Torres del Moral, Antonio

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19. REFLEXIÓN SOBRE ALGUNOS PRECEPTOS DEL TÍTULO III, CAPÍTULO I ANTONIO TORRES DEL MORAL Catedrático de Derecho Constitucional UNED 347 SUMARIO Artículo 67. Artículo 68.1. Artículo 68.3. Artículo 68.5. Artícu-lo 68. Artículo 70. Artículo 71. Apartado 1. Apartado 2. Apar-tado 3. Apartado 4. Artículo 72. Apartado 1. Apartado 2. Ar-tículo 73. Apartado 1. Apartado 2. 348 Revista de Derecho Político, núm. 36, 1992, pp. 347-356 19. REFLEXIÓN SOBRE ALGUNOS PRECEPTOS DEL TÍTULO III, CAPÍTULO I POR ANTONIO TORRES DEL MORAL Catedrático de Derecho Constitucional UNED Las páginas que siguen son una somera reflexión sobre el Capítu-lo I, del Título MI de la Constitución. Dicho Capítulo lleva como rótulo «De las Cámaras» y regula su composición, organización y funciona-miento. Dado que la ponencia de A. Fernández Miranda versa sobre el mis-mo capítulo constitucional, he limitado mi trabajo a los artículos 67 a 73, a los que someto a una óptica preferentemente estilística, no de fondo. Algo hablaremos desde este otro ángulo, pero he querido mostrar cómo, di-ciéndose lo mismo, puede decirse mejor. Espero que se me perdone la im-pertinencia. Artículo 67 Apenas hay reparos que hacer a este artículo salvo la utilización in-justificada de los verbos en futuro. A mi juicio, el presente es más expresi-vo, sencillo y elegante. Por eso, el apartado primero debería decir: «Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente...»; el apartado segundo mejoraría diciendo que los miembros de las Cortes «no están ligados por mandato imperativo»; y el apartado tercero debería igualmen-te sustituir las expresiones no vincularán y no podrán ejercer por no vincu-lan y no pueden ejercer. 349 ANTONIO TORRES DEL MORAL Por lo demás, en este último apartado, y de acuerdo con una visión, más actual del parlamentarismo democrático, es preferible hablar de prerrogativas de las Cámaras que de privilegios. Artículo 68.1 De mantener la circunscripción provincial, valdría no habilitar al le-gislador para que dispusiera un Congreso de 300 diputados. Incluso son escasos los 350 habituales hasta ahora. Debe irse derechamente a uno de 400 para mejorar la proporcionalidad y la igualdad de sufragio. Artículo 68 .3 Verificar, verificación, son términos usualmente utilizados para el examen de las credenciales electorales. Es la «verificación de poderes». Vale más decir «la elección se realiza». Artículo 68 .5 Parece mejor expresar el requisito al que se sujeta el derecho de su-fragio como tener el pleno ejercicio de los derechos políticos, que no «estar en pleno uso». De otro lado, es superfluo decir que «la ley reconocerá» el derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio nacional. ¡Pues no faltaría sino que fuera necesario ese reconocimiento legal des-pués de lo afirmado por el artículo 23 y, en relación con él, el 131 Más aún, lo dice la frase anterior de este mismo apartado. De igual modo, conviene sustituir «Estado» por «poderes públicos», expresión tan reiterada en la Constitución, para evitar la equivocidad con que el término Estado aparece en nuestra norma suprema, bien como todo el aparato institucional, bien como únicamente los órganos generales y/o centrales de poder. El deber de facilitar el ejercicio del derecho de su-fragio debe pesar sobre todos los poderes públicos. En f in, también es más usual y preferible hablar de territorio nacio-nal que de territorio de España, aunque la sinonimia es evidente. 350 REFLEXIÓN SOBRE ALGUNOS PRECEPTOS DEL TÍTULO III, CAPÍTULO I Por lo demás, acaso este mandato constitucional encontrara su me-jor ubicación sistemática en el artículo 23, como obligación-prestación de los poderes públicos correspondiente a un derecho fundamental. Así se hace en otras múltiples ocasiones. La redacción, pues, puede quedar así: «5. Son electores y elegibles todos ios españoles que tengan el pleno ejercicio de sus derechos políticos». Debe remitirse al artículo 23, como apartado 2 (numerando como 3 el 2 actual), el siguiente texto: «Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio nacional». Artículo 68.6 Hay cierto acuerdo doctrinal en que el tiempo máximo previsto, que suele ser el habitual, entre el término de una legislatura, hasta ahora siem-pre por disolución, y la convocatoria de la nueva Cámara Baja es excesi-vo: 85 días. Toda vez que también hay acuerdo, incluso institucional, en que deben ser abreviadas las campañas electorales, nada impide que las elecciones se celebren entre los 30 