En el Derecho penal preexisten causas que han excluido a la antijuridicidad, por lo que un hecho típico puede no ser sancionado si la propia ley establece una causa de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de orden legítima y expresa de autoridad competente, todas previstas en el Código Orgánico Integral Penal. Por ello se analizó la última causa mencionada, en relación con los límites que debe respetar el servidor policial cuando hace uso de la fuerza. Dicho uso debe ser progresivo, proporcional y racional, criterios que deben ser definidos por el legislador, el propio servidor policial y el juez si los hechos fueran judicializados, lo que constituye un problema tanto para la doctrina como los sujetos mencionados, a causa de la ambigüedad que existe. En ese contexto, la investigación tiene como objetivo general analizar los parámetros que deben verificarse para que proceda el cumplimiento de orden legítima de autoridad competente como causa de exclusión de la antijuridicidad en el COIP. Para alcanzarlo se realizó una investigación documental, con enfoque explicativo y no experimental, y fueron aplicados los métodos inductivo, deductivo y exegético. El resultado obtenido es un análisis de los parámetros que debe respetar el servidor policial actuante para que los daños, lesiones o muerte causada no constituyan delito o violación de derechos humanos. Se concluye que la principal dificultad para determinar esos parámetros son el carácter abstracto de los términos “progresiva”, “proporcional” y “racional” cuando se refieren al uso de la fuerza.
