La vigencia de sistemas políticos reacios a cumplir los principios de una democracia republicana, constituyó el aspecto más pernicioso para relegar la participación ciudadana en el control de la gestión pública y cuya perdurabilidad cimentó una “tradición” desvalorizante de la víctima, fundamentalmente en lo que concierne a su protagonismo e intervención en el proceso penal
