Bolivia experimentó una importante transformación territorial después de que se aprobó la Ley de Participación Popular en 1994. Los efectos benéficos de tal reforma estuvieron acompañados de una serie de efectos contraproducentes, entre ellos los que se derivan del modelo de transferencias centrales hacia los municipios. Este artículo propone un nuevo modelo de transferencias que complementa el actual “sistema de dotación fiscal a municipios según el principio per cápita” con uno de “ecualización fiscal intermunicipal por bloques”