Se analizan las Políticas de Comunicación y Memoria a
través de sus diversos actores: gobiernos, sociedad civil y las
estrategias de medios de comunicación masivos en la construcción de la memoria histórica. A partir del gobierno de
Néstor Kirchner (2003-2007) se abre una etapa de Políticas
Públicas de Verdad, Memoria y Justicia, asentadas en los juicios a los genocidas por la anulación de las leyes de impunidad. La investigación judicial incluyó la complicidad civil, los
delitos económicos y los cometidos contra la integridad sexual. Estas políticas continuaron en los gobiernos de Cristina
Kirchner (2008-2015), profundizando el rol de ciertos medios
masivos en tanto socios corporativos del terrorismo de Estado
(juicio por Papel Prensa). Estos gobiernos, identificados como
populistas o postneoliberales, respondían a las demandas de
justicia de la sociedad argentina y en particular a las luchas de
los Organismos de Derechos Humanos. A partir de diciembre
de 2015 con el gobierno de Mauricio Macri, de corte neoliberal, las Políticas transmutaron a “negacionismo” oficial de
la historia (Salinas, 2016), como negación del terrorismo de
Estado, anulación o disminución de penas a los condenados,
absolución de los dueños de medios, en el contexto de una
comunicación pública subsumida a los paradigmas de una
cómplice industria hegemónica y concentrada