En la actualidad el derecho penal se ha reconocido como una rama del derecho público
interno que puede servir como solución a cualquier tipo de situación, esto en razón que
mediante la agresión que este representa a través sus penas, permite un control social
aparente. Observamos año tras año, como las políticas criminales de nuestro país suelen
crear mucho mas tipos penales, lo anterior permite inferir que esta solución va dirigida al
endurecer y fortalecer las sanciones; sin embargo, podemos pensar o suponer que el
problema real radica no solo está en la tipificación de nuevas conductas punibles, la
solución se ve también en el fortalecimiento de la ejecución del derecho penal; esto
entiéndase como el deber que tiene el Estado no solo crear normatividad prohibitiva, si no,
a su vez, contar con herramientas que permita desvirtuar el principio de inocencia de la
persona que puede verse involucrada dentro de un proceso judicial con todas sus garantías
legales, que tiene como norte el orden justo, principio y al mismo tiempo garantía
constitucional que debe ser evidenciado como finalidad de cualquier tipo de actuación, este
ya sea de carácter administrativo o judicial, toda vez, que la justicia dentro de su razón
filosófica cuenta con muchas definiciones, sin embargo a modo de conceptualizar, nos
remitiremos como la señalada por Rawls (1971) en su teoría de la justicia, en la que
podemos señalar que aquellos que “estando bajo este velo de ignorancia se le pediría a las
personas que eligieran las reglas que gobernarían la sociedad en la que ellos, luego de la
decisión, se verían forzados a vivir”(pág.25); en nuestro modelo de Estado, es preciso
señalar, que si bien, la justicia es un valor y principio constitucional, este no puede ser
llamado a ser un fin que se debe conseguir a todo costo, este debe respetar los principios y
garantías constitucionales que nuestro Estado ofrece y profesa, si bien, el ánimo de justicia
por parte de la ciudadanía es normal, lo bien cierto, es que no podemos hablar de justicia
violando las garantías que el mismo debo ofrecer, el presente documento, es el resultado de
un proyecto de investigación adelantado por el autor, que tiene como finalidad evidenciar
cuales son los limites y criterios que deben ser tenidos en cuenta, para que las pruebas que
son obtenidas en la órbita de la esfera privada de una persona, puedan ser admitidas y/o
permanecer dentro del proceso, circunstancias que le permite que la verdad se evidencie en
este proceso penal