y los 45 días desde el término del man-dato anterior. De igual modo, el nuevo Congreso puede ser convocado dentro de los 20 días siguientes, cinco menos de lo ahora previsto. De este modo, el período interlegislaturas durará de 50 a 65 días, no de 55 a 85. La redacción, por consiguiente, quedaría así: «Las elecciones tendrán lugar entre los treinta y los cuarenta y cinco días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convo-cado dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las eleccio-nes». Artículo 70 Que la regulación de las causas de incompatibilidad de los diputados y senadores no es propio de la Ley Electoral es cosa conocida por todos. La 351 ANTONIO TORRES DEL MORAL deficiente regulación constitucional motivó la declaración de incons-titucionalidad de la ley de incompatibilidades de diputados y senadores (STC 72/1984, de 14 de junio, que estimó el recurso previo interpuesto). La previsión, aunque sea por motivos meramente formales, debe hacerse en un artículo separado o, al menos, en un apartado distinto del mismo artículo 70, bien que pueda coincidir materialmente con lo ahora dispuesto. De otro lado, el empleo del t iempo futuro de los verbos, tan des-afortunado en casi todo este título, debe ser sustituido por el presente en el apartado segundo: la validez de las actas y credenciales no «estará», sino que está sometida al control judicial. El texto propuesto es, entonces, el siguiente: 1. La ley electoral determinará las causas de Inellgibllldad de los diputa-dos y senadores, que comprenderán, en todo caso: ... Siguen los apartados a) a f) en los términos actuales. 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cá-maras está sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. 3. La ley regulará las causas de incompatibilidad de diputados y senado-res, que comprenderán también, en todo caso, las señaladas en el apartado primero. Acaso conviniera reservar esta última materia a los reglamentos parlamentarios, en cuyo caso el apartado debería comenzar así: «Los reglamentos de las Cámaras regularán las causas de incompatibili-dad de sus respectivos miembros ...». Artículo 71 Apartado 1 Habiendo sustituido en el artículo 67.3 privilegios por prerrogativas, parece coherente hacer ahora lo propio con el verbo gozarán por la expre-352 REFLEXIÓN SOBRE ALGUNOS PRECEPTOS DEL TÍTULO MI, CAPÍTULO I sión están revestidos, con lo que, de paso, cambiamos el t iempo verbal de futuro por un más idóneo presente. Apartado 2 Igual consideración nos merece el mismo término en el aparta-do segundo: gozarán puede ser sustituido ventajosamente por tienen Da prerrogativa. La expresión y sólo podrán adolece de dos defectos: el tiempo futu-ro y la conjunción y, que sin ser del todo incorrecta, no es muy adecuada. Por una vez, es preferible un gerundio: no pudiendo. En f in, no hay por qué cortar la secuencia de garantías que compor-ta esta prerrogativa, sino que resulta preferible continuarla mediante la conjunción ni. Apartado 3 Únicamente cabe proponer la sustitución del tiempo de futuro por el de presente: es. Apartado 4 De igual forma, un presente (perciben) debe ocupar el lugar de un futuro, y puede decirse asignación fijada sin necesidad de premiosas y superfluas palabras intermedias. El texto resultante, sin variar el contenido material de los preceptos pero mejorando su dicción literal, es: «1. Los diputados y senadores están revestidos de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato, los diputados y senadores tienen, asimismo, ¡a prerrogativa de inmunidad, no pudiendo ser detenidos sino en caso de flagrante delito, ni ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 353 ANTONIO TORRES DEL MORAL 3. En las causas contra diputados y senadores es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 4. Los diputados y senadores perciben una asignación fijada por las res-pectivas Cámaras». Cosa diferente sería que entráramos a discutir el fondo y el ámbito de estas garantías. De la inviolabilidad poco hay que decir. Sólo necesita ser correc-tamente interpretada —como lo ha sido por el Tribunal Constitucional— en su formulación actual, interpretación que incluye naturalmente los votos y otras actuaciones, aun no verbales, propias de las funciones del parlamentario en cuanto tal, y no, en cambio, actuaciones extraparlamen-tarias: artículos, conferencias, participación en manifestaciones, etc. No ocurre otro tanto con la inmunidad. En un Estado social y demo-crático de Derecho no hay razón alguna para extender dicha excepción del principio de