Señala el artículo primero constitucional que Colombia es un Estado social de derecho, lo que supone, entre muchas otras cosas, que es posible y necesario contar con una ciudadanía participativa en las actuaciones estatales, no solo desde la tribuna que ocupan sus funcionarios, sino también desde las acciones de veeduría que la misma Constitución en el artículo 270 contempla y que permite vigilar la gestión pública.
El Estado colombiano tiene unos fines constitucionales definidos, dentro de los cuales está el de servir a la comunidad, condición que prevé la necesidad de garantizar la primacía del interés general y, por lo tanto, garantiza también el control de instituciones encargadas de velar por la adecuada destinación de los recursos públicos. Sin embargo, en no pocas ocasiones estas consideraciones se quedan en letra muerta y no se cumplen los fines esenciales del Estado, ni prevalece el interés general, tampoco son efectivas las entidades de control ni se aprecia una participación ciudadana en la veeduría de las actuaciones de la administración pública, lo que inevitablemente lleva a la pérdida del erario y las consiguientes afectaciones para los ciudadanos.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Especialización en Derecho AdministrativoThe first constitutional article points out that Colombia is a social state of law, which means, among many other things, that it is possible and necessary to have participatory citizenship in state actions, not only from the platform occupied by its officials, but also from the oversight actions that the same Constitution in article 270 contemplates and that allows monitoring public management.
The Colombian State has defined constitutional purposes, among which is to serve the community, a condition that foresees the need to guarantee the primacy of the general interest and, therefore, also guarantees the control of institutions in charge of ensuring the proper allocation of public resources. However, on many occasions these considerations remain a dead letter and the essential purposes of the State are not fulfilled, nor does the general interest prevail, nor are the control entities effective, nor is citizen participation appreciated in the oversight of the actions of the State. public administration, which inevitably leads to the loss of the treasury and the consequent effects on citizens
