criptoactivos van ganando atractivo entre el inversor minorista. Este hecho, unido a su volatilidad extrema y a las fuertes pérdidas que han experimentado a consecuencia de fallos operativos y de otras amenazas cibernéticas, dibuja un panorama ante el que resulta apremiante que las autoridades tomemos postura. Y no sólo en términos de mejorar nuestro nivel de información y conocimiento sino, especialmente, en lo que se refiere a emprender posibles actuaciones de política pública. Como reguladores y supervisores, nuestra preocupación principal se centra en sus potenciales repercusiones para la estabilidad financiera, sin olvidar las ramificaciones que puedan tener sobre la protección de la clientela, la protección de datos, la integridad del mercado, la evasión fiscal o la elusión de controles sobre el blanqueo. Se trata, en definitiva, de ser capaces de adoptar salvaguardas adecuadas sin perder la flexibilidad necesaria para aprovechar los potenciales beneficios que pudieran reportar las tecnologías subyacentes, especialmente los registros distribuidos. Al tratarse de un fenómeno de carácter global, la efectividad de cualquier medida pasa por apostar por un enfoque cooperativo, cuestión en la que estamos plenamente involucrados tanto en Europa como en otros foros multilaterales. En concreto, uno de los compromisos destacados del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y de la  6/7  Comisión Europea para el ejercicio 2018 es, precisamente, la identificación de las necesidades de información y la formulación de unos indicadores adecuados que nos permitan reforzar las tareas de seguimiento y medición de los riesgos emergentes. Este esfuerzo por aumentar la transparencia y trazabilidad de la operativa que tiene lugar con criptoactivos debe ser visto como un primer paso dentro de una estrategia más ambiciosa que aspire a evaluar con más precisión los posibles riesgos, sin descartar en última instancia que se produzcan cambios normativos que den respuesta a las vulnerabilidades detectadas, eliminen las oportunidades para el arbitraje y provean un fundamento sólido para el desarrollo de una industria compatible con la existencia de un sistema financiero global seguro. A mi juicio, la respuesta a este reto no se encuentra en buscar planteamientos de carácter rupturista sino, más bien, en identificar los paralelismos existentes con otros instrumentos financieros y, donde esto no sea posible, en aplicar los actuales principios rectores de la regulación financiera internacional.  En consecuencia, el marco resultante debe ir enfocado a garantizar un tratamiento homogéneo de situaciones equivalentes, adaptando las exigencias al perfil de riesgo específico tanto de las funciones económicas que desempeña cada familia de criptoactivos como al de las actividades que se desarrollan a su alrededor. En este sentido, es razonable extender a este sector las disposiciones propias de la regulación de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pero también otras relacionadas con la gestión del riesgo operativo y la transparencia y protección de los derechos del usuario de los servicios financieros. Para cerrar mi intervención quisiera referirme, brevemente, a dos cuestiones. La primera de ellas es el dinero digital de banco central (central bank digital currencies). La posibilidad de que los bancos centrales emitan dinero digital, empleando una tecnología similar a la que usan algunos criptotokens, ha despertado un creciente interés.  Es cierto que las nuevas tecnologías abren la oportunidad para rediseñar funciones tradicionales asignadas a los bancos centrales, incluso de algunas tan asentadas como la emisión y distribución del dinero. Sin embargo, es evidente que, más allá de las cuestiones puramente operativas sobre la capacidad tecnológica de registrar de modo digital las transacciones que en la actualidad se hacen con el efectivo en su forma física, las implicaciones de emitir dinero de forma digital son de gran calado en multitud de ámbitos.  Los bancos centrales hemos comenzado a analizar esta cuestión,  prestando atención a las principales implicaciones y a los distintos aspectos que deben ser abordados. En este sentido, el informe que el Banco de Pagos Internacionales publicó recientemente (en marzo) con el título de “Central Bank Digital Currencies” es una buena referencia sobre el estado actual de las discusiones que los bancos centrales estamos manteniendo, todavía de carácter preliminar.  Es una lectura que recomiendo a quienes tengan interés en este tema. Les animo, en particular, a que consideren con detenimiento el alcance y la complejidad de algunas de las cuestiones que allí se plantean. A mí, personalmente, me crean muchas dudas sobre la viabilidad futura de esta iniciativa.     7/7 La segunda de las cuestiones que quiero abordar brevemente es la situación de los criptoactivos en España. Aunque, en ausencia de datos oficiales, resulta complicado hacerse una idea del tamaño real de este mercado en nuestro país, somos conscientes de la existencia de cierto nivel de actividad que involucra a personas residentes en nuestro territorio. En su mayor parte, ésta se realiza a través de proveedores situados en el extranjero, los cuales proporcionan un rango de servicios que abarca desde plataformas de intercambio, a préstamos en criptomonedas, o brokers que intermedian entre compradores y vendedores de contratos por diferencias.  Además, sabemos de la existencia de más de una veintena de iniciativas de “ofertas iniciales de criptomonedas” o ICO (Initial Coin Offerings) de la mano de promotores españoles que, en su práctica totalidad, se están llevando a cabo desde países como Suiza, Singapur o Estonia o territorios como Gibraltar. Por sus implicaciones potenciales, desde el Banco de España ya estamos trabajando en mejorar la calidad y el volumen de la información de que disponemos en la actualidad, para lo que hemos abierto vías de cooperación, a todos los niveles, con otros organismos y autoridades nacionales. Confiamos en que este diálogo fructifique pronto en resultados visibles. Conclusión A modo de conclusión déjenme resaltar que, como en otros procesos de transformación que hemos visto en la historia, se abren oportunidades para incrementar la eficiencia, mejorando, en este caso, los servicios financieros. Pero no debe olvidarse, sin embargo, que los cambios también plantean importantes desafíos en la forma de nuevos riesgos.  De estos se habla poco. Por eso les he dedicado bastante atención durante mi intervención, porque va en nuestro ADN. Estamos a favor de la innovación pero somos reguladores, supervisores y cuidadores de la estabilidad financiera. Muchas gracias por su atención.  

Los bancos centrales y las nuevas tecnologías en el sector financiero

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