igualdad ante la ley más allá de los períodos de sesiones de la Cámara con dos únicas excepciones: los miembros de las Diputaciones Permanentes y las sesiones extraordinarias. a) Los primeros deben seguir revestidos de inmunidad. b) Igualmente todos los diputados y senadores durante las sesio-nes extraordinarias y acaso desde un breve tiempo anterior. La Constitución puede remitir el pormenor de esta regulación a los reglamentos parlamentarios. De admitirse esto así, el apartado segundo debería comenzar di-ciendo: «Durante los períodos de sesiones y con ocasión de sesiones extraordi-narias, los diputados...» y finalizar con una adición: «Los miembros de las Diputaciones Permanentes tienen inmunidad du-rante todo el tiempo de su mandato». 354 REFLEXIÓN SOBRE ALGUNOS PRECEPTOS DEL TITULO III, CAPITULO I Articulo 72 Apartado 1 De nuevo, dos futuros pueden dejar paso a dos presentes: los re-glamentos parlamentarios son sometidos a una votación final ... que re-quiere... Pero esta última locución es harto inexpresiva. El texto dice que la votación final requiere la mayoría absoluta. ¿Para qué? ¿Para poder produ-cirse la votación? Eso lo establece con carácter general el artículo 79.1. El precepto que comentamos quiere referirse a la aprobación de los regla-mentos y así debe decirlo. Apartado 2 Otros dos presentes deben entrar en el lugar de otros tantos futu-ros: las sesiones conjuntas son presididas ... y se rigen... Cuestión de más fondo es la de si el Regalmento de las Cortes Ge-nerales debe ser aprobado por cada Cámara o por las dos en sesión con-junta. La aprobación por separado parece estar pensada en garantía del Senado, de mucho menos miembros. Más aún se justificaría con un Sena-do menos nutrido, como el que propongo en otra ponencia. Sin embargo, me inclino por la aprobación en sesión conjunta. El hecho de ser ideológi-cos los grupos parlamentarios en una y otra Cámara me persuade de que en una sesión conjunta no se produce el voto enfrentado de ambas Cáma-ras sino el de las fuerzas políticas adversarías. El texto del artículo, en conclusión, bien pudiera ser éste: «1. Las Cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autóno-mamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma son so-metidos a una votación final sobre su totalidad y se requiere la mayoría absoluta para ser aprobados. 2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miem-bros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas son presididas por el Presi-dente del Congreso y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta en sesión conjunta. 3. (El mismo texto actual). 355 ANTONIO TORRES DEL MORAL Artículo 73 Apartado 1 Junto a la inevitable censura del verbo en futuro, este apartado in-curre en el dislate de hablar, sin previo aviso y sin mayor justificación, del año en el sentido escolar y judicial del término. Sólo así puede decir que el primer período de sesiones del año abarca de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Nada cuesta decirlo bien. La redacción quedaría así: «1. Las Cámaras se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: de febrero a junio y de septiembre a diciembre». Apartado 2 La iniciativa para la convocatoria de sesión extraordinaria está re-gulada de modo poco respetuoso con los derechos de la(s) minoría(s): el Gobierno, la Diputación Permanente y la mayoría absoluta de los miem-bros de la Cámara son vías políticamente coincidentes, al menos en el Congreso de los Diputados. Rebajar la exigencia al 40 por 100 de los miembros de la Cámara no es una invitación al aventurismo y suaviza un tanto el rigor del texto actual. Por otra parte, el texto parece dar a enten-der que la mayoría absoluta de los miembros de una Cámara puede solici-tar la convocatoria de la otra en sesión extraordinaria. El desatino se evita fácilmente hablando de la respectiva Cámara. También parece mejor emplear la voz pasiva normal y decir que es-tas sesiones deben ser convocadas. Además de estas variantes, son plausibles, otra vez, la sustitución de tres verbos en futuro (podrán, deberán y serán) por sus corres-pondientes presentes, quedando el apartado con la siguiente redacción: «2. Las Cámaras pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de dos quintos de los miem-bros de la respectiva Cámara. Las sesiones extraordinarias deben ser con-vocadas sobre un orden del día determinado y son clausuradas una vez que éste haya sido agotado». 356 

Reflexión sobre algunos preceptos del Título III, Capítulo I

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