A finales de los años setenta del siglo XX, el final del ciclo de protesta obrera en Europa coincidió en España con el final de la dictadura franquista, cuando el sindicalismo de clase se enfrentaba a su transformación para adaptarse al cambio político del país, dándose la aparente paradoja de que su poder durante los últimos años del franquismo devino en debilidad organizativa en la nueva democracia. El reconocimiento institucional de los sindicatos democráticos recogido en la Constitución representó una de las señas de identidad de nuestra democracia, pero ha pervivido una deslegitimación de fondo de los sindicatos desde el poder político, calificándolos primero de antidemocráticos por mantener una posición política no expresada a través del Parlamento, y después de pre-modernos por suponer un obstáculo al ajuste económico. En los años posteriores, las transformaciones del modelo de producción, la descentralización y la innovación tecnológica han provocado una crisis común en el sindicalismo en los países capitalistas, que tiene unas características propias en España, país que llegó demasiado tarde para integrarse en el modelo europeo del pacto social de la posguerra y arribó con suma rapidez a la asunción de un liberalismo económico hoy hegemónico y presentado a la sociedad como única alternativa
